Opinion. Lecciones de una semana en la que perdieron los jubilados y ganaron los ricos

La semana que se acerca a su fin deja lecciones claves para orientarse en lo que viene de una crisis que será larga y profunda.

En pocos días, el Gobierno nacional dejó muchas cosas en claro: que el ajuste a los jubilados ya es marca registrada del Frente de Todos y llegó para quedarse; que más allá de todo relato las arcas del Estado engrosan las ganancias de los sectores poderosos como la Sociedad Rural, Clarín o Techint; y que las negociaciones de la deuda avanzan para convalidar otra vez una estafa contra el pueblo argentino.

El puntapié inicial lo dieron esta semana Claudio Moroni y Fernanda Raverta, cuando en conferencia de prensa anunciaron otra vez un ajuste a los jubilados.

Vale recordar que la primera medida importante que tomó Alberto Fernández apenas asumió, en diciembre, había sido enviar al Congreso Nacional una ley que suspendió la movilidad jubilatoria. Los mercados y el FMI la festejaron entonces como una buena medida de ajuste fiscal que perjudicaba a más de dos millones de jubilados y abría un camino para la negociación de la deuda.

Con los últimos anuncios, el Gobierno confirmó aquel rumbo. El aumento por decreto del 6,12 % no solo confirma que habrá millones de jubilados que cobrarán menos de lo que les correspondía, sino que la abrumadora mayoría de ellos, los más expuestos a la pandemia, seguirán en la pobreza: el 92 % seguirá percibiendo haberes por debajo de la canasta de necesidades básicas de la Tercera Edad.

Es que las prioridades están en otro lado. A la par que este ataque tenía lugar contra los adultos mayores, crecían las denuncias por lo que es un verdadero escándalo: bajo la excusa de la crisis, el Gobierno está subsidiando las ganancias de grandes grupos económicos.

Estamos hablando de empresas como Clarín, Techint, Mc Donald’s, Volkswagen, Ledesma, Burger King, Mercedes Benz y hasta la Sociedad Rural. Incluso ha trascendido que las arcas del estado nacional están pagando parte de los sueldos de los CEO de estas compañias.

Como es evidente, no se trata de medidas para salvar el empleo, como reza el discurso oficial, sino de sostener las ganancias capitalistas. Un estudio de la economista Agostina Constantino ya había demostrado que el grueso del gasto estatal durante la cuarentena no va a la IFE u otras ayudas sociales, sino a los empresarios.

Incluso una editorial del periodista Horacio Verbitsky del pasado domingo denunció que “el Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza están entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del ex Presidente Maurizio Macrì”. El director de El cohete a la luna se basa en un informe del Banco Central, que calculó esa fuga en 86.000 millones de dólares, con “una notable concentración en unos pocos actores económicos”.

Nótese entonces que el Gobierno de Alberto Fernández está subsidiando a los mismos grupos económicos que saquearon el país bajo el macrismo, mientras las grandes mayorías sufrían tarifazos, inflación y despidos.

El último capítulo de esta semana se termina de escribir este viernes, pero el ministro Martín Guzmán ya spoileó el final.

“El 22 de mayo es ahora una fecha anecdótica”. La frase pronunciada por el ministro este martes tiene un enorme significado: de no mediar sorpresas, Argentina dejará este viernes sin pagar bonos por US$ 503 millones, pero el default será circunstancial y amistoso.

Lejos de una ruptura, el carácter “anecdótico” de la fecha significa que el Gobierno nacional está avanzando en la negociación con los lobos de Wall Street.

La deuda, un nuevo capítulo de un saqueo monumental

Si las tratativas llegan a buen puerto en las próximas semanas, el país estaría así a las puertas de convalidar un nuevo capítulo de una larga historia de saqueo nacional: aquella de la deuda, que dio un gran salto durante la última dictadura militar a sangre y fuego, y fue continuada por todos los presidentes que siguieron, de Alfonsín a Macri.

