López Obrador cierra su sexenio con un paquete de reformas constitucionales que, aun cuando es poco probable que se aprueben, recrean las expectativas en la Cuarta Transformación y acorralan a la alianza electoral del PRI, PAN y PRD. Las ilusiones que refuerzan son uno de los pilares de la hegemonía del Morena en la política mexicana.

Se trata de un arco variopinto que tiene la ambición de extender el proyecto de nación del Morena en un periodo transexenal, presentado a cinco meses del proceso electoral donde se renuevan la presidencia, el congreso federal, ocho gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y la jefatura de gobierno de Ciudad de México.

Desde la reforma al poder judicial y la reforma electoral, las más resistidas por la derecha, el reconocimiento de las personas indígenas somo sujetos de derecho, garantizar atención médica gratuita, acceso a la vivienda, prohibir el maltrato de animales, el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos vía fracking, respetar zonas con escasez de agua, prohibir el comercio de vapeadores y de fentanilo, respetar zonas con escasez de agua, aumento al salario mínimo arriba de la inflación, salario mínimo a profesores, soldados, marinos, policías y médicos, un año de salarios a los beneficiarios de Jóvenes construyendo el futuro, pagos a jornaleros, precios de garantía y fertilizante gratis, salarios de funcionarios que no pueden exceder el del presidente, la eliminación de los organismos autónomos hasta la reforma de pensiones y la incorporación la Guardia Nacional a la Sedena, este paquete de iniciativas presentada por el poder ejecutivo goza de una amplia popularidad.

Antecedentes

Este plan C es el sucesor de dos intentos previos de reformas. El plan A fue presentado en abril de 2022 y su objetivo era transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, junto con reducir de 11 a siete consejeros electorales, cancelar el financiamiento a partidos políticos con registro para actividades ordinarias y eliminar a los denominados legisladores plurinominales. Otra meta era bajar el costo del funcionamiento de la democracia, a partir de ahorrar más de 20,000 millones, con la conversión del INEC siendo éste el único organismo encargado de la organización de las elecciones, que asumiría las funciones de los Organismos Públicos Locales. Este plan no avanzó en el congreso.

El 29 de noviembre de 2022, el presidente envió al congreso un nuevo paquete de reformas a leyes secundarias, el plan B, que tenía como fin modificar el sistema electoral. Esta nueva propuesta planteaba modificar seis leyes secundarias sin cambiar la Constitución: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General de Comunicación Social. El objetivo de la aprobación de estas reformas era ahorrar hasta 3,500 millones de pesos a partir de la reducción de gastos operativos del INE.

Entre las medidas que contemplaba era reducir el aparato administrativo del INE mediante la eliminación de áreas administrativas y la duplicidad de funciones, la reducción del número de oficinas distritales del INE de 300 a 264, la salida de 84.6 % del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y terminar con la posibilidad de que servidores públicos realicen acciones proselitistas en todo tiempo.

Este paquete de reformas se aprobó con modificaciones en diciembre de 2022 por diputados y en febrero de 2023 por senadores, pero fueron objeto de varias acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Con la presentación y tratamiento de los planes A y B creció la polarización del gobierno con la derecha. Fueron días turbulentos de enconadas rencillas en redes sociales, en medios de comunicación, en las conferencias mañaneras. El PRI, el PAN y el PRD se presentaban como los paladines de la democracia (burguesa) con una defensa incondicional del instituto creado por Salinas de Gortari en 1990 como Instituto Federal Electoral para legitimar los procesos electorales muy cuestionados con el fraude de 1988 cuando le arrebataron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN). Su vocero de facto era Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE. Su principal argumento era que el gobierno buscaba desaparecer el instituto y concentrar la organización de las elecciones, lo cual pondría en cuestión la legitimidad de los procesos electorales, ahora garantizada por la supuesta imparcialidad de los consejeros del INE, en realidad patrocinados por los distintos partidos patronales con registro.

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Variedad de reformas

Mucha tinta y bits han corrido sobre la presentación del plan C de López Obrador. Distintos analistas coinciden que el Morena ya tiene ganada la elección del próximo 6 de junio, aunque no necesariamente conquiste la mayoría calificada en ambas cámaras del congreso, incluso con la profunda crisis que atraviesan el PRI, el PAN y el PRD, los tres aliados a quienes no une el amor, sino la impotencia ante la fortaleza del Morena. Por lo tanto, se presenta una imagen de radicalización de López Obrador con el fin de mostrar a Claudia Sheinbaum como una figura moderada. También se plantea que varias de estas iniciativas de reforma apuntan a consolidar la idea de las elecciones como el mecanismo único de participación.

