POLÍTICA Y NEGOCIOS. Lavado de dinero: procesaron a Lázaro y citaron a Echegaray

Ayer el juez federal Sebastián Casanello resolvió varias cosas en la causa por lavado de dinero en la que está imputada, entre otros, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado procesó con prisión preventiva y dictó un embargo sobre el emblemático empresario kirchnerista Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, quienes están presos desde el 11 de abril. A su vez resolvió procesar a otros imputados, entre ellos el hijo de Báez.

También llamó a declaración indagatoria al extitular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, y a Ernesto Clarens, financista de estrecha relación con Báez.

En su fallo Casanello también ordenó la captura internacional de Jorge Chueco, el abogado que trabajó durante años para Lázaro y desde el jueves pasado está “desaparecido”.

Por último el juez federal ordenó investigar la visita que un supuesto agente de la Dirección de Inteligencia Criminal intentó realizar a Báez en la cárcel de Ezeiza.

Tortuga inquieta

La derecha mediática, con Jorge Lanata a la cabeza, había apodado “Tortuga” al juez Casanello, acusándolo por su lentitud en la investigación de la llamada “ruta del dinero k”. Pero desde que cambió el gobierno y Macri habita la Casa Rosada, Casanello decidió sacarse de encima el irónico mote y ahora avanza a paso redoblado.

Tras la difusión por parte del Grupo Clarín de un video donde el contador Pérez Gadín, Martín Báez (hijo de Lázaro), Fabián Rossi y otros personajes contaban millones de dólares en la financiera “La Rosadita” de Puerto Madero, Casanello se sintió con el aval suficiente para avanzar en la causa.

Así fue que el 11 de abril detuvo a Lázaro Báez en el aeropuerto de San Fernando mientras éste se subía a un avión sin destino identificado. Pocas horas después también quedaba detenido Pérez Gadín. A ambos los apresó por “peligro de fuga” y “obstrucción de pruebas”.

Ayer, en un nuevo rapto procesal, Casanello dictó una serie de medidas que comprometen más aún al grupo de empresarios y financistas ligados a los Kirchner.

Procesados y embargados

Lázaro Báez ahora está procesado por el delito de “lavado de dinero”, al igual que su contador Pérez Gadín. Los hijos de ambos, Martín y Sebastián, también fueron procesados aunque sin prisión preventiva. Igual suerte corrieron el exmarido de Ilena Calabró Fabián Rossi, César Fernández y el piloto Walter Zanzot.

Según trascendió de fuentes cercanas al juzgado de Casanello, el juez ordenó un embargo por $ 100 millones para Lázaro y Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Fernández, Rossi y Zanzot. Para el hijo de Pérez Gadín el embargo fue de $ 1 millón.

A su vez resolvió secuestrar y embargar bienes y vehículos (incluyendo aviones) de los procesados y de la empresa aérea de Báez, Top Air. Complementariamente se inmovilizarían y congelarían todos los fondos de las cuentas bancarias de los nombrados. La idea de Casanello es tasar judicialmente esas posesiones.

Indagados

Otra parte importante del fallo de Casanello es el llamado a declaración indagatoria (es decir con serias posibilidades de un futuro procesamiento) del extitular de la AFIP durante el gobierno kirchnerista, Ricardo Echegaray. El actual presidente de la AGN había “pronosticado” semanas antes del 11 de abril que Lázaro Báez iba a “terminar preso” y hasta se animó a decir que Báez está en problemas desde hace tiempo, sobre todo a partir de una causa por facturas apócrifas de Austral Construcciones iniciada por su gestión en la AFIP.

Pero los intentos de Echagaray por despegarse de los hechos de corrupción y los negociados durante el kichnerismo no habrían terminado de convencer a Casanello, quien lo acaba de citar a declarar con chances de procesarlo.

Otro de los llamados a indagatoria es Néstor Ramos, el director de la empresa Helvetic Services Group que le compró SGI (“La Rosadita”) a Federico Elaskar en 2011, se dice que por pedido expreso de Báez.

Buscado

Jorge Chueco no aparece desde el jueves pasado. Es un abogado que hace años trabaja junto a Lázaro Báez y, según fuentes judiciales y algunas investigaciones periodísticas, sería el “cerebro” que armó para el empresario kirchnerista una serie de empresas offshore en Panamá, Estados Unidos y Suiza.

Aún no se hizo público ningún dato preciso sobre dónde puede estar Chueco. Ni siquiera si está vivo o muerto. Ni desde el entorno de Lázaro Báez ni tampoco desde los medios y oficinas que quieren que el empresario termine preso de por vida arriesgan ninguna hipótesis más o menos seria.

Por eso, aprovechando el misterio, Casanello lanzó una orden de captura internacional para Chueco y declaró la inhibición general de sus bienes. Como si hubiera una coordinación entre juzgados, ayer Interpol recibió el pedido de “alerta azul” de parte del fiscal de Puerto Iguazú, Martín Britez, quien tiene a su cargo desde la semana pasada la causa por “desaparición de persona”.

Chueco es parte del listado de apellidos que Leonardo Fariña, el “valijero arrepentido”, le tiró sobre la mesa a Casanello aquel (ya lejano) viernes 8 de abril en su declaración de más de 12 horas. Sin dudas el podio de esos apellidos lo ocupan el fallecido Néstor Kirchner, su esposa Cristina Fernández y el arquitecto Julio de Vido.

No podía faltar un servicio

Como si lo anterior no bastara para una causa cargada de intrigas y pases de factura, ayer Casanello también hizo referencia a los servicios de inteligencia.

En la misma resolución en la que procesó a Báez y compañía y llamó a indagatoria a Echegaray, Casanello señaló que “las autoridades del Servicio Penitenciario Federal informaron que una persona que se identificó como agente de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Criminal, bajo la identidad de Fernando Gornes, pretendió visitar al imputado detenido Lázaro Báez, lo cual fue denegado por el Director de la Unidad 29”.

Como era de esperar, consultado por el juzgado federal el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich dijo que el tal agente Gornes no existe. Por eso, dijo Casanello, “se habrán de extraer testimonios para que se investigue un eventual delito de acción pública”.

Nada que asombre en el país en el que la ex SIDE sigue siendo una gran cloaca financiada por el Estado para realizar todo tipo de acciones criminales, espionaje al servicio del poder de turno y negociados por doquier.

¿Indagada?

Si Casanello (empujado por la marea macrista) quiere meter presa a Cristina, antes deberá procesarla. Y para eso, según como se vienen sucediendo los acontecimientos, deberá llamarla a una declaración indagatoria en la que le debería preguntar por los dichos de Fariña, de Báez, de Pérez Gadín, de Echegaray y del resto de los protagonistas de esta novela judicial.

En la causa Cristina ya fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán, al igual que su exministro de Planificación Federal, De Vido, quien carga con imputaciones en otras causas como la de la Masacre de Once en la que fallecieron 51 personas y por la que ya fueron condenados sus exsubordinados Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y sus exaliados del Grupo Cirigliano.

Lo que resta saber es si, luego del regreso de la expresidente la semana pasada, donde el kirchnerismo transformó un trámite judicial (la indagatoria llamada por Bonadio en la causa del dólar futuro) en un singular acontecimiento político, Casanello se animará a volver a convocarla a Comodoro Py.

En este caso se trata de un proceso judicial mucho más complejo del que conduce Bonadio. En la causa ya están presos y muy comprometidos personajes de estrechísima relación con Cristina, no solo personal sino también económica y societaria. Avanzar en el proceso contra la exmandataria puede abrir capítulos de pelea político-judicial insospechados. ¿Llegará tan lejos la “tortuga”?