La creación del Ministerio de Seguridad Social ha sido una de las novedades que trae el recién formado gobierno de coalición PSOE-UP y también una de las primeras jugarretas de Pedro Sánchez a sus socios de gobierno.
Alejandro Bravo Madrid
Sábado 18 de enero de 2020
Con esta medida el PSOE se ha asegurado de seguir manejando las competencias en materia de pensiones, escindiéndolas del Ministerio de Trabajo en manos de Yolanda Díaz, una de las ministras que aporta Unidas Podemos.
Era bastante evidente que el PSOE no iba a renunciar al control de un aspecto tan delicado como es el de las prestaciones por jubilación. Esta decisión no se limita a la lucha dentro de la coalición por la autoría de las medidas “progresistas” –aunque sin duda Sánchez va a apuntarse el tanto del aumento del 0,9% de las pensiones– sino que responde a una problemática estructural del sistema de seguridad social que afecta a la propia solvencia del Estado español, responsabilidad que en ningún caso iba a cederse a los de Iglesias.
Actualmente el déficit de la Seguridad Social se sitúa alrededor del 1,5% del PIB, esto es casi 20.000 millones de euros, cuatro veces más de lo que el Gobierno espera recaudar este año. Un agujero que procede de la elevación de los gastos en prestaciones por desempleo tras el estallido de la crisis y la disminución de las cotizaciones debido a la caída generalizada de los salarios. A esto se suma el problema demográfico que supone el envejecimiento de la población, todas las previsiones apuntan a que la situación seguirá agravándose a medida que los babyboomers se vayan incorporando al cobro de pensiones.
Lleva tiempo planteada la no sostenibilidad del sistema y su quiebra a medio plazo. La solución neoliberal de los gobiernos del PPSOE ha sido la de recortar el sistema de pensiones, primero Zapatero con la reforma de 2011 que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años y amplió el período de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años. En 2013, Rajoy introducía el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, vinculando la revalorización de las prestaciones a los ingresos y gastos del sistema (sustituyendo al IPC) y a la esperanza de vida.
Estas medidas han generado una fuerte oposición. El movimiento pensionista ha resultado ser un importante foco de movilización contra los gobiernos de Rajoy y Sánchez. El peso político de este sector hizo que el PSOE se comprometiese a volver a vincular las pensiones al IPC, de hecho ha sido la primera medida del gobierno.
Sin embargo, el problema de la financiación de las prestaciones sigue presente y el gobierno tiene un ajuste pendiente que pasar al respecto, tal como exigen desde Bruselas. Entregar las pensiones a un tecnócrata como José Luís Escrivá, que viene de presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a propuesta de Rajoy y Montoro, no es casual. Así, en su toma de posesión, el nuevo ministro se comprometió a terminar con el déficit de la Seguridad Social.
La propuesta de Escrivá: profundizar la reforma de las pensiones de Zapatero
El informe de la AIReF “Opinión Sobre La Sostenibilidad Del Sistema De Seguridad Social”, publicado bajo la presidencia de Escrivá, detalla claramente las propuestas de reforma del sistema de pensiones que están en la cabeza del ministro.
El documento parte de reconocer el IRP como “una estrategia de contención del gasto no sostenible políticamente” para apostar por otra vía de recorte de las pensiones mediante la “profundización en las reformas paramétricas”, es decir, endurecer las condiciones de acceso al sistema, principalmente por la vía del cálculo de la base para las cotizaciones.
Para ello propone aumentar la edad real de jubilación hasta alcanzar los 67 años establecidos legalmente, atacando las jubilaciones anticipadas y otras excepcionalidades. Otra medida sería incrementar los años que se tienen en cuenta para el cómputo de la pensión desde los 25 hasta los 35 años, incluso se contempla la posibilidad de ampliarlo a toda la vida laboral. Ni que decir tiene que esta reforma supondría un enorme recorte para las futuras pensiones, mucho mayor si se tiene en cuenta el conjunto de la vida laboral.
El informe incluso propone “que se reorienten las prestaciones de incapacidad para aprovechar mejor la capacidad laboral de los individuos”, es decir, dificultar todavía más el acceso a la condición de incapacidad y obligar a personas con enfermedades limitantes a buscar otros empleos.
En definitiva, endurecer todavía más la reforma de las pensiones de 2011 que recortaba las prestaciones futuras, pero no tocaba las presentes, a diferencia de la reforma de Rajoy de 2013 que fue mucho más contestada socialmente. La idea de Escrivá pasaría por repetir esa estrategia de largo plazo, pudiendo incluso acceder a la reivindicación central de volver a vincular las prestaciones al IPC para desactivar las protestas actuales, esperando menor respuesta en un ataque dirigido a las pensiones del mañana.
Sin embargo, esta no deja de ser una presunción arriesgada cuando en Francia la clase trabajadora está mostrando una enorme determinación en su lucha contra la reforma jubilatoria de Macron, haciendo la huelga general más larga desde Mayo del 68.
Frente a los intentos de desmantelamiento del sistema de pensiones, los trabajadores franceses muestran el camino para defender el derecho a recibir una prestación tras toda una vida trabajando: una fuerte movilización social comprometida en la defensa de las pensiones de hoy y mañana, frente a los intentos de romper la solidaridad intergeneracional. En ese sentido no podría ser mejor noticia la próxima huelga general del 30 de enero en Navarra y el País Vasco que reclama "trabajo, vida y pensiones dignas", así como deplorable el boicot por parte de UGT y CCOO y las declaraciones de Unai Sordo llamando a esperar a ver qué hace el nuevo gobierno. Dinero para las pensiones hay si se deja de pagar la deuda con los organismos financieros, o si se impone impuestos progresivos a las grandes fortunas y a la banca, entre otras medidas.
