Movimiento Estudiantil. Ley Castells, Presupuestos de la Generalitat y lucha por la gratuidad: los retos del movimiento estudiantil en Catalunya

Después de casi un año y medio con las universidades cerradas en Catalunya, ya llevamos varías semanas de clase en las facultades. A pesar de que no se respira un ambiente de normalidad absoluta, vuelven los aires de una universidad pre-covid. Las clases presenciales, las birras en el bar y, como no podía faltar, la organización estudiantil gravemente golpeada por la imposición de la docencia en línea.

Ya han empezado a celebrarse las primeras asambleas de facultad en universidades como la UPF, la UB o la UAB, con la participación de decenas de estudiantes. En la UAB, este miércoles vivimos una [contundente respuesta del movimiento estudiantil para enfrentar a la organización de extrema derecha S’ha Acabat! y los diputados de Vox, Ignacio Garriga, y Ciutadans, Carlos Carrizosa, que fueron a hacerse la foto.

Una nueva reforma para profundizar el modelo de universidad-empresa.

Esta vuelta a las clases y las asambleas se produce a la vez se presenta la nueva ley universitaria del ministro Manuel Castells, de Unidas Podamos. Este firme defensor del Plan Bolonia hace más de una década, y ahora ministro del gobierno de "izquierdas más de derechas de la historia" plantea su proyecto de una universidad neoliberal en clave “progresista”. Si la última gran ofensiva ya expulsó a miles de estudiantes de las aulas con el aumento de las tasas y mercantilización todavía más de la educación, la Ley Castells se mantiene en la misma línea.

A falta todavía de algunas modificaciones que no cambiarán el contenido de fondo, los principales aspectos ya son conocidos, tal y como hemos analizado anteriormente. Algunos de los elementos a destacar son el aumento de la precarización del alumnado por medio de nuevas prácticas para servir de mano de obra barata en las empresas, la amenaza encubierta de miles de puestos de trabajo del profesorado asociado y la reducción de la (escasa) democracia interna dentro de los centros. Además, se introducen (más) mecanismos institucionales y financieros que otorgan mayor poder a las empresas y, por lo tanto, sigue garantizando un conocimiento al servicio de los intereses privados.

Estas medidas se sumarían también a la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), una norma disciplinaria promovida por el mismo ministro de Unidas Podamos y que supone un ataque al movimiento estudiantil, criminalizando las acciones de protesta estudiantil y dando barra libre al rector para sancionar.

Desde las organizaciones que formamos parte del movimiento estudiantil, no podemos dejar pasar este ataque. Hay que trabajar codo con codo, sin renunciar cada una en nuestras posiciones diferentes, para levantar un gran movimiento de rechazo a esta nueva contrarreforma. Tenemos que promover las asambleas en cada centro de estudio y masificar las existentes, para discutir como hacemos frente a estas leyes y cuales son nuestras demandas. Definir así un plan de lucha desde la base. Aquellos y aquellas que militamos en agrupaciones como Contracorriente, SEPC, Frente de Estudiantes, AEP o Obrir Escletxa tenemos que construir y masificar este tipo de espacios para poner de pie un gran movimiento estudiantil que tumbe la Ley Castells.

La Generalitat mantiene la universidad más cara y privatizada del Estado

La LOSU llega en un contexto de crisis educativa que no desaparece con la vuelta a las aulas. El cierre de las universidades por parte de la Generalitat y la imposición de la docencia en línea sin garantizar los recursos la agravaron, combinándose con problemas ya existentes como las tasas universitarias superiores a 1.000€ o la dificultad para compatibilizar estudio y trabajo. La pandemia reflejó las desigualdades de recursos entre estudiantes fruto de las diferencias sociales en una universidad cada vez más elitizada.

Durante estas semanas se están elaborando y negociando los nuevos Presupuestos de la Generalitat. La partida destinada en las universidades nuevamente se prevé que no llegue ni a los 900 millones. Esto significa mantenerse en un miserables 0,4% del PIB.

La infrafinanciación pública de las universidades es la coartada perfecta para que la casta universitaria recurra a la búsqueda de mecenas. Empresas de todo tipo que participan de sus cuentas a expensas de ser ellas las que, por los vías formales que ahora Castells quiere mejorar a su favor o ejerciendo de lobbies, decidan que estudiamos, en qué condiciones y que se investiga en la universidad pública.

Además, el pobre presupuesto público explica que Catalunya, a pesar de la rebaja de tasas que consiguió el curso pasado el movimiento estudiantil, continúe siendo la Comunidad Autónoma con tasas más altas, con grados que van de 1060 a 1600 euros anuales. Una frontera de clase que deja a decenas de miles de estudiantes de familias obreras y rentas bajas por fuera de los estudios universitarios.

