La clase trabajadora mexicana desde hace años tiene como límite el legalismo, es decir, una confianza acrítica en las normas del Estado ¿Por qué surgió? ¿Cómo afecta la lucha por derechos? y ¿Cómo es posible superarla?
Miércoles 25 de agosto de 2021
En la clase trabajadora mexicana prevalece una visión de que la solución a los problemas sociales –como los despidos, la violencia contra las mujeres, la crisis climática, etc.— sólo puede venir de las normas del Estado y sus instituciones. Desde esta perspectiva, no existe otra forma de obtener respuesta a los reclamos. Esta ideología es alimentada por los dirigentes reformistas de la mayoría de las organizaciones obreras y populares.
Ejemplos de lo anterior sobran. Recordemos que en el 2009, cuando Felipe Calderón era presidente de México, se liquidó de manera autoritaria la empresa “Luz y Fuerza del Centro”, lanzando a la calle a miles de familias obreras y, en los hechos, abriendo las puertas a la privatización del servicio de energía eléctrica.
Los electricistas, junto a otras organizaciones, encabezaron grandes movilizaciones, pero al final, la dirigencia del SME determinó esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el asunto. El desenlace es conocido por todos: la corte avaló el ataque contra los trabajadores y, tras años de resistencia, la mayoría de ellos se liquidaron.
En el 2014, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero cimbró a todo el sistema político mexicano y puso contra las cuerdas al gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la enorme energía social que desencadenó el movimiento por la presentación con vida de los 43, bajo la consigna #FueElEstado, se fue diluyendo poco a poco, principalmente porque las organizaciones que lo dirigían nunca tuvieron una política para sumar al movimiento la fuerza de los trabajadores organizados, ni una perspectiva de lucha independiente, por lo que apostaron a que las instituciones dieran resultados. Han pasado casi 7 años de la desaparición forzada de los estudiantes y aún no se conoce su paradero.
Con el gobierno de la 4T se da un fenómeno similar. Reclamos contra las políticas del gobierno como la construcción del tren maya o la embestida de Sanjuana Martínez contra los derechos laborales de las trabajadoras y trabadores de NOTIMEX, han tenido como límite la confianza en que los tribunales fallen a su favor o que un sector del gobierno los respalde, mientras que las principales organizaciones obreras y populares se niegan a volcar masivamente sus fuerzas a las calles para exigir e imponer su solución.
La confianza en la acción del Estado va acompañada de no ver la necesidad de una movilización amplia y generalizada, y esto es así porque la presión para obtener una negociación se transforma, de una cuestión táctica, en una estratégica. Dicho en otras palabras, para conquistar derechos se requieren movilizaciones masivas que nos busquen, solamente, mesas de negociación, sino que dobleguen al gobierno y se le arranquen todas las demandas. En este sentido, no podemos olvidar que las burocracias sindicales y políticas, comparten esa orientación, y por eso dejaron solos a los movimientos mencionados.
¿Por qué tanta confianza en las instituciones del Estado si históricamente han demostrado estar en contra de los derechos de las mayorías? Y cuando se ven obligadas a fallar a favor, sus laudos, sentencias o resoluciones, usualmente no se cumplen.
Un poco de historia
Para entender esta situación, es necesario volver a la historia de las organizaciones obreras. En la segunda década del siglo siglo XX, Luis M. Morones en su calidad de dirigente obrero captado y alineado con el constitucionalismo fundó la Confederación Regional Obrera Mexicano (CROM), cuyo propósito era el sometimiento de la clase obrera mexicana al Estado burgués emanado de la Revolución de 1910. La CROM fue central para la represión del movimiento comunista y anarquista en nuestro país. En este momento se colocaron los cimientos de lo que sería el corporativismo priista.
Posteriormente en el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue el momento en que el gobierno perfeccionó la corporativización al movimiento obrero, es decir, cooptando a dirigentes y financiando algunas organizaciones, los sindicatos se convirtieron en extensiones del Estado, imponiendo reglas, concepciones y dirigentes a la base trabajadora. Cárdenas reforzó este proceso al impulsar la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que aún hoy, 2021, son garantes del orden burgués.
