Cámara de Diputados. Provincia de Buenos Aires: propuestas legislativas del FIT ante la crisis social y sanitaria

Luego de cuatro meses sin sesiones, en medio de la pandemia del coronavirus y de la crisis social y económica más importante de los últimos años, finalmente sesionó el pasado jueves la Cámara de Diputados bonaerense. Después de la jura de nuevos legisladores, el debate en el recinto se orientó hacia el objetivo de ratificar una serie de decretos de Axel Kicillof; discutir la emergencia en geriátricos y en materia de violencia de género; y declarar el apoyo a la negociación con los bonistas.

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Prácticamente ausente del debate quedó la realidad de la provincia de Buenos Aires, territorio que tiene mayor cantidad de contagios junto con CABA, mayor riesgo futuro producto de altísimos índices de pobreza, de hacinamiento, precariedad y problemas en la provisión de servicios básicos como el agua potable. Como señalamos en esta nota, el gobernador Kicillof viene dando respuestas a las presiones de los sectores empresarios, que están operando para salir ya de la cuarentena, sin garantizar medidas sanitarias básicas y atacando las condiciones de vida de miles de trabajadores.

“La puesta en marcha de la Legislatura, 55 días después de que se disponga el aislamiento, lamentablemente tiene el objetivo de refrendar el gobierno por decreto del ejecutivo y legitimar un nuevo endeudamiento, que se sumará a la ya odiosa deuda que dejaron Scioli y Vidal. Todo esto por no tocarle un solo peso a los grandes empresarios, bancos y terratenientes”, disparó el diputado Claudio Dellecarbonara del FIT, luego de asumir la banca de la Izquierda. Y agregó, “Estos son los principales problemas que acá se tienen que discutir, los que sufren hoy millones y millones de bonaerenses, en una provincia que concentra el 55% de los pobres del país. Desde el Frente de Izquierda asumimos esta banca con ese compromiso, para defender la agenda de los trabajadores y para ponerla al servicio de sus luchas”.

Una banca al servicio de los trabajadores: proyectos para enfrentar la crisis

El diputado del Frente de Izquierda lleva presentadas una decena de propuestas legislativas, que pretenden dar respuesta a la crisis sanitaria y social que atraviesa la provincia, los ataques hacia los trabajadores y una denuncia clara sobre el aumento de la represión durante la cuarentena.

Respecto de la crisis laboral, donde las patronales están aprovechando la pandemia para despedir, suspender o recortar salarios, estando incluso en vigencia el decreto presidencial que los prohibiría, el diputado del FIT presentó la prohibición de despidos y suspensiones, junto a un salario de emergencia para los miles de trabajadores precarios que están sin ingresos.

Entre sus fundamentos Dellecarbonara plantea, "son miles las y los trabajadores que están recibiendo telegramas de cese. La cuarentena obligatoria llevó al cierre de miles de comercios, empresas y oficinas y los patrones lo primero que hacen es despedir. Si no se toman medidas de emergencia como las que plantea este proyecto, la tasa de desocupación se va disparar aún más en los próximos meses". Vale recordar que según el informe del INDEC respecto al cuarto trimestre del 2019, sólo en el Gran Buenos Aires la desocupación alcanzaba el 10.8% de la población, mientras un 18.7% de los trabajadores ocupados eran demandantes de empleo y un 13.1% seencontraba subocupado.

"La prohibición de despidos y suspensiones con afectación salarial se impone, porque las patronales aprovechan las crisis no sólo para echar sino también para suspender a sus empleados pero pagándoles el 50% o el 75% de sus salarios habituales. Son muchos los que plantean que la Argentina no cuenta con recursos suficientes para afrontar esta crisis, pero sin embargo defienden que solamente entre enero, febrero y lo que va de marzo, se destinaron 5.000 millones de dólares para el pago de la deuda pública, una cifra enormemente superior a todo lo que se está destinando para esta crisis. Y en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof pagó solo en enero U$S 250 millones a los fondos buitres que "se le plantaron", reafirmó el diputado Dellecarbonara.

Respecto de los millones de trabajadores no registrados que se quedaron sin ingresos, Dellecarbonara presentó la iniciativa del salario de cuarentena, sosteniendo que “el gobierno nacional decretó un Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, un subsidio que no alcanza para las miles de familias bonaerenses que no llegan a fin de mes. Por ello, junto con la prohibición de los despidos, planteamos este salario de cuarentena que debería garantizar los ingresos básicos de un grupo familiar, para paliar la emergencia y ante la imposibilidad de buscar el sustento diario”.

