Chile Despertó. Las trampas de la Convención Constitucional en Chile para evitar acabar con el legado de Pinochet

El arrasador triunfo de la opción "apruebo" en el plebiscito constituyente de el último domingo en Chile no dejó dudas sobre la intención de las mayorías populares para enterrar la Constitución heredada de la dictadura pinochetista y los 40 años de neoliberalismo que trajo aparejado. Esto significó la privatización de la educación, la salud y las jubilaciones, la precarización laboral extrema, una represión sistemática, el desconocimiento de los reclamos de los pueblos originarios y un sistema electoral restrictivo solo a los partidos tradicionales (que negociaron la salida de la dictadura).

Contra todas esta herencia se han venido levantando hace años distintos sectores en Chile. Pero el punto culminante fue el estallido social de octubre del año pasado que puso en cuestión todos y cada uno de los pilares de esa herencia. Ante este escenario el debilitado Gobierno de Piñera firmó un "Acuerdo de paz" junto a las fuerzas parlamentarias, desde la derecha hasta el neorreformista Frente Amplio (con la abstención del PC, que tampoco lo denunció) con el objetivo claro de intentar apagar el fugo de las calles para llevarlo a una proceso constituyente lo más amañando posible, y lleno de trampas para evitar que se realicen cambios de fondo y estructurales en el país.

La primera de estas trampas fue intentar someter a votación que uno de los órganos que discutan y redacten la constitución sea una "Convención Mixta". Esto quería decir que solo la mitad de los participantes serían ciudadanos elegidos en forma popular, mientras que la otra mitad estaría garantizada producto de las negociaciones entre las fuerzas parlamentarias (que son las mismas que garantizaron la continuidad del pinochetismo desde el fin de la dictadura).

Esta primera opción perdió por paliza ante una segunda, llamada "Convención Constitucional". Esta opción en la que todos los delegados son elegidos por el voto popular fue propagandizada por las fuerzas políticas desde el centro hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, como la opción verdaderamente democrática para conseguir los reclamos populares. Sin embargo, esto no es cierto. Como parte de ese "Acuerdo de paz" se negociaron una serie de restricciones que hacen prácticamente imposible que la Constitución que emerja de este proceso pueda cambiar lo central de la herencia neoliberal. Veamos algunas de esas trampas:

¿Cómo se eligen los convencionales?

Un primer hecho fundamental es que el sistema de elección de los convencionales será a través del modelo D’Hondt, que actualmente se utiliza para las elecciones de diputados. Esto favorece a las listas de los partidos tradicionales y minimiza la posibilidad de que sean electos independientes, quienes además no podrán realizar pactos si es que llegan a constituir listas. Un partido puede presentar, por ejemplo, 58 candidaturas en la Región Metropolitana si es que está legalmente constituido, mientras que un independiente o una lista pueden presentar máximo 9, si reúnen las firmas requeridas, y sólo en un distrito.

Por otro lado no debemos olvidar que se estableció un veto en los hechos a los partidos nacidos posteriormente al 18 de octubre del 2019, porque no se modificaron las exigencias para que pudiesen adquirir personería legal y presentarse a elecciones, y estaban obligados a reunir firmas ante notario, cuando nos encontramos en una pandemia de carácter totalmente excepcional que obligó a millones de personas a permanecer confinadas, en algunos casos hasta el día de hoy.

A esto hay que agregarle que en este sistema electoral los distritos electorales se expandieron notablemente, por ejemplo, el distrito 10 se amplió cerca de 5 veces, pasando de ser sólo la comuna de Santiago Centro a incluir también a las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín, lo que ha debilitado el peso del voto de comunas populares como ocurre con Peñalolén que pasó a formar parte de un distrito común con la mayoría de las “comunas del rechazo”. Y por otro lado, al expandir tanto los distritos, esto evidentemente favorece a los partidos que tengan más recursos y dinero para poder hacer campaña y llegar a más amplios sectores.

