A dos meses de los terribles incendios que afectaron a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, miles de familias siguen esperando claridad sobre el plan de reconstrucción del gobierno. Desde el ejecutivo se habla de cinco años, un plazo inaceptable para quienes lo perdieron todo.
Miércoles 3 de abril
Dos meses se cumplen del fatídico 2 de febrero, un día que será recordado como uno de los incendios más terribles que ha afectado al país en su historia y uno de los más mortales del siglo XX.
Los más de 130 fallecidos y con casi el 30% de las viviendas de Viña del Mar incendiadas, la “normalización” de la vida en El Olivar, Villa Independencia o la población Pompeya, ha traído enormes costos para familias que en solo un par de horas lo perdieron todo en un voraz incendio de los que aún no se sabe quienes fueron los culpables, las sospechas siguen recayendo sobre quienes hacen negocios con estas tragedias: empresas ligadas a la industria forestal, inmobiliarias e incluso las mismas encargadas del arrendamiento de insumos para el combate de incendios (El famoso cartel del fuego), etc.
Pasada la emergencia, los trabajos de remoción de escombros y limpieza de los sitios está casi terminado y en muchos lugares, las casas de emergencia entregadas por el gobierno y las autogestionada por los propios pobladores, comienzan a presentar dificultades como es la instalación de los sistemas de alcantarillado o conexiones a fosos sépticos, lo que en voz de los propios vecinos, impide el poder mantenerse de forma permanente en los lugares antes siniestrados.
Esta precariedad, ha llevado a grupos de pobladores a salir a protestar contra la lenta respuesta del gobierno sumado a la alta incertidumbre sobre su situación futura en torno al propio proceso de reconstrucción.
Muchos de los sitios, sobre todo en la población El Olivar, deben pasar por un proceso de demolición de las estructuras sólidas que quedaron en pie, pero los vecinos reclaman que dichos decretos de demolición no van acompañados de un plan de reconstrucción (con plazos) de dichos inmuebles, a su vez, denuncian cambios en los avalúos fiscales de las propiedades que pasan de valer entre $30 o $40 millones de pesos a tan solo $800 o $900 mil pesos.
En lo que va de marzo se han registrado dos manifestaciones en la zona del troncal, que conecta la ciudad jardín con Quilpué y Villa Alemana.
Hasta ahora desde el gobierno y la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se limitaron a señalar que el plan de reconstrucción incluiría un presupuesto estatal superior a los US$1000 millones de dólares que consta con 170 medidas aún desconocidas, lo cual genera aun más incertidumbre entre las familias afectadas.
Un plan de vivienda lejos de las necesidades
Si bien aun no se conoce el detalle del plan del gobierno, mucho de lo dicho por las propias autoridades da luz de hacia dónde se quieren mover para resolver la emergencia: Primero un plan a largo plazo, sin ninguna prioridad y buscan negociar, paso a paso, cada medida con empresas privadas para fijar los límites de la regularización de los usos del suelo, el número de demoliciones y posteriormente los planes de reconstrucción de viviendas siniestradas. Además, el gobierno solo ha entregado ayudas para paliar la situación como los subsidios para el arriendo o la compra de enseres mientras las familias deben buscar lugares para vivir, ya que un importante número de viviendas de emergencia sigue sin tener conexión al alcantarillado, o siguen existiendo miles de familias que aún no reciben ni siquiera la casa de emergencia.
Segundo: al igual como en otras oportunidades, el plan de reconstrucción ha excluido a los propios afectados en la búsqueda de soluciones, lo que, como decíamos antes, llena de incertidumbres las más de 8000 familias que perdieron sus hogares, no teniendo claro si podrán permanecer en los mismos lugares que habitaban, si las autoridades pretenden relocalizar las viviendas o atender a necesidades históricas de la planificación del espacio a manos de quienes los habitan.
Hace falta un plan integral gestionado por los propios habitantes junto a los trabajadores
A dos meses de la emergencia, la exclusión de los habitantes de las zonas afectadas en la planificación de la reconstrucción es una política de este Estado empresarial para cerrar por arriba jugosos negocios que vayan de la mano con levantar nuevas viviendas.
Desde estas páginas hemos abogado porque la reconstrucción no sea un plan elaborado entre cuatro paredes, sino que sea parte de una política que integre el presupuesto del Estado pero que sea gestionado por los propios vecinos, trabajadores, técnicos de las universidades públicas de la región y que sea debatido y resuelto por las propias comunidades afectadas, buscando las mejores soluciones para las propias comunidades y no las que determinen cuerpos técnicos al servicio de los mismos de siempre.
