Polémica. Lavagna, Moyano, Grabois: ¿combatir el desempleo creando trabajo precario y mal pago?

Esta semana se conocieron dos iniciativas que apuntan, según propias palabras, a enfrentar el problema del desempleo. Una cuestión que cobra creciente agudeza porque, a pesar que de formalmente están prohibidos, los despidos se siguen produciendo.

El lunes pasado se produjo la presentación del llamado Plan de Desarrollo Humano Integral. Con los auspicios de la Iglesia Católica, convergieron en el encuentro Juan Grabois y algunos de los popes de la burocracia sindical, como Gerardo Martínez, Sergio Sasia y Pablo Moyano.

Durante la reunión se presentó un documento que plantea las “Propuestas para la Argentina post pandemia”. Apenas iniciado el texto del mismo, se sostiene el objetivo de “crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo”.

En los fundamentos de la propuesta se afirma que “las nuevas formas de trabajo desprotegido que ganan terreno en el marco de la crisis mundial del capitalismo conviven con relaciones laborales reguladas por convenio colectivo de trabajo. Por ende, los trabajadores y trabajadoras comparten un destino común. En la victoria, la ampliación de derechos para todos y todas; en la derrota, la precarización de la vida de todos y todas”.

Sin embargo, la resultante no es una propuesta de organización y lucha en común. Por el contrario, lo que se propone es un plan de obras sostenido en base a una “alianza virtuosa entre el sector privado y el sector de la economía popular”.

Es decir, se parte de aceptar la derrota impuesta en los años del ciclo neoliberal. Una derrota que significó una creciente fragmentación de la clase trabajadora, lo que debilita sus fuerzas a la hora de enfrentar la ofensiva capitalista. No se entiende entonces porqué motivo se habla de una eventual “victoria”, dado que se renuncia de antemano a cualquier pelea para cambiar esas condiciones estructurales.

Esa “alianza virtuosa” con el capital privado implicaría “una planificación con metas y cronograma, gestionada desde una unidad ejecutora centralizada, diseñado para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, creación de nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales”.

El objetivo, correcto en sí mismo, implicaría la posibilidad de garantizar “4 millones de trabajadores y trabajadoras con salario social complementario y derechos laborales básicos con un salario social complementario de 10.000 pesos. La contraprestación se estipula en 60 horas mensuales certificadas”.

¿Alguien puede considerar que $ 10 mil pesos permite vivir a una familia obrera? Según la propia indicación del Indec -que no mide el conjunto de las necesidades de un grupo familiar- en junio se necesitaron $18.000 pesos mensuales para que una familia no sea considerada indigente. El mismo organismo, apuntando a no estar por debajo de la línea de pobreza, estipula un monto de $ 43.000.

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La distancia entre la propuesta presentada y la posibilidad de atender realmente necesidades de una familia trabajadora es enorme. El plan significa un ingreso que mantiene en la indigencia a quien lo percibe. ¿Se le puede llamar de “desarrollo humano”?

En defensa de la propuesta se podría afirmar que la carga horaria de 60 horas mensuales facilitaría conseguir otros trabajos. Sin embargo, en las condiciones de aguda crisis social y económica, esto suena completamente utópico. Si se discute el desempleo es, precisamente, por las enormes trabas para conseguir un trabajo.

En segundo lugar, eso implicaría aumentar el nivel de precariedad laboral, someter al trabajador o a la trabajadora a condiciones de inseguridad manifiestas. Es decir, equivale a no solucionar el problema del desempleo, sino a garantizar la existencia de mano de obra barata para las empresas del sector privado con las que se propone un acuerdo.

Un plan a gusto de las grandes patronales

Pocas horas más tarde, en la misma sintonía, Roberto Lavagna daba a conocer un propuesta similar. El ex candidato presidencial tuiteó un breve documento titulado Pilares de un programa de crecimiento con inclusión.

Allí también da cuenta de la división existente en la clase trabajadora actual y propone, para “CREAR TRABAJO PRIVADO voluntario y diseminado”, hacerlo en el marco de “dos SISTEMAS: EL SISTEMA QUE HOY EMPLEA, en blanco y con normas propias de la economía del bienestar de la II post guerra mundial, al 49,5 % de los asalariados privados” y “UN NUEVO SISTEMA, en blanco y con normas precisas, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual. Lo más importante es que permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, subempleados, pseudo empleados (parte importante de monotributistas), etc., puedan trabajar dignamente”. Las mayúsculas le pertenecen al ex ministro.

Sin embargo, cuando se pasa blanco sobre negro la idea termina demasiado cerca de la propuesta de los popes sindicales, la Iglesia y Grabois. Lavagna propone el sistema de trabajo que hoy rige en la construcción, sector donde la precariedad laboral es extendida y los salarios bajísimos.

Leemos: “Hay un método rápido para avanzar: el sistema que rige en la industria de la Construcción (Libreta de Trabajo, que supone aportes a un fondo de desempleo). Luego se puede perfeccionar. Pero por aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que actuar rápido. Ya llevan demasiados años excluidos”.

En este caso, “lo bueno” es solo para las patronales. El ex ministro de Economía propone un sistema que garantice trabajo en condiciones precarias y la posibilidad de despedir sin tener que recurrir al pago de indemnizaciones. Ese es el sistema que rige en la construcción y quiere proponer como modelo a futuro.

Ni el Plan de Desarrollo Humano ni los Pilares de un programa de crecimiento con inclusión cuestionan los intereses del gran capital. De ese mismo empresariado que, con aval del Gobierno, está implementando una reforma laboral en los hechos al calor de la cuarentena.

En ese sentido, ambas propuestas marcan el mismo paso que la gestión de Alberto Fernández. En esos meses de creciente crisis social y económica, a pesar de los discursos, la gestión oficial ha dejado intactos los intereses del gran capital. El fallido proyecto de impuesto a las grandes fortunas tal vez lo grafique de manera más evidente.

Enfrentar seriamente la desocupación

En el marco de una crisis social y económica profunda es necesario afectar los intereses del gran empresariado si se quiere garantizar el trabajo, la salud y la vida de las grandes mayorías trabajadoras.

Hay que empezar por apoyar activamente las peleas de sectores de trabajadores que enfrentan los despidos o ataques a sus condiciones laborales. Cada lucha de resistencia tiene que ser rodeada de la mayor solidaridad por las organizaciones sociales y sindicales. El apoyo a reclamos como el de Latam tiene que hacerse efectivo en medidas de lucha por parte de la dirigencia sindical. No alcanza con los mensajes solidarios.

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Esas peleas tienen que ser el punto de partida para organizarse y preparar la lucha por imponer medidas como una IFE de $ 30.000 para quienes lo necesiten, sin exclusiones. Pero también para avanzar en la lucha por el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras que están contratados o en situación de precarización.

Es necesario una gran pelea del conjunto de la clase trabajadora para garantizar trabajo para todos en la medida en que la actividad económica vaya retornando. Luchando por repartir el conjunto de las horas de trabajo, garantizando un salario igual a la canasta familiar. Una medida así puede impedir que la desocupación golpee aún más a la clase obrera y los sectores populares.

Las vidas obreras valen más que las ganancias capitalistas.