El proyecto presentado por el Frente de Izquierda, de aprobarse, sería un paso adelante para cerrarle el paso al avance represivo y defender las libertades democráticas.
Ruth Werner @RWlaruta99
Martes 7 de octubre de 2014
En el día de ayer fue presentado el proyecto de ley que establece se derogue el Decreto Ley 9.021/63 que instituye el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina y su decreto reglamentario 2.322/67. El proyecto fue elaborado por el diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás del Caño junto a la abogada del CeProDH y del PTS, Myriam Bregman. Fue firmado, además, por Néstor Pitrola y Pablo López, diputados del PO en el FIT, y acompañaron la presentación Victoria Donda (FA-UNEN) y Mario Barletta de la UCR.
Consultado por Izquierda Diario Nicolás del Caño nos informó cuál el objetivo del proyecto: “hemos elaborado este proyecto porque es urgente acabar con toda la normativa secreta heredada de las dictaduras militares que siguen en pie para continuar espiando a los sectores del pueblo trabajador que se organizan y luchan por sus derechos. En este caso se trata de un decreto promovido bajo el gobierno de facto de José María Guido y reglamentado por la dictadura del Gral. Onganía. Al día de hoy mantiene vigencia y gracias a él continúan en función los organismos de espionaje”. “Nuestra propuesta apunta a disolver ese cuerpo de espías de la Policía Federal y que los organismos de Derechos Humanos puedan acceder a la información que recaban estos organismos ilegales, así como todos los que han sido víctimas de su espionaje político”, agregó.
El 3 de abril de 2014 fue el mismo Nicolás del Caño quien interrogó sobre este tema al Jefe de Gabinete en su informe al Congreso Nacional. Capitanich quedó sin respuesta y desde ese día nadie del Poder Ejecutivo Nacional, hizo algo al respecto. Está claro que gracias a esta normativa se puso en práctica un servicio paraestatal de informaciones e inteligencia, integrado por agentes de la Policía Federal, sin ningún tipo de control administrativo, judicial y parlamentario.
El caso más resonante que involucra a la Policía Federal ha sido el del espía, Américo Alejandro Balbuena. En la causa penal iniciada por periodistas de la Agencia Walsh junto a organismos de derechos humanos (entre ellos el CeProDH) las organizaciones dan cuenta de que el gobierno lo único que persigue es que la causa judicial quede paralizada.
El caso de Balbuena es revelador. Durante diez años estuvo infiltrado en la agencia de noticias "Agencia Walsh" desde donde pudo desarrollar impunemente una red de espionaje sobre decenas de organizaciones gremiales, políticas y sociales. El infiltrado Balbuena fue ingresante a la Policía Federal durante la última dictadura militar y desde allí fue ascendiendo hasta lograr integrar ese cuerpo especial que tiene la Federal dirigido al espionaje político. Los años pasan, y también los gobiernos, pero los agentes de Inteligencia continúan en sus puestos.
El proyecto de ley presentado por el PTS en el Frente de Izquierda es un instrumento para la pelea contra todo cercenamiento de las libertades democráticas y contra el avance del accionar represivo. No es casual que sucedan hechos como el que denunciamos bajo el mismo gobierno que desde la Gendarmería Nacional impulsa el Proyecto X para espiar a los luchadores obreros y populares. Pero no ha sido el único. En 2009 el caso conocido como “macrigate” demostró que el espionaje político es algo común a todos los partidos patronales. Fue ese año cuando se revelaron las escuchas ilegales obtenidas mediante la pinchadura del telefóno de Sergio Burstein, el dirigente de una agrupación de familiares de víctimas de la AMIA. En esa oportunidad también se hizo público el espionaje a los docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación que realizaban medidas de fuerza en defensa de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Quedó demostrado, que los macristas, intentaron montar una central de inteligencia paralela. Contaban, para ello, con los servicios del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el espía Ciro James y cien efectivos que provenían de la Policía Federal.
"No somos ingenuos. Este Estado que está al servicio de las grandes patronales, los banqueros y los terratenientes, tiene en su naturaleza el espionaje y la infiltración contra quienes considera que ponen o podrían poner en peligro sus privilegios. Nuestros proyectos buscan, por un lado, dejar en claro este carácter represivo del Estado y de un gobierno que se autodefine como de los derechos humanos. Y a la par, promover y fortalecer la movilización del pueblo trabajador contra todo lo que amenace a sus libertades democráticas", afirmó Del Caño.