El quórum de 2/3 que le entrega poder de veto a una minoría

El artículo 133 de la ley 21.200 señala que se requieren 2/3 de quórum para tomar los acuerdos al interior de la Convención. En los hechos esto otorga poder de veto a una minoría de un tercio, con lo que la derecha y la oposición neoliberal de la exConcertación pueden fácilmente bloquear cualquier discusión que atente contra sus intereses o los de los empresarios.

Esto entrega en los hechos la capacidad de imponer sus propios intereses a un sector totalmente minoritario, cuando las grandes mayorías han planteado sus demandas en las calles e incluso a través del voto masivo del "Apruebo".

Estudiantes secundarios excluidos del proceso

Quienes iniciaron la rebelión saltando los molinetes del subterraneo no podrán participar por ser menores de 18 años. Esos jóvenes, muchas de ellas mujeres, no solo llevaron adelante acciones que prendieron la mecha de la rebelión de octubre pasado, sino que también fueron blanco de innumerables atropellos por parte de las fuerzas represivas, que incluyeron golpes, encarcelamiento y hasta abusos. Sin embargo, estarán excluidos de la votación. Así, no podrán elegir ni ser electos como convencionales.
También existen dificultades para los dirigentes sindicales o vecinales que tienen que suspender sus cargos para poder postularse.

Las instituciones del régimen pinochetista siguen actuando con plenos poderes

El artículo 135 señala que “La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución o en las leyes”. Es decir, la Convención no es Soberana en el sentido de que las viejas instituciones del régimen heredado de la dictadura militar seguirán operando y funcionando con total normalidad. Esto incluye la figura del Presidente Sebastián Piñera, fuertemente cuestionado, y de quién se exigió su salida y renuncia durante la rebelión, por reprimir con brutalidad y declararle la guerra al pueblo.

La muestra más patente es que junto con la elecciones de los convencionales que deberán redactar una constitución, se elegirán también gobernadores regionales y alcaldes municipales. Es decir que la convención constituyente no tendrá ninguna potestad para modificar todo lo necesario sobre los poderes constituidos previamente. Por el contrario, estos, aún cuestionados como están, seguirán actuando, legislando y tomando decisiones.

Otra limitación que tiene la convención será que no puede discutir sobre leyes que afecten en lo inmediato al pueblo trabajador. Es decir, el proceso demorará dos años mientras seguirá siendo este Gobierno y este Parlamento quienes seguirán legislando y gobernando para descargar los costos de la crisis económica y sanitaria sobre los hombros del pueblo trabajador.

Los Tratados Internacionales no se tocan

Por otro lado este proceso tiene vetos previos establecidos entre cuatro paredes: Los tratados internacionales no pueden ser tocados. No sólo los que incumben a los Derechos Humanos, sino que también los Tratados de Libre Comercio, cuestión clave si consideramos que Chile es uno de los países que es parte de más TLC del mundo, ya que se encuentra suscrito a 29, los cuales favorecen el saqueo de los recursos y
del pueblo por parte de las grandes trasnacionales.

Estas son solo algunas de las trampas que hacen que la convención constituyente no sea ni libre (es decir que no puede decidir sobre absolutamente todo), ni soberana (es decir que los viejos poderes siguen actuando y tomando decisiones en paralelo). Por lo tanto la posibilidad de acabar verdaderamente con el legado de Pinichet es absolutamente limitada.

Lo que se logró hasta acá se logró en la calle. Esa es la única forma de ir hasta el final si se quiere terminar realmente con la herencia de la dictadura.

Volver a poner en la calle las fuerzas de la movilización resulta clave para exigir el conjunto de demandas que se han puesto sobre la mesa. Avanzar en retomar el camino que abrió octubre y especialmente con la jornada de paro nacional del 12 de noviembre, la más importante desde el fin de la dictadura, es fundamental.

Sólo con una huelga general de la clase trabajadora y los sectores populares se podrá derrotar a Piñera e imponer una verdadera Asamblea Constituyente libre y Soberana, que pueda discutir sobre todo, sin vetos ni restricciones, con un constituyente electo cada 20 mil votantes, que sean revocables y que ganen lo mismo que un trabajador calificado, donde puedan votar y postularse jóvenes mayores de 14 años, para que sea el pueblo trabajador el que pueda decidir, para terminar con toda la herencia de Pinochet.

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