Hay una clara relación entre la Ley Castells, que quiere poner alfombra roja a las empresas y profundizar la elitización, con la política presupuestaria de la Generalitat. Por eso el movimiento estudiantil no nos tenemos que conformar solo con la resistencia a Castells, sino que también tenemos que pasar a la ofensiva y atacar las bases de la universidad-empresa y la elitización existente.

Durante estas semanas en que se tramitarán el Presupuestos tenemos que hacer oir nuestras reivindicaciones. ¿Qué pasa con la gratuidad? el movimiento estudiantil, impulsando asambleas en las facultades, tendríamos pues que exigir que se doble el presupuesto de las universidades, se acabe con la financiación privada y se incluya de una vez la gratuidad de todos los estudios universitarios.

¿Qué universidad queremos? Más allá del Compromís

Precisamente, varios temas tratados a la nueva legislación ya fueron objetos de preocupación con la campaña del Compromís del curso pasado. Hay que recordar que esta iniciativa pretendía buscar el espaldarazo de los rectorados con una serie de cuestiones como la la equiparación de los precios de grados y máster, la remuneración obligatoria de las prácticas, el apoyo a las encausadas para defender la Pública, un plan de choque para garantizar el catalán en las aulas y nuevos protocolos feministas efectivos, así como la revisión de los planes docentes para acabar con la invisibilització de las mujeres.

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Después de una rebaja del programa, el acuerdo fue finalmente firmado. Tal y como señalamos desde Contracorriente, aquello firmado, a pesar de haber quedado muy lejos de las demandas necesarias para resolver la crisis educativa, representaba papel mojado si no había un movimiento estudiantil fuerte capaz de imponerlo a la Generalitat – apoyada siempre por los rectorados – que es quien tiene capacidad real de garantizar la mayoría de los puntos del Compromís. Ahora, la legislación que llega con Castells supone una negación total del acuerdo: más formas de precarizar al alumnado, más mercantilización y más posibilitados para reprimir.

En un contexto de crisis educativa, hay que salir a enfrentar estos ataques y empezar a discutir qué modelo de universidad queremos. No nos tragamos la excusa de la Generalitat y el gobierno del PSOE-UP que dicen que no hay dinero para educación mientras planean destinar miles de millones a burguesía catalana y española a través de los Fondos Europeos.

Tenemos que luchar por una universidad totalmente gratuita, financiada de manera 100% pública con impuestos a las grandes fortunas y los beneficios empresariales. Basta de aceptar la utilización de las estudiantes como mano de obra barata por las empresas y las condicionas precarias para el profesorado asociado, defendamos la remuneración de todas las prácticas según el convenio del sector y la internalización fija del profesorado temporal en condiciones dignas.

La pandemia y las vacunas ya nos han demostrado qué pasa cuando el conocimiento sirve los intereses privados. Por eso, queremos una universidad gobernada democráticamente por estudiantes, docentes y trabajadoras para poner el conocimiento al servicio de dar respuesta a los problemas de la clase trabajadora y los sectores populares.

Ni gobierno “progresista” ni Generalitat ¡Por un movimiento estudiantil unido en la clase trabajadora!

Igual de importante es saber por qué salir a luchar como saber con quién hacerlo. Ni ponerle freno a la Ley Castells, ni conseguir la gratuidad son objetivos alcanzables de la mano del gobierno del PSOE-UP que sale adelante la reforma. Tampoco podemos confiar en la Generalitat, que siempre ha sido la más firme defensora del modelo universidad-empresa y las elevadas tasas.

En este sentido, una fuerza que se reivindica anticapitalista como la CUP, tiene que plantearse si rompe su apoyo al neoliberalismo “progresista” catalán del Govern y no aprueba los Presupuestos o, por el contrario, pretende continuar con un papel de socio parlamentario de un gobierno “republicano” que sigue gobernando para los mismos que lo hizo durando décadas el pujolismo.

Las fuerzas para conseguir nuestras demandas se encuentran en levantar un gran movimiento estudiantil unido con la clase trabajadora, aquella que sufre la subida de la luz de las eléctricas y las políticas de externalización y subcontratación de ERC-JxCat y PSOE-UP. Esta es la fórmula para enfrentar los ataques que están para venir, tanto por parte del gobierno central en forma de Ley Castells, recortes y reformas de pensiones y laborales comprometidas para pagar las ayudas europeas en la IBEX 35, como por parte del gobierno catalán que reproduce aquello esencial de las políticas que se aprueban a Moncloa.