En las últimas semanas, el bloque del oficialismo en la Legislatura cordobesa presentó tres proyectos de reforma política.
Sábado 7 de abril de 2018 22:03
Los proyectos presentados intentan modificar tres aspectos bastantes sensibles para la organización de las próximas elecciones provinciales. Lo más llamativo es que se buscan cambiar reglas impuestas e impulsadas por el mismo Unión por Córdoba.
El primer proyecto presentado busca modificar la prohibición de las llamadas dobles candidaturas. Luego de la escandalosa y fraudulenta elección de 2007, se impidió que una persona pudiera optar a un cargo legislativo y ejecutivo en el mismo momento. La intención, para nada velada de esta reforma, es buscar una dispersión del votante de Cambiemos, alentando que se presenten candidatos del espacio “republicano” como el legislador García Elorrio o el intendente de Carlos Paz Esteban Avilés.
Luego presentaron otro proyecto que incluye la reforma del financiamiento de las campañas electorales. En ocasión de la elección de 2015, el peronismo avanzó en permitir mayores aportes privados para las campañas electorales. La excusa usada era que los partidos serían “mal vistos por usar plata oficial para campañas teniendo que afrontar los gastos causados por las inundaciones en Sierras Chicas”. Ahora vuelven atrás y buscan limitar los aportes privados, con la intención de limitar a Cambiemos y los generosos cheques de sus amigos empresarios, aumentando los aportes públicos.
Rara vara para un gobierno que se la pasa firmando pactos de responsabilidad fiscal con el gobierno nacional, que implican ajustes a los trabajadores estatales y el robo liso y llano a los jubilados.
La normativa propuesta mantiene un reparto discrecional de estos fondos públicos, teniendo en cuenta los votos logrados en la última elección. De este modo Unión por Córdoba se asegura la mayor cantidad de dineros públicos para su campaña.
La última modificación propuesta hasta el momento se refiere a la fecha límite para convocar a elecciones. Hace un año y medio, el oficialismo propuso poner como fecha límite para llamar a las elecciones el 1° de marzo del año electivo. Ahora, quieren anular esa ley (que nunca fue puesta en vigencia) para volver al parámetro anterior, que establecía que “la convocatoria a elecciones debe hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación al acto electoral”.
Todas estas idas y vueltas responden a un temor del justicialismo cordobés de perder la provincia que gobiernan desde 1999. Cambiemos viene realizando sus mejores elecciones en la provincia. A pesar de mostrarse como el gobernador más cercano a Macri, Schiaretti no logra ganar un ascendente sobre las clases medias más conservadoras de las ciudades, históricamente gorilas, que supieron darle en varias oportunidades el voto a Unión por Córdoba. También ven pérdida de apoyo en el interior de la provincia, entre los sectores más ligados al campo, ya que responsabilizan a las gestiones del justicialismo sobre las inundaciones de millones de hectáreas.
Estas maniobras, sumadas a las cada vez más evidentes internas entre los dos dirigentes históricos, denotan a simple vista una fuerte carga de nerviosismo entre las filas peronistas.
Por otro lado, Cambiemos parece tener acordada las principales cabezas de lista para el año que viene. Desde Buenos Aires se habría dado el visto bueno para que Ramón Mestre compita por la gobernación y Rodrigo de Loredo por la intendencia.
¿Por qué el PRO aceptaría que dos radicales encabecen las principales candidaturas? Por un lado, según reconocen los cambiemitas, De Loredo cuenta con una especie de “doble ciudadanía” por ser yerno de Oscar Aguad. Y, por otro lado, porque el triunfo de Mestre no está para nada asegurado.
Después de todo, estos meses son de tanteo previo para que, después de terminada la participación argentina en el mundial, se larguen y postulen las principales candidaturas más abiertamente.
