Tras el escandalo de los pasajes, Fernando Iglesias defendió los sobresueldos, Carrió habló de “viáticos” y aseguró que los diputados deberían cobrar más por antigüedad. Pichetto, su par en el Senado, pidió equiparar el salario al de un juez federal. Una casta alejada de la vida de los trabajadores que defiende rabiosamente sus privilegios.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Martes 3 de abril de 2018 09:01
“Yo volví a la mortadela, dejé el salmón y volví a la mortadela” aseguró sin ponerse colorada la diputada Elisa Carrió, durante la entrevista realizada en El Diario de Mariana. La “guardiana de la República” apelaba al ejemplo para argumentar que “la clase media está apretada” y que se “opone” al aumento de tarifas que lleva adelante su Gobierno.
Carrió encabeza el ranking de los diputados que abultaron sus ingresos con $355.000 de sobresueldo en 2017 por canje de pasajes. “La naturaleza jurídica de este gasto del Congreso es gasto de movilidad. Es eso: gastos de movilidad” dijo suelta de cuerpo y afirmó que ella recorre todo el país “en auto” para justificar el hecho de cobrar esa plata. “Yo pregunté si sobre estos gastos de movilidad se pagaban impuestos, me dijeron que no. Entonces esto quedó como viáticos. Para mi son viáticos para moverse. Es absolutamente legítimo”.
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“Hay que aclararle a toda la Argentina que los diputados nacionales somos los únicos que no cobramos antigüedad. ¡A mi me parece injusto que no cobremos antigüedad, me parece injusto que no nos paguen títulos, me parece injusto que no cobremos aguinaldo!” se entusiasmó más tarde y terminó despachándose: “Yo tendría que estar ganando 80% más por antigüedad”.
El otro “republicano” que rápidamente salió a defender sus privilegios fue Fernando Iglesias. “Después de años de populismo, buena parte de la población nacional no comprende la complejidad ni el valor de la tarea legislativa” dijo con la soberbia gorila que lo caracteriza.
Pero las justificaciones no quedaron sólo del lado del oficialismo. Miguel Ángel Pichetto sostuvo que es necesario elevar la dieta de los diputados y pidió “equipararla con el salario de un juez de Cámara Federal”, que hoy ronda los $180.000. “Aún descontando ganancias, sería un haber razonable”, aclaró.
En el mismo lodo
El cuestionamiento por los sobresueldos alcanza a los diputados de todas las fuerzas políticas, excepto a los del Frente de Izquierda. El PRO, el Frente para la Victoria, la UCR, el GEN, el Bloque Justicialista o el Frente Renovador: todas las fuerzas inscriben sus nombres en las abultadas cifras que sus diputados se llevaron como sobresueldos por pasajes.
En junio de 2017, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, había autorizado el pedido de aumento que realizaron los jefes de las bancadas del PRO, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri; de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez; del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde; del Peronismo para la Victoria, Leonardo Grosso, y de Juntos por Argentina, Franco Caviglia.
El aumento contemplaba pasar de $10.000 a $20.000 los gastos de representación mientras asignaba un 107,25% en el valor para el canje de boletos por dinero, pasando de $19.300 a $40.000. El salario bruto escalaba así a $137.616… ¡sin contar los pasajes! Para asegurarse sus privilegios, no existe grieta alguna.
Una casta desprestigiada y alejada de la vida de los trabajadores
Los diputados que perciben más de $130.000 de salario “básico” (sin contar adicionales de pasajes o plus por desarraigo) son los que en diciembre decidieron que una persona que pasó toda su vida trabajando debe jubilarse con una jubilación de hambre, que desde marzo apenas alcanza los $7660.
La impunidad y obscenidad que manejan es la misma que tienen a la hora de hablar sobre “presentismo” laboral mientras pasan meses sin pisar una sesión en el recinto. El ránking de faltazos en la cámara baja en 2017 también lo encabezó la diputada Elisa Carrió, ausentándose en 16 de los 74 debates parlamentarios. A cualquier trabajador que pelea por llegar a fin de mes, esa estadística le costaría un telegrama de despido, pero la diputada sí puede darse ese lujo.
Las condiciones de vida de la casta política distan mucho de la realidad de la mayoría de los sectores populares.
La feminización de la clase obrera es un hecho tan innegable como el aumento de la precarización laboral, ambos fenómenos estrechamente relacionados. En el marco del último paro internacional de mujeres, el 8 de marzo se sintió con fuerza el reclamo por las demandas de las mujeres trabajadoras, contra los despidos y por la igualdad salarial.
A su vez, Argentina es el país que registra el mayor nivel de desempleo juvenil de la región, con números que entre los varones de 14 a 29 llegan al 17,2% y entre las mujeres de la misma edad alcanzan al 20,1%. El Indec informó en junio del año pasado que el 53,3% de los desocupados tiene menos de 29 años, lo que equivale a 900.000 jóvenes sin empleo sobre 1.700.000 que se encuentran registrados en ese segmento.
La desocupación y precarización que viven en mayor medida las mujeres y la juventud choca con la expectativa de ascenso social, de un futuro mejor, al mismo tiempo que contrasta enormemente con el lujo y la ostentación de los políticos millonarios que justifican sus sobresueldos y aseguran que deberían cobrar casi el doble de lo que ganan actualmente.
Quizá sea esa bronca el motor del desprestigio de una institución que se percibe cada vez más alejada de la vida cotidiana de cualquier trabajador. Un estudio recientemente difundido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA estableció que el Poder Legislativo descendió diez puntos en su ponderación social en los últimos cinco años. Los datos arrojan que en 2013 el Legislativo aparecía como el más creíble de los tres poderes para la sociedad con un índice del 26,4%, mientras hoy se sitúa en un 16,3%.
Basta de privilegios
“Imaginate la bronca de un trabajador que cobra $13.000 en forma precaria” aseguró el diputado del PTS-FIT Nicolás del Caño frente al escándalo de los sobresueldos. Junto a Myriam Bregman presentaron en la cámara el proyecto para que el salario de los diputados sea equivalente al de un trabajador, pero la iniciativa no llegó ni siquiera a ser debatida.
La obscenidad de los sobresueldos puso sobre la mesa el debate acerca de los privilegios de la casta política que integran los diputados, pero también senadores, jueces, ministros y el propio presidente. ¿Por qué los funcionarios pueden cobrar hasta diez, quience o veinte veces más que una maestra de grado o un trabajador de la salud?
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Si “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”, como escribían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, a la luz de los hechos esa definición mantiene toda su vigencia más de un siglo y medio después. Los privilegios de la casta son inseparables de los intereses que esa misma representa y por eso mismo los defienden con uñas y dientes en nombre de “la compleja tarea legislativa”.
Este sistema político y social permite que un grupo minoritario viva como una casta privilegiada, alejada de las necesidades de la mayor parte de la sociedad, en favor de los capitalistas. Para luchar por terminar con todos los privilegios de la función pública y de quienes se enriquecen a costa de ella es necesario apuntar contra quienes los sostienen y les dan de comer, planteando una perspectiva anticapitalista que se proponga superar un régimen donde sólo unos pocos viven a costa de la inmensa mayoría.
