El 18 de octubre del año pasado, comenzamos con extensas jornadas de movilizaciones sociales; día tras día vimos como la clase trabajadora alzaba la voz para lograr obtener una vida digna, respondiendo con indignación ante las decisiones repudiables por parte de las autoridades políticas sin embargo desde ese entonces hasta la actualidad solo logramos conseguir cerca de 2.500 presos y presas políticas, nos arrebataron la democracia y libertad de expresión de nuestras manos, nos privaron de cacerolazos y manifestaciones en la alameda o en diversas estaciones del metro, la gran mayoría se encuentra con prisión preventiva.
Sábado 4 de abril de 2020
El 18 de octubre del año pasado, comenzamos con extensas jornadas de movilizaciones sociales; día tras día vimos como la clase trabajadora alzaba la voz para lograr obtener una vida digna. Respondiendo con indignación ante las decisiones repudiables por parte de las autoridades políticas sin embargo desde ese entonces hasta la actualidad solo logramos conseguir cerca de 2.500 presos y presas políticas, nos arrebataron la democracia y libertad de expresión de nuestras manos, nos privaron de cacerolazos y manifestaciones en la Alameda o en diversas estaciones del metro, la gran mayoría aún se encuentra con prisión preventiva.
No presentaban condenas en su historial y en muchos casos esos presos están ahí por acusaciones falsas o que aún no se han confirmado, tras meses siguen privados y privadas de libertad sin obtener respuesta alguna de que se hará con ellos, que condena les otorgarán… más bien la única respuesta que se ha logrado obtener es “mientras dure la investigación” ¿Qué investigación están esperando? ¿La misma investigación que se le realiza a la institución de Carabineros?. Se trata de luchadores sociales no de delincuentes como cree el gobierno.
En la actualidad nos vemos envueltos en una pandemia, una expansión global del covid-19 que se ha apoderado de cada rincón del mundo, las medidas de seguridad para evitar el contagio son extremas, una de ellas es mantener una distancia mínima de un metro entre personas, pero ¿Quién se preocupa del contagio en la población penal? ¿Quién toma en cuenta las escasas medidas de salubridad dentro de las cárceles? ¿Las deplorables condiciones de higiene y hacinamiento? Ahora bien ¿Quién protege a los presos políticos del estallido social ante esta pandemia que deja sin resguardo la vida humana?
Hace 6 día se informó del primer preso que dió positivo en el examen de covid-19, al interior de la cárcel de Puente Alto, de tres presos que tenían síntomas, esto provocó movilizaciones al interior y en las puertas de la cárcel por parte de los privados de libertad, ya que los presos no contaban con medidas de prevención ante el virus, además de las precarias condiciones en las que viven los y las presas. Esta movilización fue rápidamente reprimida por Gendarmería.
¿Por qué hablamos de presos y presas políticas?
Nicolas Toro, abogado penalista dice.
"son presos políticos, en primer término, porque generan acciones de rechazo al modelo neoliberal y que a raíz de lo mismo sufren la prisión. Me refiero a todas las personas que por ejemplo están en prisión preventiva por la ley de control de armas, incendio o distintos disturbios, barricadas, distintas cosas que implican acciones directas contra el modelo".
Así es el caso de los hermanos Rodrigo y Cristian Sanhueza que están en la cárcel de Santiago 1, qué son detenidos el día 3 de Enero, tras ser acusados de fabricación de armamento incendiario, sin pruebas en su contra, ya que el auto donde supuestamente llevaban el armamento, no se encontraran rastro de este, o el caso de Paula Cisterna detenida el 16 de Diciembre en vía pública tras las movilizaciones por la revuelta, siendo acusada junto a su pareja por el incendio de un Banco Estado, las pruebas que se tienen no demuestran su culpabilidad, y hasta el día de hoy, no hay más pruebas que las cámaras de seguridad del banco.
Así han ido las acusaciones por parte del gobierno mediante la Ley de Seguridad del Estado, cómo han sido los 16 dirigente de la ACES tras las movilizaciones en contra de la PSU o el dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionario, Dauno Totoro que fue querellado por llamar a huelga general para sacar a Piñera.
Diversos partidos de oposición, el Colegio de Profesores y organizaciones de derechos humanos, exigieron al Instituto de Derechos Humanos que intervengan respecto a los presos políticos en tiempos de pandemia, la mayoría de los casos solicita un cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario.
Según un informe de la Fiscalía Nacional de Chile, desde el estallido social hasta el 30 de noviembre hubieron 30.102 detenidos entre ellos 20.217 fueron formalizados y solo 1.957 quedaron con prisión preventiva, sin embargo el INDH menciona cifras de 11.300 detenidos y 2.500 presos ¿Qué es lo que nos buscan ocultar? ¿Si estamos en democracia, porque reprimen y censuran al pueblo chileno? Durante meses hicieron creer a la ciudadanía en una política de diálogo, movilizaciones de pacíficas, acuerdos sociales inexistentes, dia tras dia nos vimos envueltos en distintos montajes mostrados por la televisión abierta, pero nada es así y en la actualidad tenemos tribunales de justicia cómplices de la prisión política, la derecha siempre ha implementado la represión y el castigo como una forma de tener al pueblo de una manera sumisa. ¡Pero ya no más!.
La coordinadora 18 de octubre realizó una campaña por la salud de los presos políticos, crearon esta campaña para hacerle frente a la crisis sanitaria de emergencia, la cual es extremadamente de gravedad en las cárceles del país.
Actualmente nos vemos envueltos en un régimen criminal de Sebastián Piñera, un sistema de salud asesino del ministro Jaime Mañalich quienes utilizan la pandemia para seguir tapando la crisis social en la cual nos vemos envueltos; Pero no lograran frenar nuestra agitación y solidaridad por los caídos ni mucho menos que nos olvidemos o dejemos morir a nuestros compañeros presos políticos de la revuelta, que por luchar por la dignidad de todos los chilenos hoy en día se encuentran sumergidos en una crisis sanitaria que les puede costar hasta la muerte.
Al mismo tiempo que esto sucede, Hernán Larraín, Ministro de Justicia y DD.HH., el día de ayer anunciaba que la Ley Humanitaria que propuso el gobierno en 2018, no excluye a los presos y violadores de Derechos Humanos de Punta Peuco. Nos niegan la libertad de nuestros presos políticos, pero le entregan la máxima seguridad a los violadores de Derechos Humanos de la Dictadura
Desde el PTR, la agrupación VENCER y Pan y Rosas, exigimos libertad inmediata a los y las presas políticas, sin ningún cargo o medida cautelar. También exigimos juicio, castigo y ningún beneficio para los violadores de Derechos Humanos, para que no haya más impunidad.
LOS QUEREMOS LIBRES Y CON VIDA!
LIBERTAD A LOS PRESOS DE LA REVUELTA!
Víctor Ibañez De la Hoz
Joven trabajador militante del PTR y militante de Vencer