Todos los gobiernos constitucionales desde 1983 a esta parte pagaron en total más de US$ 500.000 millones, sin siquiera investigar una deuda que, según dictaminó en el año 2000 el juez Ballestero, es ilegal por haberse constituido con más de 470 actos ilegítimos y fraudulentos. Entre esos cientos se destaca por ejemplo el de Domingo Cavallo, cuando, como funcionario de la dictadura, estatizó la deuda privada de grandes grupos económicos, es decir, la transformó en una deuda que pagamos todos.

El fallo judicial de Ballestero ya lleva veinte años durmiendo en un cajón, mientras la profundización del saqueo no se inmutó por ese fallo y continuó acentuando el atraso nacional, perpetuando la pobreza o la decadencia de la vivienda, la salud y la educación. Los recursos que hacen falta para el desarrollo se los llevan los buitres de Wall Street, en acuerdo con cada gobierno de turno.

Pero como los hechos pasan a ritmo vertiginoso, a veces también es mejor parar y recapitular un poco la historia del pasado inmediato.

Aunque parece el siglo pasado, no ha pasado tanto tiempo desde aquellos actos que prometían que esta vez la historia iba a ser distinta. Como aquellos organizados por sectores del kirchnerismo bajo el macrismo, con consignas tales como “No al FMI, la patria no se rinde.”

Que el devenir de la historia sería distinto al relato de campaña electoral, lo anticipó rápidamente la conformación del Frente de Todos. Por ejemplo, con el rol protagónico otorgado a Sergio Massa, quien se sumó a la coalición después de años de votarle las leyes a Macri. Entre otras, aquella que permitió el acuerdo con los fondos buitre que dio comienzo a un fenomenal ciclo de endeudamiento que no hizo más que financiar la fuga de capitales. Otra vez un saqueo.

Asimismo, el acuerdo con el FMI, antes denunciado por el kirchnerismo por ilegal por no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, hoy es cumplido a rajatabla por Alberto Fernández. Incluso durante la cuarentena, el Gobierno argentino le pagó 320 millones de dólares al organismo internacional, priorizando la sumisión al FMI por sobre la emergencia social y sanitaria.

El revés del decorado

Junto con los jubilados, hay otros sectores del pueblo trabajador afectados por la crisis.

De acuerdo a los datos del Observatorio de La Izquierda Diario, ya son casi 3 millones los afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario durante la cuarentena.

El carácter internacional de la crisis, y el hecho de que en Argentina el pico de casos por coronavirus aún está por venir, anticipan que no solo se profundizará la crisis sanitaria, sino también la crisis social.

Según un estudio realizado entre 100 grandes empresas, publicado por El Cronista, el 33 % de ellas prevé realizar despidos durante el 2020 por la caída de la actividad económica, que ya en marzo dio números muy malos con una baja de 11,5 %, la mayor desde el año 2009.

Otro dato es que según Unicef Argentina, el índice de pobreza en niños, niñas y adolescentes llegará al 58,6 % a fin de año.

Pero estos datos no son inevitables. Los trabajadores, las mujeres y la juventud debemos redoblar la organización para salir a la lucha a enfrentar la catástrofe sanitaria y la social. Como lo comienzan a hacer los jóvenes precarizados que salen a las calles o los que en distintos lugares del país comienzan a plantarse frente a los despidos o las rebajas de salarios. El destino está en nuestras manos.

La lucha de clases no hará más que redoblarse en el próximo período, pero la clave es prepararnos para vencer. Parándole la mano a los ataques del Gobierno y las patronales en cada lugar, pero también planteando una salida de fondo para la crisis, desconociendo la deuda pública ilegal e ilegítima, para frenar el saqueo sin fin y como parte de un conjunto de medidas soberanas que incluyen la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior y la expropiación bajo control obrero de todos los recursos estratégicos del país, para que la crisis la paguen los capitalistas y reorganizar la sociedad en función de los intereses de las grandes mayorías.