Ante el aumento de la represión: interpelación a Berni y otras medidas

“Frente a la represión en el frigorífico Penta de Quilmes, que dejó a las claras la respuesta del gobierno frente a los trabajadores que solicitaban el pago de su sueldo, se presentó el pedido de interpelación a Sergio Berni para que informe quién solicitó la represión; quién la ordenó; cómo justifica la presencia de la policía dentro de la fábrica y de barrabravas, en el marco que se trató de un operativo con más de 300 efectivos que desataron una represión inusitada contra los 250 trabajadores de la industria frigorífica de la carne que quedaron en la calle cuando la empresa, incumpliendo la conciliación obligatoria dictada, incurrió en un “lock out” (cierre) ofensivo”, describió el diputado de la Izquierda. Recordamos que, mientras Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, salió a repudiar la represión en un intento increíble de deslindar responsabilidades políticas sobre la misma, el ministro de seguridad Sergio Berni, defendió el rol de defensa de la propiedad privada que los trabajadores -según el ministro- habrían violado lo cual justifico la represión de la policía. Toda una confesión de su rol.

Desde la banca del Frente de Izquierda, se presentó también un proyecto para que la legislatura se pronuncie contra el enorme incremento de la represión policial durante la cuarentena, que plantea que desde el inicio del aislamiento (hasta la presentación del proyecto) las fuerzas federales controlaron a 1.393.914 personas, de las cuales, 32.631 fueron detenidas o infraccionadas, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Más de 32.600 personas fueron detenidas, demoradas o notificadas por “no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Además, hubo 1.025.376 controles a vehículos y 2.619 secuestrados. En la mayoría de los casos, las víctimas son personas que circulaban por necesidades impostergables que constituyen excepciones válidas, o por situaciones materiales que les impiden permanecer puertas adentro. En los barrios populares, salir para buscar mercadería básica es motivo de intercepción, que, en muchas ocasiones, se complementan con la detención, y se acompañan con todo tipo de vejaciones.

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Centralización del sistema de salud. Interpelación al ministro frente al aumento de los contagios de los trabajadores y medidas de protección

Frente a la crisis sanitaria, el diputado Claudio Dellecarbonara afirma “presentamos un proyecto de Ley de centralización de todo el sistema de salud de la provincia”, y aclara “esta pandemia no ha diferenciado en su violento contagio a países centrales, ricos, como Estados Unidos que hoy lidera el triste record de pacientes fallecidos, ni a países pobres como Ecuador. El proceso de desinversión en salud pública de los Estados, se paga con vidas humanas ante la incapacidad de brindar asistencia a miles de contagiados por el virus. La medida de centralización del sistema de salud que dispone esta Ley, parte de definir la salud como un derecho, y no como una mercancía, y el acceso a una atención de calidad y universal como prioritario. Parte de señalar también, que la ganancia de los empresarios del sector, atenta contra la salud de la población que no puede acceder a la misma. Lo que estamos planteando en esta Ley es una medida básica, de emergencia, que declara de utilidad pública todos los recursos sanitarios para afrontar esta pandemia. Si consideramos que las vidas están por delante de la ganancia capitalista, la totalidad de los recursos sanitarios disponibles en la provincia y el país deben ponerse al servicio de responder a la pandemia”.

Asimismo, la banca del Frente de Izquierda realizó un pedido de informes al Ministro de Salud, Daniel Gollan, en virtud del enorme incremento de contagio entre los profesionales de la salud, cuyo porcentaje es uno de los más altos del mundo.

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Universalización del Servicio Alimentario Escolar

La crisis social que atraviesa la provincia se traduce en el aumento del hambre y de las personas que dependen de los comedores escolares para poder alimentarse. Frente a la provisión insuficiente, y de baja calidad nutricional, de alimentos a los comedores por parte del gobierno, el diputado del FIT presentó un proyecto para que el Servicio Alimentario escolar se otorgue de manera universal a todos los inscriptos en el sistema escolar que lo requieran, generalizando los cupos, duplicando los montos y cumpliendo con los requerimiento nutricionales por edad.

Entre sus fundamentos, Dellecarbonara, quien también es firmante de un amparo presentado junto al CeProDH, plantea que a fines del 2019, en su informe semestral, el INDEC informaba que en la Provincia de Buenos Aires el 40 % de sus habitantes eran pobres y el 11 % indigentes, es decir que no llegaban a cubrir las necesidades básicas de vivienda, alimentación y salud. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicó recientemente el Informe de Pobreza Multidimensional, donde indica que el 9.3% de los hogares sufrieron Inseguridad Alimentaria severa, es decir que tuvieron que reducir de manera involuntaria la porción de comida y percibieron de manera frecuente experiencias de hambre de algún componente del hogar por problemas económicos durante los 12 meses de 2019. Agrega también que el 23.6% de los hogares sufría Inseguridad Alimentaria Total (severa y moderada).

Tomando también informes de la UCA del año 2018 y 2019, el 63,2% de los niños de 0 a 17 años era pobre y el 15,4% indigente; la inseguridad alimentaria llegaba al 36.1% en ese rango de edad y el 44.8% recurría a asistencia alimentaria directa (comedor escolar, barrial, etc). “Casi la mitad de nuestros niños y adolescentes requerían del estado para poder alimentarse en una provincia productora de alimentos. El gobernador anunció el aumento del presupuesto destinado a la SAE, quedando más de la mitad de los niños sin poder acceder y de los que sí reciben la SAE, el monto es de 50 pesos por niño por día, ¿Quién puede alimentarse con eso?”, reflexionó finalmente el diputado Claudio Dellecarbonara.

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