Estado Español. Las previsiones de la OCDE: más paro y precarización laboral

Estos datos, junto con el enorme agujero en las cuentas públicas, barruntan un escenario apocalíptico para la clase trabajadora del Estado español a medio plazo. Solo a través de la lucha de clases se podrá lograr que la crisis la paguen los capitalistas y combatir el paro, la precariedad y la pobreza.

Las consecuencias enormemente dañinas sobre el empleo causadas por el tsunami económico depresivo del Covid-19, en un contexto previo de ralentización económica, no ha mostrado aún su rostro más desolador y amargo en el Estado español. El entramado de los ERTE lo ha ocultado. Más de 3,5 millones de trabajadores con ERTE no han llegado a engrosar las estadísticas del paro, pese a encontrarse sin trabajo, con sus remuneraciones muy disminuidas y costeadas por la Administración, aunque sujetos a la disponibilidad flexible de los empresarios en el momento en que éstos precisen su incorporación al trabajo y sin costarles apenas nada.

Ahora, pese a una relativa recuperación de la actividad económica gracias al inicio de la actividad en muchos sectores que se pararon en seco, se mantiene todavía una elevada proporción de trabajadores sujetos a los ERTE, en una cuantía de algo más de 2 millones de los más de 3,5 millones iniciales.

El aumento del paro se logró contener, tras la avalancha de despidos directos que se produjeron en el mes de marzo y que llegó a alcanzar el millón de trabajadores. Esto ha hecho que según datos del mes de mayo solo se alcanzara un 14,5% de tasa de desempleo, apenas algo más de medio punto de paro -ya que partíamos de una tasa del 13,9%- sobre el existente antes de la pandemia. Sin embargo, si tuviéramos en cuenta que muchos de los trabajadores sujetos al ERTE, con mucha probabilidad cientos de miles, acabarán engrosando las listas del paro, se hubiera alcanzado fácilmente los 5 millones de parados y se superaría con mucho el 20% de paro.

El propio Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, en la previsión para el plan presupuestario allá por el mes de mayo estimaba un desempleo a finales de 2020 del 19% y una caída de la economía del 9,2%. Pero la totalidad de las previsiones realizadas por los expertos y por los organismos de análisis han ido empeorando esas cifras.

De hecho, un sector clave en la economía española como el turismo que encara el momento clave de su actividad en verano tiene actualmente 1,2 millones menos de empleos que hace un año, según datos de un estudio de la consultora Exceltur, basados en datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ello supone una diferencia sobre los números habituales de empleados en estas fechas, nada menos que del 56,1%. Puesto que hubo más de 2,1 millones de puestos de trabajo activos a finales de junio del año pasado frente a los 1,2 millones actualmente de alta. La diferencia de personas empleadas se encuentra en los ERTE que el sector mantiene activos y por la contratación extra que no se ha producido este año. En concreto, los 1,2 millones perdidos corresponden a los 840.000 afectados todavía por los ERTE en el sector, más otros 350.000 que se habían contratado de más a estas alturas del año para atender la temporada turística del verano el año pasado.

Las previsiones del estudio de la OCDE implican que la tasa de paro en el Estado español supere en el mejor de los casos el 20% a finales de 2020. Y siempre que no se produzca ningún rebrote importante de la pandemia, algo que a partir del otoño resultaría bastante previsible. Sobre todo, si tenemos en cuenta que teniendo condiciones óptimas para evitar los contagios, como las que se producen en verano, se está dando un auténtico reguero de focos de rebrote por el conjunto de la geografía. Y algunos de ellos de cierta entidad como el de Lleida y el de la comarca lucense de A Mariña.

De hecho, la OCDE prevé en su estudio que con una cierta recaída en los contagios a consecuencia de los rebrotes que se incrementarán tras el verano, es más que probable que la tasa de paro pueda acercarse al 27% entre 2020 y 2021. Para ciertas regiones en las que el turismo supone una gran parte de su PIB, casos como los de Canarias, Baleares o Andalucía, en los que el sector turístico emplea al 25% de la población activa de manera directa, la OCDE llega a estimar que la tasa de desempleo pueda alcanzar el 40% de la población activa. Lo que implica que el impacto de la crisis por la pandemia del Covid-19 suponga una recuperación, si se produjera, más lenta y muy desigual para el conjunto del Estado español y machacando mucho más a los sectores sociales más vulnerables y precarizados.

