Un proyecto de ley propone derogar los decretos secretos de la dictadura de Onganía que instituyeron y reglamentaron el espionaje de la Policía Federal. Es impulsado en la Cámara de Diputados por Nicolás del Caño (PTS/FIT) y ya recogió las primeras adhesiones.
Sábado 4 de octubre de 2014
El proyecto en cuestión plantea la derogación del Decreto Ley 9.021/63 que instituye el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina y su decreto reglamentario 2.322/67. Ambos decretos están vigentes en la actualidad y son los que dan un “marco legal” al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, cuya función es el espionaje político.
Nicolás del Caño, diputado del PTS en el Frente de Izquierda, fundamentó el proyecto señalando que “elaboramos este proyecto con mi compañera Myriam Bregman porque vemos imperioso terminar con toda normativa secreta heredada de dictaduras pasadas pero que conservan su vigencia y, lo que es más grave, que permiten que continúen funcionando los organismos de espionaje político instituidos por esas normas inconstitucionales. Por eso proponemos disolver el cuerpo de espías que posee la Policía Federal Argentina y permitir que los organismos de derechos humanos de reconocido funcionamiento en el país tengan acceso a esa información, así como permitir que las víctimas del espionaje político puedan acceder a aquella información en tanto se vean mencionados en ella”.
La actividad desarrollada por el Cuerpo de Informaciones de la PFA es completamente inconstitucional y contraria a la Ley de Inteligencia 25.520 y es una práctica que, más allá de su origen dictatorial, se viene ejerciendo sostenidamente durante los distintos gobiernos constitucionales, afectando gravemente las libertades públicas y los derechos de reunión, expresión y a la intimidad de aquellos que tienen una militancia política, gremial, social o en el ámbito de los derechos humanos.
El tema es de gran actualidad porque aún existiendo otros antecedentes en la historia reciente de nuestro país, causó gran conmoción la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos sobre la infiltración de un agente secreto de la Policía Federal Argentina en un medio de comunicación alternativo como la “Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh” y desde allí entablando relaciones con gremios y referentes políticos y sociales.
Myriam Bregman, abogada del PTS y del CEPRODH, es una de las impulsoras de la denuncia por la infiltración del oficial de inteligencia de la Sección “Reunión de Datos- División Análisis” de la Policía Federal, Américo Alejandro Balbuena, en la señalada agencia desde el año 2002 hasta el mes de abril de 2013 en que fue descubierto y puesto en evidencia. Bregman detalló que Balbuena “simuló ser periodista y así obtuvo ilegalmente información de las distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos que tenía asignadas como objetivo. Ya en el año 2001 Balbuena comenzó a ser parte de la red de corresponsales populares de “FM La Tribu” y al año siguiente ingresó en la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, valiéndose en forma pérfida de haber sido vecino y compañero de la escuela primaria de uno de los fundadores de ese medio alternativo. Durante los once años en que el espía Balbuena mantuvo su actividad como infiltrado, simuló ser periodista para aparecer cubriendo periodísticamente una amplia agenda de actividades y eso le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes. Incluso por esa vía llegó a realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos. Todo esto lo denunciamos y probamos en la Justicia”.
El cuerpo de espías que integra Américo Balbuena apela para su funcionamiento al Decreto-Ley 9.021/63 que instituye la ‘Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina’ y su reglamentación aprobada por el Decreto 2.322/67. Conforman un organismo especial de la Policía Federal que funciona como una estructura paralela y con unos mil agentes asignados. La actividad desarrollada por estos espías expresamente viola la Ley 25.520 en sus arts. 2°, 3° y 4°; el decreto que usan como basamento para su funcionamiento está expresamente derogado por el art. 52 de esa ley pues deja sin efecto "toda norma de carácter público, reservado, secreto, publicada o no publicada que se oponga a la presente ley".
En el año 2003 se dictó la Resolución 38/03 de Presidencia sobre “Organismos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad y Policiales” en la que se instruyó “a los organismos mencionados a fin de que las tareas de obtención, reunión, sistematización y análisis de información se ajusten estrictamente a las disposiciones contenidas en las Leyes 24.059 de Seguridad Interior y 25.520 de Inteligencia Nacional. Entiéndense derogados el Decreto Ley N° 9021/63 y el Decreto N° 2322/67, en virtud de lo establecido por la segunda de las leyes citadas”. Pero como demuestra la actividad desarrollada por Américo Balbuena, nunca se implementó y el espionaje nunca se detuvo.
Cuando el 3 de abril del corriente año, el Jefe de Gabinete brindó su informe en la Cámara de Diputados, a instancias del diputado Nicolás del Caño (PTS/FIT), Jorge Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. El Jefe de Gabinete dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si además de “las incompatibilidades denunciadas” existía la comisión de un delito.
También allí habló de la derogación del decreto-ley que fundó el órgano de espionaje.
En sus próximas presentaciones, no hubo referencia al respecto.
