Pedro Sánchez hace suyas tres grandes demandas del llamado “trifachito”. Obligar a que en las escuelas catalanas se estudien valores constitucionalistas, recuperar el control de TV3 y el delito de referéndum ilegal.
Lunes 4 de noviembre de 2019
El debate entre los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno del PSOE, PP, Unidas Podemos, Cs y Vox ha arrancado con la cuestión catalana. Que las tres derechas sostienen su carrera por ver quien hace la propuesta más ultras no es ninguna novedad. Sus intervenciones se han dirigido al presidente en funciones para cuestionarle no haber llevado aún más allá la escalada represiva.
Casado ha exigido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y el requerimiento previo a un nuevo 155, Rivera y Abascal haciéndole los coros y en una alianza en sus críticas al bipartidismo por las “concesiones” históricas a la autonomía catalana. El líder de Vox ha añadido sus propuestas más autoritarias como la ilegalización de los partidos independentistas o la detención de Torra.
El llamado “trifachito” puede espantar en Catalunya, pero... ¿cual es la alternativa del “mal menor” de Pedro Sánchez? El candidato del PSOE ha sido claro, asume lo central de su agenda y de los “tópicos” del españolista más reaccionario. Las tres propuestas para resolver el conflicto catalán han sido una ley nacional que obligue a estudiar en las escuelas catalanas los “valores constitucionales”, una ley audiovisual para recuperar TV3 y volver a incluir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Si a esto le sumamos su decisión de hacer cumplir íntegramente la sentencia, vemos que las propuestas del posible “gobierno progresista” no se separan en lo fundamental de un hipotético gobierno de las tres derechas.
Por su parte Pablo Iglesias ha defendido la necesidad de una salida negociada al conflicto. Palabras que, como pasó después de abril, quedarán de nuevo en agua de borrajas. Iglesias dejó claro en las negociaciones de gobierno que asumiría el liderazgo del PSOE en caso de tener que volverse a aplicar un nuevo 155 y, más recientemente, lo hemos visto llamando a acatar la sentencia y defender. En este debate ha vuelto a dejar claro que más allá de lo que diga, renuncia a tener “líneas rojas” en este tema.
Recordemos que el Partido Popular propuso recuperar este delito julio del año pasado, apenas Pablo Casado tomó las riendas del partido, registrando una proposición de ley para reintroducir en el Código Penal los delitos de sedición "impropia" y de convocatoria de referéndum ilegal. El pasado febrero el pleno del Congreso rechazó por mayoría absoluta la proposición del PP.
Si en un tema queda claro que hay unidad de propósito entre todos los partidos del régimen, y que dicha unidad es también aceptada en los hechos por Unidas Podemos, este es el nuevo consenso reaccionario definido por el discurso del 3 de octubre de Felipe VI: acabar por la vía represiva con el independentismo catalán.
Que el procesisme, sobre todo ERC pero también JxCat si sus votos son necesarios, consideren que tras el 10N habrá que sentarse a negociar con el “mal menor” del PSOE, no es más que una constatación de que aceptan el nuevo marco de recentralización y autoritarismo. La labor del Gover desde el 14-O, estando a la cabeza de la represión de las protestas junto a Marlaska, es parte de esto.
El único partido que plantea abiertamente que es necesario oponerse tanto a la derecha como a los social-liberales del PSOE, es hoy por hoy la CUP. Unidas Podemos ya ha convertido en su principal bandera el ser ministros de Pedro Sánchez, y por lo tanto del gobierno que seguirá con la mano dura contra Catalunya y gobernando para el IBEX35.
Por eso desde la CRT venimos planteando que este 10N el único voto contra el régimen, la represión y contra todo intento de cierre por arriba a la crisis del régimen es un voto a la CUP en Catalunya y un voto nulo en solidaridad con el pueblo catalán en el resto del Estado.
