El caso de Roberto Campos es uno de los más emblemáticos de la revuelta. Fue uno de los primeros presos políticos. Pese a las promesas del nuevo gobierno, el profesor sigue arriesgando una pena de cárcel de 8 años. Metro de Santiago, empresa estatal, no ha retirado la querella en su contra. La defensa de Campos apunta sus dardos al gobierno.
Miércoles 25 de mayo de 2022
Roberto Campos participó en una de las evasiones masivas que dieron origen a la revuelta popular. Junto con cientos de personas se manifestó en la estación San Joaquín. Luego de esto fue detenido. El gobierno de Piñera invocó la maldita Ley de Seguridad Interior del Estado, por lo cual estuvo 53 días bajo prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad.
Resulta difícil de creer, pero Roberto Campos sigue bajo arresto domiciliario nocturno. El próximo martes 31 se realizará la audiencia de preparación de juicio oral y la Fiscalía Sur sigue pidiendo 8 años de cárcel. En la acusación “se solicita la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por infringir la Ley de seguridad del Estado y 3 años de presidio menor en su grado medio más una multa de 11 UTM por el delito de daños agravados. Además, se pide la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena”. ¡Todo por participar como cualquiera de nosotros en las manifestaciones y evasiones!
La defensa del profesor apunta sus dardos al gobierno. Si bien el Ministerio del Interior retiró la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, la empresa Metro no ha hecho lo mismo. El abogado defensor Mario Araya, aseguró en La Tercera que “nos llama la atención que el gobierno no se haya coordinado con Metro en esto, pues de mantenerse esta situación, el retiro de la querella de Interior no tendría efecto alguno”.
Esto resulta fundamental, puesto que si no se desestima el cargo por Ley de Seguridad Interior del Estado, entonces Roberto Campos arriesga penas de cárcel.
La situación es un ejemplo concreto y emblemático de cómo los anuncios del gobierno están lejos de asegurar la libertad de las y los presos de la revuelta. Sin embargo, cuando se trata de impulsar la militarización de La Araucanía, mantener al General Director de Carabineros Ricardo Yáñez en su cargo y fortalecer dicha institución, ahí la respuesta es rápida y efectiva.