Una clasificación que se propone en Los Periodistas, un programa del portal Sin embargo, es partir de tres bloques: uno de expansión (aunque muy relativa), de derechos democráticos, como la votación de ministros y jueces de la Corte Suprema, el acceso a atención médica gratuita y a la vivienda; otro de ampliación de rectoría del Estado, como en el caso de la propuesta en torno a las industrias estratégicas, como la energética y otro de centralización del poder presidencial, con la reforma electoral y la eliminación de los organismos autónomos. Agregaríamos al menos un bloque más, de las reformas que buscan consolidar la estrategia se seguridad y el “combate al narcotráfico” que exige el imperialismo estadounidense —desplegados durante los gobiernos del PRI y del PAN—, con la militarización a través de institucionalizar el dominio de la Sedena sobre la Guardia Nacional y la prohibición del comercio de fentanilo.

De alguna manera, parte del paquete de reformas constitucionales presentado por el poder ejecutivo al congreso el pasado 5 de febrero busca revertir, parcialmente, el carácter regresivo de las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto. Por ejemplo, la prohibición del fracking se opone a la posibilidad de usar esa técnica para la explotación de hidrocarburos, que se incluía en la reforma energética, o eliminar la figura de empresa productiva del Estado —en la que se encuadraba la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— y reemplazarla por la de “empresa pública”, con la función de “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y la soberanía”. [1]

Las reformas como herramienta para sostener y ampliar la base del gobierno

López Obrador llega al fin de su gobierno con un alto nivel de popularidad, tras desarrollar una política sistemática para recomponer las instituciones del régimen democrático-burgués, muy cuestionadas con la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los distintos escándalos de corrupción que marcaron al gobierno de Peña Nieto, al mismo tiempo que mantiene mucho de los rasgos bonapartistas de aquel, expresado ahora en la centralidad de su figura y el rol de las fuerzas armadas.

Para comprender la hegemonía que construyó el Morena —muy anclada en la figura de López Obrador— resulta muy útil el concepto de Estado integral desarrollado por Antonio Gramsci, que se sintetiza en la combinación de dictadura más hegemonía a partir de una relación orgánica entre la sociedad política (el polo de dominación) con la sociedad civil (el polo de consenso), una división de corte metodológico, donde el primero incluye también el consenso (a partir de reconocer algunos derechos sociales garantizados por el Estado) y la civil, suma la represión, porque partidos y sindicatos de masas pueden ejercer el rol de policía.

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El paquete de reformas constitucionales que López Obrador envió al congreso, más allá de si se aprueban o no, refuerza la percepción del Estado como garante de derechos para las mayorías populares. Esto, sumado a la retórica “progresista” del presidente, ha contribuido de manera decisiva a la legitimidad del gobierno, a una renovación de las expectativas que genera y la consecuente pasivización, a la cual contribuyó también la ayuda de la burocracia sindical. El plan C se yergue en contraposición a la degradación de condiciones de vida y de trabajo que tuvo como consecuencia la aplicación de los planes neoliberales desde el gobierno de Miguel de la Madrid, representante del PRI, que hasta ese entonces había sido un partido nacionalista burgués. Pero no es la única experiencia de la clase dominante para garantizar la paz social que exige el gran capital.

En la década de 1970, en el plano internacional se dio una crisis ante el fracaso del capitalismo “regulado” desde el Estado y esto se conjugó con un importante ascenso de la lucha de clases, como fueron los cordones industriales en Chile, la insurgencia obrera en Argentina o la revolución portuguesa de 1974.

En México, el modelo del desarrollo estabilizador [2] empezó a mostrar signos de agotamiento. El gobierno de Echeverría —uno de los responsables de la masacre de Tlatelolco, que llevó al cuestionamiento del autoritarismo del PRI— tuvo como objetivos modernizar el aparato productivo y ampliar las bases sociales del Estado. Para conseguirlos, el Estado buscó modernizar el control sindical para adecuarlo a las necesidades del capitalismo de la época, evitar el enfrentamiento abierto y global con la burocracia sindical, manipular al movimiento obrero y reservar la represión como última salida ante el conflicto entre las clases. [3]

La política laboral de ese sexenio (1970-1976) tuvo dos aristas: consolidar y ampliar prestaciones sociales, como vivienda, el crédito para bienes de consumo duraderos y adecuar los salarios a los procesos inflacionarios de la época y la semana laboral de 40 horas. Y esa política —contemporánea de la Guerra Sucia— generó muchas expectativas en la clase trabajadora y alentó el surgimiento de la llamada “insurgencia obrera” por distintos sectores del movimiento obrero en México, que se movilizaron por dos reivindicaciones: la mejora de las condiciones de trabajo y salarios (que venían afectados por devaluaciones del peso) y por la democracia sindical e independencia de las centrales sindicales oficialistas.

