Recientemente, el gobierno de Rodrigo Chaves anunció un nuevo acuerdo preliminar de endeudamiento con el FMI para "desarrollar resiliencia al cambio climático”. ¿Qué tiene de real este discurso bajo el cuál se endeudará aún más al país?
Viernes 21 de octubre de 2022 23:57
Los gobiernos y empresas vinculadas al turismo se han dado la tarea de asegurar que el primer contenido que aparece cuando se habla de Costa Rica a nivel mundial sea el de un país verde y amigable con el ambiente, donde millones de turistas al año pueden disfrutar de paisajes montañosos extraordinarios y playas paradisíacas. Todo eso “comprimido” en una extensión de solamente 51.000 km cuadrados, en medio del istmo centroamericano.
La marca país “Esencial Costa Rica” según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) se basa, entre otros, en que “Somos una sociedad valiosa, que honra la naturaleza en su territorio (Protege, cuida y comparte) y que potencia el bienestar humano…”. Además establece que se trata, por supuesto, de una estrategia para la promoción y atracción “del turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa”.
Es cierto que el país cuenta con un marco legal que establece algunas medidas de protección ambiental: una serie de zonas protegidas y parques nacionales a lo largo del territorio, donde centenares de trabajadores y trabajadoras se encargan -con medios sumamente limitados- de proteger la vida silvestre frente a las diversas amenazas.
Sin embargo, las consecuencias de la política entreguista y explotadora de los recursos naturales en nombre del “desarrollo” están muy lejos del ideal "sostenible" que venden los gobiernos y empresarios, y dejan mucho que decir sobre los alcances de esa supuesta política ambiciosa de conservación viendo hacia el futuro, así como sobre las condiciones que enfrentan quienes habitan las regiones que promueve el gobierno como tal.
El ejemplo más reciente es el anuncio que hizo el Consejo de Gobierno este 19 de octubre sobre la eliminación de “trabas” -en realidad algunas protecciones y estudios de viabilidad- para fomentar la construcción de marinas y complejos para actividades como la pesca deportiva en las costas del país.
Acá vamos a desarrollar brevemente algunos casos que cuestionan ampliamente el discurso que el gobierno promueve para negociar nuevamente una deuda ilegítima que se cobra sobre las espaldas de la clase trabajadora y el pueblo pobre; así como algunas luchas que las comunidades han llevado adelante recientemente.
- Ambientalistas asesinados
Latinoamérica es una de las regiones del mundo que encabezan las cifras de asesinatos a defensores del ambiente y Costa Rica por supuesto no escapa a esa realidad y tiene una larga lista de asesinatos de activistas ecologistas y ambientalistas. El caso más reciente y que generó indignación en el país es el asesinato del joven Jairo Mora en 2013, que protegía a las tortugas baula en Limón. Luego de un proceso que fue anulado por deficiencias en la investigación -como la pérdida de pruebas por parte del OIJ- en 2016 fueron sentenciados 4 de los 7 imputados. Pero Jairo no es el único, según una investigación publicada en 2020 por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) desde los años 90 el país vive un “círculo de violencia y criminalización contra las personas activistas… en un marco de impunidad”.
En 1989 en circunstancias no esclarecidas murió Antonio Zúñiga, un indígena que luchó en contra de la cacería ilegal en Ujarrás; en 1994 Óscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Maradiaga miembros de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), murieron en Goicoechea luego de haber denunciado ante la prensa haber recibido amenazas y del incendio de una casa donde habitaban dos de ellos. En febrero de 2011, la conservacionista canadiense Kimberley Blackwell apareció asesinada a balazos en su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez luego de enfrentarse a cazadores ilegales.
- Erosión de Playa Moín
En la provincia caribeña de Limón; a raíz de la concesión del puerto de Moín a la transnacional holandesa APM Terminals. En 2018 en una entrevista para el medio Semanario Universidad el geólogo Allan Astorga, afirmó que “calcula que entre diciembre de 2015 y enero de 2018 ese litoral del Atlántico ha perdido unas cinco hectáreas en el área ubicada al sur de la construcción y justo adelante de la terminal de Moín.” Aunque los efectos del cambio climático son un claro factor que afecta en el avance de la erosión de las playas, la concesión aumentó considerablemente como muestra el crecimiento de aproximadamente 100 metros del otro lado de la playa; así lo aseguraron funcionarios del Centro Científico Tropical (CCT) en 2018.
De igual forma habitantes de las comunidades cercanas mostraban preocupación en medio de la construcción de la nueva terminal, la cuál se encuentra ya en funcionamiento, afectando además a las y los trabajadores de la empresa estatal JAPDEVA. Hay que recordar que en 2016 el gobierno de Luis Guillermo Solís impuso la firma de la concesión a punta de represión contra las movilizaciones organizadas por el sindicato Sintrajap.
- Contaminación del agua
A pesar de ser un país rico en vertientes naturales de agua, Costa Rica también es el país en el que comunidades como la de Bagaces en la provincia de Guanacaste se organizan para reclamar a las autoridades al darse cuenta de que estuvieron consumiendo agua contaminada con arsénico a causa de procesos de desecho dirigidos a tuberías, así como “al medio ambiente a través de procesos de transporte físico y químico”.
