Ley Naín Retamal. La farsa del populismo penal y el gobierno de Boric haciéndole el juego a la derecha

La disputa parece ser sobre quién apoya más incondicionalmente a carabineros: o la derecha o el gobierno/oficialismo. Se olvidaron de la discusión de la “reforma”, se enterraron los tweets donde denunciaban violaciones a los derechos humanos cometidos por la institución policial durante la revuelta popular, o incluso olvidaron sus críticas a proyectos de ley nacidos del piñerismo como la Ley de Infraestructura Crítica.

Todo eso quedó en el pasado, y es preferible, para el gobierno, que se olvide. Ahora se trata de mostrar la mayor cantidad de gestos (públicos, mediáticos o legislativos) para mostrar su apoyo irrestricto a dicha institución.

Así se despacharon frases para el bronce: desde el arengazo de Boric a carabineros en la mañana del 29 de marzo, día del joven combatiente donde se conmemora el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, asesinados precisamente por dicha institución, donde el Presidente les garantizó “todo su respaldo” a los uniformados, hasta los polémicos dichos de Carolina Tohá quien señaló que “las policías tienen que hacer uso de la fuerza, no pueden dejar arrancar a un delincuente, tienen que perseguirlo, y si se arranca, hay que dispararle”.

Mientras tanto, la derecha presiona desde el Parlamento, otros toman palco, y algunos se posicionan como candidatos presidenciales. El escenario es claro: el gobierno pretende gobernar impulsando la agenda de la derecha, pero quien sale ganando sólo es la derecha.

No podemos sino recordar una de las razones que esgrimían desde Apruebo Dignidad para votar por Boric: había que “frenar al fascismo”. Pues bien, parece que ha sido precisamente su gobierno el que le ha abierto la puerta no sólo a una derecha que se envalentona, sino que también a una escalada autoritaria, securitaria y represiva que sólo golpeará a los sectores populares, trabajadores y a quienes salgan a luchar.

Y ese es precisamente el mayor punto de alerta, más allá de los ires y venires de la disputa política entre los partidos tradicionales: esta agenda autoritaria está lejos de ser el camino para enfrentar el problema de seguridad, y cada ley, cada medida para fortalecer el poder de este Estado, aunque sea con la “excusa” de la delincuencia, será usada en su momento contra quienes se organicen o luchen por sus demandas.

Ley Naín Retamal, Ley Gatillo Fácil

La ley Naín Retamal es un ejemplo gráfico de dicha situación, donde sectores del oficialismo en la cámara de diputados la aprobaron (PS), otros sectores se abstuvieron y otros votaron en contra, pero que el gobierno asumió como propia y anunció ya que sólo hará algunas indicaciones al proyecto.

Han sido diversas las voces que han salido planteando preocupación por la aprobación de esta ley (Mauricio Duce, Claudio Nash, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros). Entre algunos de los aspectos que se denuncian está el hecho de que es una medida que entrega facultades excesivas (dice la Comisión Chilena de DDHH) que atentan contra los derechos humanos y que incluso desconoce recomendaciones de organismos internacionales.

Es una ley que se ha llamado de “Gatillo fácil” y la experiencia internacional debe alertarnos: con las brutales imágenes de casos de violencia policial en Estados Unidos donde la policía asesina con total impunidad especialmente a jóvenes negros, o las cifras en Argentina donde el gatillo fácil se cobra un muerto cada 24-30 horas según informes de la Coordinadora Nacional Contra la Represión Institucional de dicho país. ¿Y se ha reducido la “delincuencia” o ha aumentado la “seguridad” en dichos países producto de esas imágenes y cifras? Precisamente, todo lo contrario.

Por otra parte, toda la evidencia nacional e internacional demuestra que el aumento de penas no soluciona el problema de la seguridad, y que llenar las cárceles tampoco, sino que, muy por el contrario, arroja a más jóvenes a la miseria y a los círculos del narcotráfico.

El ejemplo del 2020 en el país es gráfico: en dicho año se tuvo una de las tasas más altas de homicidios en la historia reciente del país, a pesar de encontrarnos en plena pandemia, con Estado de Excepción, limitaciones extremas en la movilidad de la población, presencia militar permanente en las calles.

Y para que referirnos a los 17 años de dictadura, con un Estado de Excepción casi permanente, con un toque de queda que duró desde 1973 hasta 1987 que se interrumpió en contadas ocasiones, y donde, a pesar de aquello, apareció y se masificó el narcotráfico como un fenómeno que comenzó a azotar las poblaciones del país (y donde hubo acusaciones directas contra el propio Pinochet de ser parte del negocio de las drogas, acusaciones realizadas por su antigua mano derecha Manuel Contreras el año 2006).

Mayor represión, más criminalización, penas más duras y más impunidad para las policías están lejos de ser la solución a un problema (la delincuencia) que tiene explicaciones mucho más complejas y de fondo, que se relacionan con la pobreza, la miseria, la deserción escolar, la falta de oportunidades, de vivienda digna, y que está, en el fondo, íntimamente relacionado a un modelo neoliberal y un sistema capitalista que arroja a cientos de miles a esas condiciones de vida.

No es sólo una ley

Pero no es sólo una ley, es una batería de proyectos y medidas que se buscan aprobar en los marcos del clima autoritario y securitario que se ha venido instalando: son más de 15 proyectos de ley que dicen relación o con aumentos de penas, con carabineros e incluso con el conflicto del Estado chileno en territorio mapuche.

Sumado a eso, en pocas horas, e incluso antes de la votación de la ley Naín Retamal, diputados despacharon proyectos de ley que agrava penas en delitos de secuestro y otros, en proyectos donde no hubo discusión ni reflexión y se aprobaron de manera unánime y sin abstenciones.

A estos elementos se debe agregar la extensión por vez número 20 del Estado de Excepción en territorio mapuche aprobada la semana pasada y la aprobación de la ley de infraestructura crítica, junto con los llamados de voces ligadas al oficialismo (el gobernador de Valparaíso y senadores de la región Metropolitana) a la posibilidad de establecer un Estado de Emergencia en la zona central del país.

El gobierno ha decidido jugar el juego de la derecha, con sus reglas y con su lenguaje. Y esto sólo puede traducirse en peligros para los sectores populares, para comunidades mapuche, para la juventud, para los trabajadores o para todo quien se proponga salir a luchar.

Es necesario que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de izquierda, sindicales, estudiantiles, levantemos en común una amplia campaña democrática contra la Ley Naín Retamal, por tirarla abajo y para exigir que no se apruebe, para terminar con esta agenda autoritaria y securitaria y para poner sobre la mesa los temas de fondo, las demandas obreras y populares.