Un horizonte más allá de la hegemonía de López Obrador

En la actualidad, el sexenio de López Obrador se ha desarrollado durante la crisis del neoliberalismo, la cual, desde la crisis de 2008 que estalló con los derivados de hipotecas de baja calidad en EE.UU., tuvo un impacto negativo en la economía mundial y llevó a la ralentización del crecimiento, sin que haya un motor de crecimiento internacional como lo fue por muchos años China. Atravesó una pandemia y las tendencias inflacionarias que prevalecieron en todo el mundo.

La apertura a la “democracia sindical” que proclama el gobierno de la Cuarta Transformación, impulsor del proceso de relegitimación de los contratos colectivos de trabajo —en el marco de la estatización de los sindicatos desde la época de Lázaro Cárdenas—, ha tenido hasta ahora un resultado contradictorio. Por un lado, mantiene las elecciones sindicales en manos de las direcciones actuales y se abre a la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (una cláusula incluida en el T-MEC), es decir, a una injerencia directa del Estado en las organizaciones sindicales. Por el otro, alienta en los hechos el inicio, en el seno de las y los trabajadores, de un cuestionamiento a las direcciones sindicales burocráticas identificadas junto a las empresas como responsables de los bajos salarios y la degradación de las condiciones de trabajo, como se expresó en el voto al no a la legitimación del CCT detentado por la CTM en General Motors.

Los aumentos al salario mínimo —que beneficiaron a alrededor de 6 millones de trabajadoras y trabajadores sobre un estimado de 61 millones que integran la población económicamente activa—, junto con la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores por el alza de la inflación, —muy inferior a la de otros países, pero con gran impacto en la economía de la clase trabajadora y los sectores populares— detonan también reivindicaciones salariales, como sucede a nivel molecular en algunas empresas, como el caso de la huelga de las y los trabajadores de la automotriz alemana Audi en Puebla.

Los gestos discursivos como la llamada revalorización del magisterio —que venía de ser vilipendiados y reprimidos por los gobiernos del PRI y del PAN cuando enfrentaron la reforma educativa de 2013— las promesas de salarios dignos junto a la degradación de las condiciones generales de la educación pública, han impulsado la salida a las calles de una vanguardia de trabajadoras y trabajadores de la educación, como fue en los recientes paros y movilizaciones de noviembre y diciembre de 2023 y enero de este año.

Estos elementos dan cuenta de que, en el marco de la crisis capitalista actual, pese a que López Obrador se ufane en decir que México va a contramano del resto del mundo por los buenos resultados macroeconómicos de su administración, la hegemonía de la Cuarta Transformación no es inmutable. Incluso con un previsible triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de junio próximo, pueden surgir grietas a través de los cuales sectores de la clase trabajadora se pongan en pie para enfrentar las actuales condiciones de vida y de trabajo que enfrentan. En el terreno democrático, el incumplimiento de resolver el caso Ayotzinapa, una de las promesas del Morena al llegar al gobierno también puede dar lugar a manifestaciones de descontento a diez años de la desaparición forzada de los normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos.

El periodo electoral está signado por dos candidaturas presidenciales femeninas —Claudia Sheinbaum por la alianza entre el Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, Xóchitl Gálvez por el frente entre el PRI, el PAN y el PRD—, esto pone de relieve que el régimen ha tomado nota del movimiento de mujeres, que no ha logrado pasivizar durante este sexenio. Sin embargo, el enfoque punitivista y securitarista, además de las alianzas patronales que ha buscado Sheinbaum —incluso su visita al Papa Francisco, representante de la Iglesia católica y acérrimo enemigo del derecho a decidir—, así como la gestión durante su gobierno que implicó cientos de miles de despidos y la continuidad de violación de derechos laborales con miles de trabajadores sin reconocimiento de la relación laboral en el sector estatal, da un indicio de cómo será su gobierno. Así, las expectativas que genere la futura asunción del mando de la primera presidenta de México pueden llevar a la desilusión y el descontento activo cuando se haga visible que para lograr un cambio de fondo es necesario atacar las bases estructurales de la violencia capitalista y patriarcal.

La historia la escribimos entre todas y todos. Quienes integramos el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas nos planteamos el apasionante desafío de contribuir a poner en pie una alternativa política de las y los trabajadores, las mujeres, la juventud y el conjunto de los sectores oprimidos, a la izquierda del Morena, que pelee en primera línea con quienes salgan a enfrentar a patronales, sean mexicanas o trasnacionales y que contribuya a que los sectores avanzados ganen confianza en sus propias fuerzas, hagan una experiencia y rompan con la Cuarta Transformación al mismo tiempo que se mantienen independientes de los partidos de la derecha. Una alternativa socialista, antiimperialista e internacionalista que se prepare para los combates por venir.