Los países de la Unión Europea formalizaron este lunes las sanciones contra altos funcionarios del chavismo, una amenaza que ya habían anunciado a comienzos de noviembre del año pasado.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Martes 23 de enero de 2018 00:00
Son siete altos cargos del gobierno de Maduro, entre los que figuran Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, a los que se le han aplicado sanciones. Completan la lista el jefe del servicio de inteligencia (Sebin), Gustavo Enrique González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides, entre otros.
Las sanciones, acordadas ya a nivel de embajadores de la Unión Europea (UE) a comienzos de noviembre del año pasado, fueron respaldadas este lunes por los ministros de Exteriores, reunidos en un consejo en Bruselas, e implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario.
El pasado 30 de agosto los gobiernos europeos ya habían discutido sobre la necesidad de tomar medidas contra el gobierno de Maduro siguiendo los pasos de Estados Unidos. A finales de septiembre Donald Trump había exigido a la Unión Europea sancionar al gobierno de Maduro luego de incluir a Venezuela en su veto migratorio. Trump sostenía: "Confiamos en que nuestros amigos en la Unión Europea seguirán el camino de Estados Unidos, a Canadá y a muchos países latinoamericanos y sancionarán al régimen de Maduro. Necesitamos que todos se impliquen". No escatimando así palabras para exigir una mayor injerencia e intervención imperialista a los países centrales y que gobiernos de la derecha continental han venido avalando.
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De acuerdo al Diario Oficial de la Unión Europea la decisión es tomada "Dado el continuo deterioro de la situación en Venezuela, siete personas deben incluirse en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas", recalcando que ya había anunciado que las medidas restrictivas "se utilizarían de forma gradual y flexible y podrían ampliarse".
Efectivamente, en octubre del año pasado, los países de la UE ya habían llegado a un acuerdo político para preparar sanciones selectivas contra personalidades del país. La resolución de los embajadores de noviembre indicaba que las sanciones propuestas consisten en un embargo de armas y en un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados “para la represión interna” o para “vigilar” las comunicaciones electrónicas.
Además, incluían la base legal para que la UE decida una lista de personas a las que considere “responsables de la situación” en el país, a las que les prohibirá viajar a territorio de la Unión Europea y congelar los bienes que puedan tener en la Unión, “si la evolución de la situación lo requiere”. De acuerdo a estos representantes, estas sanciones serán “graduales, selectivas, flexibles y reversibles”.
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Según el ministro de Exteriores del Estado Español, Alfonso Dastis, esta medida es "un incentivo para ayudar a la negociación" y la decisión "puede ser reversible", completando que "Siempre hemos concebido las sanciones como un incentivo para ayudar a la negociación, por lo tanto es una decisión que puede ser reversible o suspendible, en cuanto se constate que hay avances en la negociación". En ese sentido, actúan presionando para una “salida negociada en el país” entre el gobierno y la oposición en el marco de las reuniones que se vienen llevando en República Dominicana. Ya a comienzos de noviembre del año pasado habían manifestado que se trataba de “respaldar una negociación creíble en el país, que implique a todos los actores relevantes de cara a que logren soluciones para los múltiples desafíos a los que se enfrenta Venezuela”.
Estas negociaciones, que se han seguido desarrollando pero que no han llegado a acuerdos definitivos, la última planificada para el jueves pasado en Santo Domingo quedó aplazada tras las tensiones surgidas en los últimos días y ahora se busca una nueva fecha. Recordemos que estas negociaciones se hacen en total secreto, a espaldas del pueblo pobre y trabajador que es la principal víctima de los embates de la crisis catastrófica que atraviesa el país. En estas diálogos, lejos de solución a las necesidades obreras y populares, lo que se pacta en realidad es el reacomodo y los respectivos intereses tanto del gobierno como de la oposición y el empresariado nacional, tanto en el plano político como en materia económica para continuar descargando la crisis sobre el pueblo: los violentos aumentos de precios que el gobierno autoriza a los empresarios son una muestra de la verdadera cara de las “soluciones” que se pactan a espaldas del pueblo.
Rechacemos la injerencia imperialista
Con esta nueva decisión de la Europa del capital se aumenta el intervencionismo de los países imperialistas europeos en el mismo camino que lo viene haciendo Estados Unidos, Canadá y el conjunto de la derecha continental. Sin embargo, el discurso cínico de los europeos, que tanto se llenan la boca de “valores democráticos” y “derechos universales, poco tiene que envidiarle a Estados Unidos en violación de derechos humanos e intervenciones extranjeras, participantes activos del el expolio imperialista y las intervenciones militares en los países de África y Asia. Más aún, llevan a cabo una política criminal dentro de sus propias fronteras hacia los millares de migrantes, acrecentando la xenofobia y el odio. Por eso el discurso que sostienen no es más que puro cinismo.
Hay que rechazar también estas sanciones de la Europa imperialista. Este rechazo no significa avalar al gobierno de Maduro ni a representantes del chavismo como Diosdado Cabello, el Presidente del TSJ y otras altas figuras de la alta burocracia estatal chavista, menos que menos a represores directos como el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides o al jefe del servicio de inteligencia, Gustavo Enrique González. Las cuentas con las violaciones de los derechos democráticos y humanos, con los corruptos funcionarios del gobierno nacional y sus actos de represión -que caen siempre con más saña sobre la clase trabajadora cuando ésta sale a protestar por sus derechos-, las habrá de ajustar solo el pueblo trabajador venezolano, no los gobiernos de las burguesías de los países imperialistas.
El gobierno de Maduro viene avasallando cada vez más los derechos democráticos elementales en un proceso de mayor bonapartización de su gobierno, y aumentando de los padecimientos del pueblo descargando la brutal crisis sobre sus espaldas, mientras cumple religiosamente el pago de la deuda externa para satisfacer a los acreedores internacionales. Pero así como son los propios trabajadores en alianza con los pobres de la ciudad y el campo que deben enfrentarlo también deben ser los abanderados del rechazo a toda injerencia y agresión imperialista. De igual manera como denunciamos al gobierno de Maduro, hay que ser categóricos en denunciar a la oposición que clama por un mayor intervencionismo político del país, y en su agenta económica también está planteado descargar la crisis contra las mayorías trabajadoras y populares, a quienes el pueblo trabajador debe enfrentar también.
