Luego de que en el Tribunal Constitucional se rechazara la exigencia de arrepentimiento en una declaración pública, desde el gobierno de Piñera se lanza un proyecto con el fin de seguir entregando beneficios a los criminales de lesa humanidad.
Martes 1ro de enero de 2019
El proyecto de Piñera denominado “Ley Humanitaria”, ingresado en el congreso el pasado viernes, les otorgaría arresto domiciliario a los reos que tengan diagnosticada una enfermedad terminal; que sufran algún menoscabo físico grave e irrecuperable que los haga dependientes; o llevar cumplida al menos la mitad de la condena y tener más de 75 años.
El proyecto tuvo críticas tanto por parte de organismos y organizaciones de Derechos Humanos como por la llamada “familia militar”, quienes consideraron el proyecto una traición, porque claro, lo que les gustaría es tener a todos los violadores de derechos humanos de la dictadura en sus casas libres a la edad que fuera o por último en cárceles con mayores lujos.
Ya hemos visto cómo sectores de RN se han acercado a Kast, ya hemos visto cómo Kast se lleva políticamente con la “familia militar”, ya hemos visto cómo desde el gobierno se ha hecho renunciar a más de 50 altos cargos de carabineros. Con éstos elementos busca entregar concesiones a estos sectores de la derecha más reaccionaria y de los sectores pinochetistas más convencidos.
Ésta ley es también un gesto político. Se está discutiendo desde mitad del 2018 y ahora acabando el año entra al congreso, en un momento clave para hacer política hacia la familia militar y el pinochetismo, pero sin poder arriesgarse tanto a ser más cuestionado aún en términos de derechos humanos, sobretodo después del asesinato de Camilo Catrillanca y de la fuerza que demostraron tener los portuarios en su lucha, unidos a varios sectores de la juventud y estudiantes.
Ahora la discusión de rebaja de penas se vuelve una discusión, porque se le hace a esos violadores de derechos humanos, a esos que deberían estar encerrados en cárceles comunes trabajando, en esas cárceles en las que meten a los sectores más empobrecidos y marginados, a quienes los convierten en delincuentes cuando los arrojan a las peores condiciones de miseria y luego los encierran. A esas mismas cárceles en las que hacen pagar a sectores de los más oprimidos por el mismo sistema social y económico que construyeron a punta de violación a los derechos humanos en la dictadura, y que los partidos del régimen desde la transición no han hecho más que resguardar.
