Compartimos con nuestros lectores el siguiente artículo de Gastón Grisoni, Presidente de la Asociación de ex presas y ex presos políticas/os (Crysol), acerca de las recientes declaraciones de Lucía Topolansky.
Miércoles 18 de diciembre de 2024
El coraje de decenas de víctimas de la tortura, muchas de ellas víctimas de abusos sexuales y violaciones, permitió que más de un centenar de represores fuera condenado. Lucía Topolansky, en una entrevista televisiva, emitió opiniones desacertadas.
Salvo la causa de Los Vagones que fue promovida formalmente por el gobierno canario cuando el Intendente era el actual presidente electo, todas, absolutamente todas las causas judiciales contra los represores de la dictadura, fueron iniciadas, y promovidas, haciendo de tripas corazón, por las propias víctimas o sus familiares directos.
Debieron superar sus dolores, sus angustias, sus sufrimientos. Tuvieron que soportar, incluso, la actuación de jueces insolentes, las prepotencias de los abogados defensores de los militares en los recintos judiciales, y una cultura de la impunidad vigente hasta el día de hoy. Debieron hacerlo en el marco del asedio constante de los dueños del poder y su sistema mediático.
Derribar la muralla de la impunidad
La dictadura y el terrorismo de Estado fueron una calamidad en múltiples planos. Como colectivo organizado de víctimas directas del terrorismo de Estado, desde Crysol luchamos para acabar con la Ley de Caducidad que protegía a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
Cuando la Suprema Corte de Justicia en el año 2009 estableció la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley de Caducidad y la Sentencia Gelman de la Corte IDH estableció su nulidad fáctica, al amparo de la Ley 18 831 que restableció la pretensión punitiva del Estado, promovimos las denuncias judiciales para investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que han sido comprobadas y verificadas una y otra vez.
La causa de Boiso Lanza, con el patrocinio legal del Dr. Oscar López Goldaracena, fue la primera, en el año 2010.
La justicia es clave para afirmar la democracia
La investigación, el esclarecimiento y el castigo penal de las graves violaciones a los derechos humanos es un requisito básico y esencial para lograr la paz social, para asegurar la justicia, afirmar el Estado de Derecho y cercenar las posibilidades de que las mismas puedan volver a ocurrir.
La vida ha demostrado que las Fuerzas Armadas han mentido una y otra vez. Hasta el día de hoy mantienen secuestrada la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. Los militares involucrados han mentido sistemáticamente y mantienen un silencio colectivo. Hasta el momento no han colaborado con la justicia ni han dado muestras de colaboración ni de arrepentimiento. A lo sumo, en algunos casos, han confesado sus delitos, quitándole gravedad a su participación.
Una golondrina no hace verano
No podemos descartar que, entre los centenares de testigos que se presentaron, alguno haya mentido. Incluso que haya habido quien incitó a otros a mentir. Hubo miles de prisioneros políticos. Hubo colaboradores de la dictadura, hubo colaboradores de los militares en los penales, hubo infiltrados en plena democracia.
En un colectivo muy numeroso de sobrevivientes del terrorismo de Estado, existen decenas de compañeras y compañeros que arrastran secuelas de por vida, fruto de las torturas vividas, de la larga reclusión en condiciones diseñadas para la destrucción. Tienen trastornos físicos y también secuelas mentales. La lista de autoeliminados, desde el retorno a la democracia es larga. Algunos hasta terminan renegando de sus convicciones pasadas, de su trayectoria de vida y hasta terminan diciendo cualquier cosa.
Las garantías del debido proceso
Todos los militares que han sido procesados y/o formalizados por la justicia han tenido todas las garantías del debido proceso y hasta en exceso, se les toleraron todas las artimañas dilatorias. Ninguno declaró estando encapuchado ni esposado. Ninguno fue torturado, ni siquiera amenazado. Siempre declararon con sus abogados defensores presentes. Todos han sido procesados en base a pruebas documentales incontrovertibles, en base a documentos generados por el propio ejército. En algún caso hubo errores judiciales que fueron subsanados en instancias posteriores en el marco del sistema judicial garantista de nuestro país.
Las y los denunciantes: un papel decisivo para la justicia
La prisión masiva y prolongada, asociada a la tortura, fue la característica diferencial de la represión política en el Uruguay respecto a otros procesos de violación a los derechos humanos similares ocurridos en el Cono Sur. Fue la modalidad deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a sus enemigos (Serpaj – Uruguay nunca Más – 1989).
Las víctimas de las torturas que presentaron denuncias judiciales al retornar a la institucionalidad democrática desempeñaron un papel decisivo para que en este país más de un centenar de represores haya sido juzgado y condenado. La sociedad uruguaya les debe mucho a todas y a todos ellos. Han sido ejemplo de vida. Las declaraciones de Lucía son lamentables. Allá ella y sus demonios internos.
(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
