En medio del escenario de fuerte represión y persecución política que se vive en Bolivia, el Tribunal Constitucional aprobó este miércoles la prorroga del mandato para el Gobierno golpista de Jeanine Áñez, que debía terminar a fin de enero, hasta que se realicen las próximas elecciones programadas en principio para el 3 de mayo.
Jueves 16 de enero de 2020 13:42
Este miércoles 15 de enero el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia aprobó la constitucionalidad del proyecto de "Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional" de la golpista Jeanine Áñez, de los asambleístas nacionales, gobernadores y asambleístas departamentales.
Con esta determinación, el TCP evita el riesgo de un nuevo vacío de Gobierno que podría haberse producido luego del 22 de enero, fecha en la que concluía el mandato del expresidente Evo Morales. Ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar este proyecto para culminar la prórroga de mandato de las autoridades señaladas.
Esta salida fue aplaudida por la ONU que en palabras de su enviado, Jean Arnault, señaló que la decisión “está en plena armonía con el gran consenso nacional sobre la necesaria electoralización del país como única vía legítima” para superar la crisis abierta luego de las elecciones generales de octubre del 2019. Sin embargo, los sectores más radicalizados del movimiento cívico y de la derecha política del país recibieron con desgano esta resolución del TCP. Por ejemplo, la Conade (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) y otros vinculados a los grupos semifascistas como la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) y la RJC (Resistencia Juvenil Cochala), venían exigiendo el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que Jeanine Áñez pueda gobernar mediante decretos. De haberse adoptado una resolución semejante, con la disolución del Congreso, se habría profundizado el giro reaccionario del autodenominado “gobierno de transición” impuesto por la Policía y las Fuerzas Armados el 10 de noviembre pasado.
La resolución del TCP, le permite a la gestión de Áñez mantener la continuidad de su Gobierno sin alterar las formas de la democracia representativa y uno de sus pilares como es la división de poderes, y expresa una vez más la voluntad colaboracionista tanto del Poder Judicial como de las y los parlamentarios del MAS en la consolidación del nuevo esquema de Gobierno.
Este barniz democrático se desarrolla en un escenario de represión y de una tremenda persecución política que dejó cientos de heridos y 38 familias de luto que hasta el día de hoy no encuentran justicia por el decreto 4078 (hoy abrogado) que garantizó la impunidad a los militares por la represión durante las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo.
Hoy existen alrededor de 150 detenidos y procesados con acusaciones de sedición y terrorismo mientras que casi 600 ex funcionarios de distintos niveles del ex gobierno del MAS están siendo investigados. Esta situación se agrava con las crecientes limitaciones y el acoso del régimen de Áñez a la libertad de expresión y de prensa. Más de 50 radios comunitarias han sido silenciadas y a través de medidas de “rastrillaje cibernético” se atemoriza y se acosa las publicaciones opositoras al régimen en redes sociales. Toda esta persecución se complementa en la crisis diplomática con México y España abierta días atrás para impedir la salida del país de altos ex funcionarios hoy asilados en la embajada mexicana. La detención del ex ministro de Gobierno y las órdenes de captura contra Evo Morales y los intentos de silenciar sus declaraciones en Argentina completan el cuadro represivo.
En entrevista para La Izquierda Diario, Javo Ferreira de la LOR-CI (Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional), señaló la importancia de impulsar la mayor unidad de acción de las organizaciones sociales, sindicales y vecinales para enfrentar la persecución y represión política en marcha, empezando por exigir la libertad de todos las y los presos políticos y el cese de la campaña de persecución contra simpatizantes del MAS y de todas las organizaciones políticas que rechazan el nuevo régimen impuesto mediante el movimiento cívico, policial y militar. Así mismo denunció la política conciliadora y colaborativa de las y los parlamentarios del MAS, y diversos dirigentes sindicales quiénes vienen allanando el camino a la política de Áñez.
