Bullying patronal en el Congreso. Massa, equilibrista y aliado de Macri. Los sindicatos y su parcialidad. La izquierda exige una fuerte movilización para imponer la ley.
Miércoles 11 de mayo de 2016
La cara de más de uno se desfiguró cuando apareció el segundo “representante” de las Pymes este martes al mediodía en la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y presidente de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) se sentó en el centro de la mesa a exponer.
La COPAL agrupa en su seno a algunas de las grandes productores de alimentos del todo el país. Está lejos (mucho) de ser una “empresa familiar” como definió a las Pymes otro invitado de la mañana, Osvaldo Cornide de la CAME, una de la cámaras que agrupa a empresarios precarizadores por excelencia.
“No creemos que haya emergencia ocupacional” arrancó Funes de Rioja. Luego reivindicaría las “buenas intenciones” de los legisladores, solo para decir que “esta herramienta no sirve” en referencia a la ley.
El empresario actuó como el vocero del acuerdo firmado el lunes por la noche entre gobierno y grandes patronales. No faltó a la verdad, reconociendo que la firma no implicaba consecuencia alguna y que, como representante de las asociaciones, no podían obligar a las empresas individuales a respetarlo.
Funes de Rioja intentó presentar como el “verdadero” problema de la clase trabajadora a la informalidad, que alcanza a un 40% de la misma. El empresario hablaba como si se tratara de un problema “natural” y no de una cuestión social donde las decisiones de los capitalistas pesan. No está de más recordar que el expositor es vicepresidente de la UIA.
Junto a sus asesores legales no se privó de advertir contra las eventuales “avivadas” de los trabajadores que favorecerían “la industria del juicio”. Resulta insólito (e insultante) que los empresarios que fugan millones de dólares, abren cuentas en paraísos fiscales y evaden impuestos a más no poder, critiquen las supuestas “avivadas” de los trabajadores. La diputada Bregman (PTS/FIT) calificaría esto como “ejemplos que denigran a los trabajadores”.
El partido patronal
José Aricó, uno de los fundadores de la revista Pasado y Presente, escribía en 1979 que una de las ventajas de la dominación capitalista es la separación, naturalizada, entre las esferas de la economía y la política.
La clase dominante ejerce su poder pero medio de una casta política que ratifica diariamente su dominación. El macrismo y su gobierno de CEO es -hasta cierto punto- una novedad, al poner a gerentes y propietarios al frente de su propio Estado.
En estas jornadas, que muchos analistas califican como los días más difíciles del macrismo desde que llegó el gobierno, la clase capitalista entró en la escena política en estado “químicamente puro”, por decirlo de algún modo. Fue eso lo que se vio en la reunión con Macri en la Casa Rosada del pasado lunes, donde todos firmaron un compromiso que no impone a nadie ninguna obligación y cuyo elemento esencial fue el apoyo político al Ejecutivo contra la norma que busca impedir los despidos. La intervención de Funes de Rioja en las comisiones de Diputados, es parte del mismo movimiento. La gran burguesía intenta imponer el sello en la situación política.
El macrismo, con su rechazo incondicional a la ley contra los despidos reafirma la definición política de que el Estado solo puede ser garante directo y abierto de los intereses del capital. La “teoría del derrame” – burda ideología justificatoria del ajuste- implica un Estado que no ose, ni siquiera marginalmente, intervenir en la vida económica.
No resulta ocioso recordar que este mismo empresariado fue el que la “levantó en pala” bajo el kirchnerismo, contando a su favor con las condiciones de precarización laboral que se sostuvieron por años. Esa “herencia” del kirchnerismo no fue cuestionada ni por las patronales ni por el macrismo. Entre bueyes no hay cornadas.
Des-equilibrios
El Frente Renovador aparece en el centro de estas tensiones. Por un lado, por su misma composición interna donde la puja capital-trabajo se trasfigura entre empresarios vaciadores (De Mendiguren) y burócratas traidores (Héctor Daer) que no logran acordar una agenda común.
Por el otro, porque está sometido a la presión de abandonar la “ancha avenida” que transitara en la etapa electoral. La consigna de este martes fue “no dejarse arrastrar ni por el kirchnerismo ni por el macrismo”.
En este marco, la fuerza que lidera Sergio Massa presentará un dictamen propio en la sesión que, hasta el momento, tendría lugar el jueves. Esa jugada, al mismo tiempo que podría permitir estirar los tiempos de la votación –algo acorde al plan del macrismo- le permite una ubicación independiente.
Sin embargo, según versiones periodísticas, no podría descartarse que terminen avalando el proyecto votado en el Senado, aunque también desde una posición independiente. Estas jugarretas del parlamentarismo tienen por función sostener el equilibrio interno y externo, sin separarse de lo que es un reclamo de masas contra los despidos.
“Ribetes escandalosos”
Como se conoció en la tarde de ayer, uno de los cruces más duros de la reunión de comisiones fue el de la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman, quien cuestionó la presión ejercida por los voceros patronales.
“Esta reunión está tomando ribetes escandalosos” afirmó en su intervención, donde puso en cuestión el contenido de los discursos de Funes de Rioja y Cornide. Recordó que el proyecto presentado por el FIT era superior al que salió del Senado. Entre otras cosas, porque tomaba en cuenta a los trabajadores informales.
“Más maniobras no caben”-señaló en relación a las dilaciones. Y agregó que “la única conclusión que nos queda es que se necesita una gran movilización de los trabajadores. No se puede dar más tregua. Si no es con eso no vamos a poder imponer una ley”.
La crítica tiene un destinatario claro: los dirigentes sindicales, que mientras mantienen duros discursos hacen todo lo posible por no darle continuidad a la enorme fuerza que se expresó en las calles el pasado 29 de abril.
Cuenta regresiva
Así las cosas, el panorama dista aún de estar definido. Las maniobras del gobierno tienen la finalidad de evitar el costo político que implicaría vetar la ley. Pero nadie puede afirmar que no tendrá que hacerlo.
La oposición patronal del FpV, FR y el Bloque Justicialista juega sus fichas a diversos tipos de negociaciones que no trascienden el ámbito parlamentario. Su objetivo más general es hacer pagar al gobierno el costo de esta discusión, pensando más en 2017 y 2019 que en los miles de trabajadores que sufren los despidos.
A esta altura, tras semanas de dilaciones, como señaló Bregman, la única salida es una fuerte movilización de los trabajadores para imponer la norma contra los despidos.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