A partir de este momento, la organización de sindicatos combativos u otros grupos fuera del aparato estatal era duramente reprimida, y si le sumamos que el Partido Comunista se sometió y pactó con el gobierno priista en turno, nos encontrábamos ante un control casi absoluto del movimiento obrero que duró más de dos décadas, hasta que empezaron a surgir movimientos en pos de la democratización sindical.
La ideología que acompañó a este corporativismo fue el discurso del “estado de
derecho”, más en específico el de la legalidad. Este aseguraba que todos los derechos estaban garantizados por la ley, y en caso de algún conflicto existían las instancias jurídicas necesarias para resolverlos –tribunales, juntas de conciliación, el propio presidente—. Este legalismo se reforzaba –y se refuerza— por los medios de comunicación, en la escuela, los barrios, los centros de trabajo, en resumen, en todos lados.
Este atrofiamiento de la lucha obrera tuvo funestas consecuencias, pues batallar en las calles y razonar como parte de una misma clase para conquistar derechos solamente se aprende luchando y organizándose. Si no se ejercita simplemente no se sabe cómo hacerlo cuando llega el momento de reclamar mejores condiciones de vida. O se hace bajo la estrategia reformista que predominantemente imponen las dirigencias de las organizaciones, tendiente a sembrar confianza en las instituciones.
Por eso, a la clase trabajadora mexicana le cuesta tanto trabajo construir una perspectiva independiente del Estado y sus leyes, lo que solo podrá conseguir a partir de la influencia de su vanguardia organizada en un partido revolucionario. Por su puesto no es una situación eterna o estática, en cualquier momento los trabajadores pueden salir a luchar y aprender en poco tiempo de lucha lo que muchos años no aprendieron.
Aunado a lo anterior, el legalismo se combinó perfectamente con tradiciones políticas como el caudillismo heredado de los gobiernos post revolucionarios. Se cristalizó en la conciencia popular que la mejor manera de resolver sus problemas no era con la lucha, sino por medio de un líder o un alto funcionario. De ahí, que la retórica progresista de AMLO provoque que los trabajadores vayan a buscarlo para que dé soluciones, aunque en los hechos sus políticas no resuelven los grandes problemas que aquejan a la población.
¿Cómo enfrentamos esta situación?
Lo primero que se debe tener claro es el carácter de clase de las instituciones del Estado. Se debe entender que éstas, y sus leyes, están diseñadas para el beneficio de una minoría que detenta el poder político y económico. Aunque las normas jurídicas proclamen derechos, estos son abstractos, o sea, sólo se encuentran en papel, pero el Estado (burgués), por su propio carácter, los niega constantemente en la vida cotidiana. En pocas palabras, la ley permite la desigualdad contra las y los trabajadores, aunque no lo exprese explícitamente.
Aun cuando haya algunos derechos que benefician a las y los trabajadores, no debemos olvidar que su marca de origen fue la lucha. Enormes confrontaciones –como la guerra revolucionaria— en la que obreros y campesinos arrancaron, en contra de la voluntad de las clases dominantes, conquistas como, por ejemplo, los derechos sociales. Que después fueron “expropiados” por el mismo Estado capitalista para mantener apaciguado al movimiento obrero y popular. Entonces, la forma de ejercer y conseguir estos derechos no está en las reglas del propio sistema, sino en la lucha de clases.
En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que arrancarles con la lucha derechos al Estado o a los patrones -para lo cual es válido y necesario utilizar incluso cualquier recurso legal favorable-, no nos debe confundir y llevar a confiar en aquellos. Los representantes del Estado siempre argumentarán que dichos derechos se consolidaran o se darán siempre y cuando se sigan las normas legales, lo que tiene como objetivo el desvío, la desmovilización y desarticulación de las luchas.
La salida es la organización independiente, unitaria de la clase trabajadora, a partir de la confianza en su propia fuerza, no depositando esperanzas en la legalidad estatal, pues esto nunca da buenos resultados. Para este objetivo el frente único que tenga una perspectiva independiente es una poderosa herramienta para la conquista de las demandas y otras conquistas.