Respecto del PIB y frente a las previsiones mencionadas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que siempre han ubicado la caída por debajo del 10%, el Banco de España la situaba recientemente en el 14%, u otros organismos internacionales que también la ubican entre el 10% y el 15%, la OCDE señala que la economía podría caer hasta un 14,4% en 2020. Lastrada por las debilidades que aquejan a la economía española, algo en lo que coinciden todos los analistas, consecuencia de la enorme bolsa de precariedad del mercado laboral, la enorme dependencia del sector turístico y la hostelería y la debilidad del tejido empresarial, con un 99% de las empresas que son PYMES.

Además, por el tipo de trabajo que desarrollan mayoritariamente las y los trabajadores en los servicios turísticos, la hostelería o la construcción, que son actividades que no se pueden realizar por teletrabajo. Lo que implica, según el estudio de la OCDE, que hasta un 56% de ellos están en “puestos de riesgo” por Covid-19, en el Estado español. Frente a esto, en Luxemburgo, por ejemplo, solo estarían en ese riesgo un 39% de las y los trabajadores. La media, según la OCDE, entre los 24 países que la componen señala que el 52% de la fuerza laboral está empleada en trabajos que son relativamente seguros para la salud. De ellos el 31% pueden trabajar desde casa y el 21% apenas tiene contacto físico.

Todos estos motivos estructurales llevan a que todos los organismos internacionales se muestran de acuerdo en que la economía española sufrirá la mayor contracción entre los países desarrollados, sobre todo si se produce un rebrote del Covid-19.

Los ERTE: precariedad y flexibilidad para garantizar los beneficios empresariales. Socializar pérdidas y privatizar beneficios.

Los ERTE levantados por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de la patronal y los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, han supuesto para las empresas disponer de barra libre de financiación estatal mientras se mantiene una mano de obra precarizada, dada la absoluta flexibilidad que la aplicación de los ERTE implica en salarios, jornadas, horarios, etc. Además, la vuelta del ERTE, ante el miedo al paro para las y los trabajadores, supone en muchos casos tener que soportar cualquier recorte unilateral en derechos por parte del empresario.

Todo ello contando con la complacencia de las cúpulas sindicales burocratizadas de CCOO y UGT que para nada se plantean luchar y hacer frente a los recortes y la precarización de las y los trabajadores en estas circunstancias. Como han demostrado al formar un frente unido con la patronal para convencer al Gobierno y extender los ERTE hasta septiembre, incluso posiblemente hasta diciembre, sin garantizar los derechos de las y los trabajadores. Ni exigir, siquiera, contrapartidas a los grandes empresarios del IBEX35, por los miles de millones de euros de beneficios obtenidos antes del Covid-19, y algunas empresas también durante la propia pandemia como se puede ver con el incremento de las grandes fortunas experimentado durante los meses más duros del confinamiento.

Porque los ERTE van a provocar un enorme agujero para el erario público de más de 30.000 millones de euros entre prestaciones y exenciones en las cotizaciones incluyendo la prestación a los autónomos, solo si se prolongan hasta septiembre. Si lo hicieran hasta diciembre, la factura superaría los 40.000 millones de euros. Agujero que una vez pasada la primera fase de la crisis va a taparse a base de recortes y más precarización y miseria sobre la clase trabajadora y las clases populares. Tan solo la factura de la Seguridad Social alcanzará los 11.000 millones de euros entre marzo y septiembre, según señaló el ministro José Luis Escrivá a finales de junio.

Ante los más que seguros ataques a los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora y las clases populares que se avecinan, sobre todo a partir del año 2021, ya anunciados por el Banco de España, hay que levantar una alternativa anticapitalista de clase y revolucionaria que unifique e impulse las luchas que la clase trabajadora. Una perspectiva que busque superar los límites y las desviaciones de las burocracias sindicales de CCOO y UGT y las limitaciones de la “izquierda sindical”, basada en la movilización en las calles, la autoorganización y la lucha directa, la defensa de un programa de emergencia social y una estrategia encaminada a que la crisis la paguen los capitalistas, en perspectiva hacia la formación de un gobierno de los trabajadores.