El gobierno ha respondido a las exigencias del gremio de camioneros al promulgar una ley que endurece las penas por ataques incendiarios, al mismo tiempo que promete más represión y persecución a la protesta social.
Viernes 14 de agosto de 2020
Durante la jornada de ayer Sebastián Piñera promulgó la Ley Juan Barrios que endurece las penas por ataques incendiarios, para luego “recordar” la agenda propuesta desde octubre que en toda línea es un fortalecimiento de la represión con fortalecimiento de la policía y endurecimiento de las condenas.
La Ley Juan Barrios implica incluir los ataques a los vehículos motorizados a los delitos catalogados como ataques incendiarios, además crea una nueva agravante dentro de la misma causa con el objetivo de aumentar las penas, las cuales podrían llegar hasta los 15 años de presidio.
¿Quiénes exigen esta ley?
Esta Ley era una de las primordiales exigencias de los empresarios de camiones, representados por personajes como Sergio Pérez, un ultra derechista y ex Patria y Libertad, tampoco podemos olvidar el rol que han jugado las forestales, principales enemigos de la resistencia mapuche, que han apoyado el fortalecimiento de la represión y la criminalización a los comuneros.
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En este sentido es importante recordar que los camioneros fueron un sector importante en la dictadura de Pinochet, representaban la movilización de los sectores más conservadores contra las organizaciones de trabajadores y de los sectores oprimidos.
En toda línea, hoy día a meses de la revuelta, con una gran cantidad de presxs politicxs y en medio de la resistencia del pueblo mapuche, los camioneros vuelven a jugar su rol de antaño, siendo la presión empresarial exacta para que el gobierno endurezca su agenda represiva.
Esto demuestra hacia dónde carga la balanza la justicia de este estado capitalista. Hace unos días Sebastián Piñera hablaba de condenar con “igualdad”, pero - incluso - desde antes de la revuelta de octubre, ha quedado bien claro que la igualdad ante la ley no existe y se trata más bien de una justicia para ricos que condena a luchadorxs y al conjunto del pueblo trabajador
Desde la oposición el Senador Harboe (PPD), ex subsecretario de interior del gobierno de Bachelet y uno de los responsables políticos de asesinato de mapuche en la región, criticó hipócritamente la aprobación de la ley en favor de los camioneros: “Yo lamento profundamente la imagen que vimos hoy día, después de un ultimátum de los camioneros: ver al Presidente de la República rodeado de camiones anunciando un proyecto de ley que los beneficia, me parece una pésima señal. Es decir, el que amenaza con cortar las carreteras, tiene la atención presidencial”.
Harboe añadió que en la Araucanía hay un escenario de “violencia desatada” y que la mejor forma de resolverlo es reponiendo el estado de derecho, una expresión más del terrorismo de Estado que perpetuaron los gobiernos de la ex Concertación contra el pueblo mapuche.
La justicia a beneficio de los ricos continua, desde la oposición no hay más que silencio o posturas que llaman a respetar los límites de la legalidad empresarial, lo que deja totalmente expuestos a la represión a quienes se movilizan contra este sistema.
Es por eso que no solo debemos rodear de solidaridad al pueblo mapuche, si no que debemos poner en pie un plan de acción al que se sumen lo organismos de estudiantes y trabajadores, como la CUT, la CONFECh y la ACES, que tenga por objetivo la libertad de todxs lxs presxs politicxs del pueblo mapuche y que busque enfrentar la represión del gobierno de Piñera.
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