El lunes 25 de enero, a un joven colombiano de 20 años le explotó una mina antipersonal en el norte del país, cercenándole su pie izquierdo, debido a que intentó salir del país de manera ilegal, lo que nuevamente abre la discusión sobre la situación precaria de las personas inmigrantes y la existencia de aparatos explosivos instalados desde la Dictadura.
Martes 27 de enero de 2015
Hace dos días a un joven colombiano de 20 años, llamado Marco Armando Cabezas Caicedo, que quiso salir del país de manera ilegal, le explotó una mina antipersonal en la frontera de Chile y Perú, específicamente en la Quebrada de Escritos, lo que ocasionó que su pie izquierdo quedara destruido, por lo cual fue derivado al Hospital Dr. Juan Noé. Según información de algunos medios de comunicación, el muchacho buscó salir de manera ilegal debido al vencimiento de su visa de inmigrante. El ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, manifestó que el accidente “ya es investigado por el Ministerio Público”, así como “las circunstancias en las cuales se produjo”.
Este hecho abre dos debates principalmente. El primero tiene que ver con la precaria situación de vida que padecen las personas inmigrantes, quienes en gran medida viven en el norte del país; donde se deben enfrentar a discriminación, desempleo, trabajos inestables y en su mayoría sin contrato, previsiones ni beneficios, bajísimos sueldos. En general, afrontados a una dura vida llena de miseria, donde no existe seguridad económica ni social, ni en sus respectivos países, ni tampoco aquí en Chile.
Pero, no es sólo esto, también está presente la dura política represiva y criminalizadora hacia los inmigrantes, quienes en su mayoría están de manera ilegal en el país, y los que lograron obtener sus documentos legales, lo hicieron después de años de insistencia y espera, aguantando malos tratos en los trabajos y diferencias abrumadoras en los salarios. Quizás por esta razón es que el joven Marco Cabezas decidió salir del país a las 03:00 hrs., por un paso fronterizo desconocido, y con el peligro que significa ser atrapado, saliendo de un país de manera ilegal, lo cual no es menor.
Por otra parte, el incidente de la mina antipersonal abre nuevamente el debate sobre la brutalidad que significa el hecho de que aún sigan existiendo estos aparatos explosivos, instalados desde la Dictadura de Pinochet, periodo en que se instauró una fuerte militarización, sobre todo en zonas fronterizas del país, justificada en las “disputas limítrofes” que tenía Chile con Perú, Bolivia y Argentina. Pinochet durante su dictadura, compró minas antipersonales a Estados Unidos y Bélgica, y en pocos años instaló más de 180.000 explosivos a lo largo de las fronteras, lo que hasta el día de hoy sigue generando gravísimos accidentes, sobre todo a personas inmigrantes.
Los gobiernos de la Concertación, luego de la derecha y actualmente Nueva Mayoría no han hecho nada al respecto, ni tampoco han impulsado una iniciativa que de una vez por todas, saque los miles de explosivos que siguen poniendo en riesgo la vida de personas y animales. En el año 2012, cuando se realizaban arreglos en la ruta CH-21, que une Calama con el sector de Ascotán, el topógrafo Luís Vera perdió casi todos los dedos de sus manos cuando se detonó un artefacto explosivo. Otro elemento importante es que con el mal tiempo y las lluvias, muchas de estas minas antipersonales cambian de lugar, poniendo en riesgo la vida de las comunidades que habitan cerca de los campos minados.
En octubre de 2013, un joven de 21 años, también colombiano, perdió su pie debido a la explosión de una mina antipersonal en la frontera de Chile y Perú, lo que en su momento también puso en el debate los pocos avances en el proceso de desminado en el norte y sur del país, así como la falta de reparación a las víctimas y la discusión sobre un tema que acumula cientos de estos casos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Desminado ha informado que “las zonas minadas en Chile están ubicadas principalmente en áreas fronterizas, que son de difícil acceso, despobladas y alejadas de centros habitados, lugares donde tampoco existe tránsito regular de civiles”, algo que no se condice con los cientos de accidentes provocados por estos artefactos, desde la Dictadura Cívico-Militar hasta nuestros días. De hecho, la instalación de estas minas antipersonales no se hizo sólo en el norte del país, sino que en diferentes regiones como en Arica y Parinacota (en General Lagos y Putre); región de Tarapacá, (comunas de Colchane y Pica); región de Antofagasta (en Ollagüe, Calama, San Pedro de Atacama y Antofagasta); región de Magallanes y Antártica Chilena (comunas de Porvenir, Primavera, San Gregorio y Cabo de Hornos).
En la actualidad existe un proyecto de ley que desde hace años está en tramitación en el Congreso, el que busca “proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos militares”. Según la Comisión Nacional de Desminado, entre la década del 70’ hasta el 2014, 140 personas han fallecido o sufrido lesiones y heridas corporales como consecuencia de la explosión de minas terrestres o de explosivos militares sin detonar.