Así lo aseguró un estudio realizado por la toxicóloga Virginia Montero, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), con la colaboración de la Universidad Tecnológica de Texas; donde se encontraron muestras contaminadas con el peligroso químico en las tuberías públicas que abastecen hogares, establecimientos comerciales y centros educativos, entre otros.
Bagaces es un cantón -entre varios en la región- en el que existen un número elevado de casos de enfermedad renal crónica no tradicional, que afecta a menores de edad, trabajadores del sector agro y otros.
La concentración de arsénico en la región según un estudio del TEC y la CCSS alcanzó niveles de hasta 600 partes por millón (ppm) de arsénico; mientras que en el caso del cantón vecino Cañas es de 9 ppm (nueve partes por millón). Por su parte, autoridades del AyA (Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados) aseguran que el problema ya se encuentra resuelto.
- Uso de agrotóxicos en bananeras y piñeras
En 2019 había aproximadamente 43.013 hectáreas con cultivo de banano en el país, y para 2018 aproximadamente 57.327 hectáreas con cultivo de piña, según datos del Corbana y la Universidad de Costa Rica respectivamente. Los daños al ambiente, las fuentes de agua y los suelos en las comunidades cercanas a los complejos de explotación del banano y la piña son ampliamente conocidos.
Sin embargo, nos centramos en la denuncia que levanta un grupo de alrededor de 30 obreros bananeros de la zona de Siquirres, quiénes han sufrido graves afectaciones en la piel a causa del uso del agrotóxico Movento OD-15 en fincas La Perla y La Perlita, operadas por la transnacional Standard Fruit Company. Tanto las autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros y del Juzgado de Trabajo, han negado sus solicitudes de atención médica e indemnización.
Este caso demuestra que las actividades de explotación de la tierra y las personas llevadas adelante por las transnacionales tienen la complicidad de las instituciones de gobierno y judiciales para llevarse las ganancia del trabajo de miles de personas, y dejar los daños a la salud y la naturaleza.
- Negativa a firmar el Acuerdo de Escazú
El presidente Rodrigo Chaves, que hoy habla de sostenibilidad y combate al cambio climático para endeudar al país con el FMI, pocos días antes de asumir afirmaba a la hora de presentar su gabinete al momento que “El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno" pues según Chaves permitiría que “cualquier persona” ponga un freno para la reactivación económica y los proyectos de inversión privada.
Costa Rica fue sede en 2018 de la firma del Acuerdo, un elemento más que ha sido utilizado para promover esa imagen verde y sostenible del país, pero ni siquiera es capaz de ratificar su contenido pocos años después. El mismo define una serie de “compromisos” de los gobiernos de la región para con el medioambiente, e incluye medidas específicas para proteger los derechos humanos de los defensores del medio ambiente e impulsar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Si bien es un acuerdo de palabra, marca un rasgo que hemos visto ya en éstos meses de gestión: las ganancias privadas son prioridad frente a todo.
- Comercialización de especies en peligro
En agosto del presente año la UCR firmó una declaración en la que insta a las autoridades de gobierno a establecer un marco legal que prohíba la pesca y venta de especies marinas en peligro de extinción.
En Costa Rica el 56% de todas las especies de tiburones y rayas están en riesgo de extinción, según el Dr. Mario Espinoza Mendiola, experto en ecología espacial y conservación de tiburones y rayas del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Linmología (CIMAR). Diversas organizaciones han realizado peticiones y reclaman porque las prácticas donde se prioriza la comercialización se detengan, en defensa de la protección de los recursos naturales. Es falsa la premisa de que hay regiones donde no hay otra actividad económica posible, son las mega empresas las que terminan ganando.
El capitalismo destruye el planeta, ¡destruyamos el capitalismo!
Estos son solamente algunos ejemplos en Costa Rica ampliamente documentados que permiten desenmascarar las mentiras detrás del discurso “verde” de los gobiernos y organismos financieros vinculados a los intereses económicos del imperialismo. Como el FMI que sólo deja ajuste, pérdidas y pobreza por donde pasan, bien lo demuestran países como Haití, Ecuador o Argentina.
Frente a las grandes movilizaciones llamadas huelga por el clima que impactan a la juventud mundial, desde OSR y La Izquierda Diario señalamos, y sostenemos, que “Vivimos en un sistema que condena a gran parte de los seres humanos a vivir en condiciones de miseria. Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos al capitalismo”
Por un movimiento autoorganizado en el que las y los trabajadores en alianza con la juventud, pueblos originarios, las y los campesinos, construyan una fuerza capaz de superar los obstáculos impuestos por las burocracias sindicales y gobiernos capitalistas, que luche en contra del extractivismo, los megaproyectos y por justicia para defensoras y defensores de la naturaleza que son asesinados. Para eso hay que luchar por expropiar a las grandes corporaciones capitalistas que son las responsables de la destrucción del planeta y así poder avanzar en la pelea por una planificación socialista de la economía mundial.
Con el desarrollo tecnológico que alcanzamos, con el control democrático de todos los recursos económicos por parte de las y los trabajadores que hacen la sociedad funcionar, podríamos relacionarnos de forma armónica, racional y sostenible con la naturaleza.
