Desde la Secretaría de Energía de la Nación se exigió la reapertura del puerto regasificador que había sido clausurado por la justicia por su alta peligrosidad, gracias a la lucha de las organizaciones ambientales y los vecinos.
Lunes 1ro de febrero de 2021 22:37
En una nueva medida judicial el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó el viernes pasado, el levantamiento de la clausura del puerto regasificador de Escobar, dejando nuevamente operativa la planta. Se suspende también la prohibición de los movimientos de arribo y salidas de buques metaneros.
Según el secretario de Energía nacional, Darío Martínez, la reapertura es para abastecer la demanda de Gas nacional en los próximos meses. De esta manera, el Gobierno nacional da apoyo político a las acciones judiciales que ya había iniciado YPF, sabiendo del peligro inminente que existe para la población. El puerto había sido clausurado, el pasado 16 de octubre de 2020 por el mismo juez González Charvay, debido a su alta peligrosidad según una investigaciòn realizada.
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La pericia técnica realizada concluye que el proceso de descarga del GNL (gas natural licuado) podría ocasionar posibles riesgos de incendios y/o explosiones de consecuencias catastróficas.
El tipo de explosión VCE (vapour cloud explosion) y BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion) son una posibilidad que hay que considerar para las instalaciones que operan con GNL, "por su elevado poder destructivo, capaz de reducir a escombros varios miles de metros cuadrados de superficie alrededor de su epicentro”, detalló el juez al ordenar la clausura en octubre pasado.
Según la Directriz Básica de la legislación europea SEVESO III, el riesgo de este tipo de terminales no es aceptable en zonas pobladas considerando la magnitud de las consecuencias y la cantidad de vidas perdidas en los escenarios de explosiones de tipo VCE/BLEVE.
El puerto regasificador tiene un riesgo quinientas veces mayor al valor umbral según las legislaciones. Dados los análisis realizados, los riesgos de altos márgenes de letalidad para la población y el ecosistema deltaico “no son aceptables” tanto en la Terminal como en el recorrido de los buques metaneros - tramo de los 25 kilómetros en el río Paraná -. Esto significa que no puede estar localizado donde está y que nunca debió haber sido ubicado allí, a pesar de que comenzara a operar en el año 2011, según un informe pericial de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas de Zamora.
En el informe pericial, para los escenarios analizados de posibles explosiones de GNL habría un elevado número de víctimas fatales en la población circundante, por los efectos de la onda expansiva, sumado a los daños producidos por los trozos de las instalaciones y equipos que salen despedidos, los efectos de la radiación térmica y los tiempos de exposición a la misma.
Las zonas de afectación y letalidad y las “Zonas de Alerta” que representan el paso del Buque LNG Carrier abarcan desde Magdalena, La Plata, Berisso, Berazategui, Quilmes, Lanús, Avellaneda, la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, hasta Campana y sobre todo Escobar, el epicentro donde se encuentra emplazado el puerto.
A pesar de las razones concisas de los riesgos de puerto y las legislaciones internacionales, la pericia realizada por el equipo de profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas de Zamora, fue desestimada por falta de participación en las mismas de la Prefectura Naval y de la Secretaría de Energía, según la última disposición judicial.
Las organizaciones ambientalistas y vecinos de Escobar, que vienen denunciando el peligro del puerto regasificador desde que comenzaron a construirlo, se hallan muy preocupados por el levantamiento de la clausura. Sostienen que la población se encuentra en peligro permanente por las operatorias de alto riesgo, como la transferencia de GNL “buque a buque” (ship to ship), efectuadas en violación a un amplio marco jurídico nacional, internacional y normas básicas de seguridad. Como vienen denunciando desde 2011, las organizaciones señalan que “un buque de almacenamiento y regasificación es una instalación diseñada para operar en alta mar y no en un río, como lo es el Paraná en su Delta”. Ante un accidente, como un incendio (hubo un incendio en el buque en junio del año 2015), el buque regasificador no puede zarpar y alejarse de las áreas pobladas, por el riesgo de explosión en caso de no controlarse el incendio.
El riesgo que implica el puerto no es el único problema: para llevar a cabo la reconversión del GNL del estado líquido a gaseoso se necesitan unos 400 millones de litros de agua del río Paraná. Esto es lo que consumen a diario unas 2 a 4 millones de personas. El agua es devuelta al río con cloro y otros contaminantes, entre 7 a 10 ° C más fría que la temperatura a la cual fue tomada, provocando un severo impacto ambiental. Aún en mar abierto, en donde la renovación de agua es superior, ha provocado graves daños.
Junto con las asociaciones ambientalistas y vecinos, consideramos que la presencia del puerto regasificador es una falta de respeto hacia el medio ambiente y la población a la que se pone en riesgo. No se ha respetado, entre otros, los principios preventivo y precautorio de la Ley General del Ambiente ante la magnitud de la amenaza con consecuencias catastróficas que representan los peligros de tener un puerto regasificador tan cercano a la zona más densamente poblada del país. El riesgo es enorme, los datos que se exponen como prueba, son respaldados por legislaciones internacionales y académicos.
La terminal se construyó bajo el gobierno de Cristina Kirchner contra la voluntad de la población y las normas. Durante años las organizaciones ambientales y vecinos demostraron que la presencia de la planta es un negocio en beneficio para ellos y no para la población, con un discurso de progreso al acceso de un derecho básico como acceder al gas natural, pero poniendo en riesgo la vida de la población a costa de acumular sus ganancias. Tenemos déficit energético en el país, pero no por eso es lícito que la población corra un riesgo tal. Tenemos la capacidad material e intelectual para llevar a cabo obras de aprovechamiento de energías alternativas sustentables, sin embargo los gobiernos jamás han considerado esa posibilidad. Las decisiones gubernamentales en cambio, se basan en las demandas empresariales, en este caso a la importación de gas licuado de distintos países generando una pérdida de divisas y poniendo en riesgo a toda la población.
Agradecimiento: Asociación Ambientalista www.aapescobar.org por el uso de las imágenes y su explicación.
