Durante la primera ola de la pandemia el Gobierno “denegó el deber de socorro” a través de los “protocolos de la vergüenza”. Los expertos de la comisión ciudadana por la verdad, tras meses de investigación acerca de la muerte de 7.291 residentes, apuntan como principal culpable a las decisiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Viernes 15 de marzo
En Madrid murió el doble de personas que en resto de comunidades autónomas. Los investigadores señalan que las causas son claras: la existencia de criterios discriminatorios que impedían el traslado de las residencias, donde las personas mayores y con diversidad funcional fueron abandonadas a su suerte.
En la investigación se han realizado más de 25 entrevistas a trabajadores del sector y responsables políticos, que explicaron los ocurrido en las jornadas organizadas por familiares de fallecidos y expertos. Entre los entrevistados se encuentran incluso algunos de los responsables que dimitieron meses después, como Alberto Reyero, el exconsejero de Políticas Sociales.
La investigación, impulsada por los propios familiares y expertos, tiene el objetivo de esclarecer los hechos ante el ocultamiento y la censura de la que la Comunidad de Madrid ha envuelto toda su gestión durante la Covid. No es casualidad, ya que en los dos primeros meses de la pandemia murieron 9.468 personas, el doble que en otras comunidades. La comisión denuncia una “vulneración del derecho a la verdad”.
Las directrices eran claras, como señala el magistrado emérito del Tribunal Supremo Jose Antonio Martín Pallín, impedir los traslados de las personas enfermas de las residencias a los centros hospitalarios en todos aquellos casos en que dichas personas carecieran de seguro privado o que sufrieran algún deterioro cognitivo o discapacidad. El 21,5% de los que vivían en residencias fallecieron, es decir, uno de cada cinco residentes.
La comisión recalca que los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes ya en el momento en que estalla la pandemia, y que, incluso la propia respuesta del Gobierno de la Comunidad fue insuficiente una vez se declaró la alerta, ya que “no se activó la vigilancia epidemiológica” y “las residencias no contaron con medios materiales y humanos adecuados”.
Por ejemplo, el cacareadísimo hospital provisional en IFEMA, que funcionó entre el 22 de marzo y el 23 de abril, con 1300 camas y 3000 profesionales, solo acogió a 23 pacientes leves de las residencias madrileñas. En el mismo periodo más de 5000 no recibieron ningún tipo de atención médica. Todo ello a espaldas de los familiares, para los que la Comunidad de Madrid no facilitó la comunicación y debida información sobre el estado real de sus familiares enfermos.
La Comunidad de Madrid hizo todo lo posible por impedir la medicalización de las residencias, y no se emplearon ninguno de “los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria”. Los expertos de la comisión destacan “el sufrimiento y horror evitable” que sufrieron estas personas, que terminaron muriendo ahogados y asfixiados.
La comisión concluye de forma lapidaria que las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid fueron “decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo” y que, además, “ignoraban la evidencia sanitaria”.
El Gobierno de Ayuso de la Comunidad de Madrid debería haber puesto a disposición de los cuidados médicos de la mayoría de la población todos los recursos existentes en la sanidad privada, interviniendo directamente todos los medios materiales y humanos de la sanidad privada en coordinación y bajo supervisión de la sanidad pública. Algo que obviamente no hizo, mientras los recursos sanitarios privados no alcanzaban el grado de saturación de la pública en esos momentos de colapso sanitario.
Transcurridos varios años desde el inicio de la pandemia, casi todas las comisiones de investigación pedidas en los parlamentos regionales han sido bloqueadas por los partidos, de cualquier signo político, que gobiernan. Y, la justicia avanza con una lentitud paquidérmica y viene dejando mayormente una auténtica riada de sobreseimientos. En concreto, la Fiscalía ya ha archivado hasta finales de septiembre 411 de las 517 investigaciones penales que había iniciado, es decir, el 80% de los procesos ha sido sobreseídos.
