Ley de Abastecimiento: mucho ruido, pocas nueces

Fotografía: DYN

El debate de ayer sobre la Ley de Abastecimiento mostró una repetición de posturas: el gobierno defendiendo esta ley –y el conjunto de medidas para asegurar transparencia de precios y arbitraje en las relaciones de consumo- como necesaria para una “mayor eficiencia y capacidad al Estado para hacer efectivo los derechos de la gente y de las pequeñas empresas”, y frente a esto, los empresarios agitando los fantasmas de estatismo.

Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), sintetizó ayer en una exposición en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires la preocupación de los empresarios. Antes de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, “la Ley de Abastecimiento no regía para los empresarios”; lo importante no son las reformas –que en realidad morigeran bastante la ley previa- sino el hecho de que se desempolve una norma en los hechos archivada. La Ley 20.680 de Abastecimiento, estuvo explícitamente suspendida entre 1991 y 1999. El art. 4°del Decreto N° 2284/91 estableció que dicho ejercicio solo podrá ser restablecido para utilizar las medidas articuladas en dicha ley, por el Congreso Nacional. Posteriormente, por Decreto 722/ 99, se restableció el ejercicio de las facultades emanadas de la ley 20.680. Sin embargo durante la presidencia de Duhalde se puso en duda que la ley tuviera vigencia, y lo mismo ocurrió cuando el gobierno de Cristina Fernández amagó a aplicarla en 2008 durante el lock out de las patronales agrarias. La reforma despeja cualquier duda.

Campos remarcó que “todos los empresarios tienen una muy mala impresión”, y puso el ejemplo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que explícitamente destacó que logró dejar afuera del alcance de la norma a las PYMES. “Nadie dice ‘qué suerte que no se me aplica a mí una ley’ si la ley es buena; no lo dirían si se tratara de créditos subsidiados, por ejemplo”, ilustró el presidente de AEA.
Lo cierto es que el proyecto que el gobierno buscará aprobar hoy en diputados es una versión atenuada de la Ley 20.680. Es cierto, por un lado amplía la esfera potencial de actividades en las que puede tener injerencia el Estado. Pero al mismo tiempo la amenaza de prisión que estaba en la ley anterior desaparece. También, con la modificación del artículo 2º se restringen los alcances de la intervención. Se elimina el inciso que establecía que el gobierno puede intervenir “temporariamente” las empresas “y disponer temporariamente, para su uso, elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución y medios de transporte”.

En principio, la ley le sirve al gobierno para tener una herramienta adicional para hacer presión sobre sectores empresarios. Eventualmente podrían intentar aplicarla en algún terreno, pero todo indica que en primer lugar apunta a tener mejores cartas en algunas difíciles negociaciones sectoriales, que en tiempos de vacas flacas replicarán los tira y afloje que hubo en el sector automotriz, en el lanzamiento del plan de 12 cuotas sin interés. Ya le ha servido en el terreno político para polarizar con el empresariado, continuando el discurso de “patria o buitres”, y ligando a las entidades patronales a variadas “desestabilizaciones” (corrida cambiaria, inflación) con las cuáles busca diluir la responsabilidad propia en los problemas más críticos de la economía.

Como herramienta para controlar los precios es de dudar que pueda tener alguna efectividad, considerando que los precios regulados por el gobierno son los que más suben. La ex-directora del INDEC Graciela Bevacqua consigna que en agosto los precios tuvieron un alza anual de 40,6%, mientras que los precios regulados subieron 54,6%. Resultados similares muestra la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que informó en agosto un alza anual del 40,1%. Al desagregar por rubros, se destacan “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” con un incremento del 46,2%, y “Transporte” que registró una suba del 53,1%. El gobierno termina validando los ajustes de precios que piden los empresarios. El Ministro Kicillof estableció hace ya un tiempo (cuando todavía era vice ministro) el parámetro de ganancias “razonables”. Bueno, esta “razón” de las ganancias lleva a ajustes continuos que el gobierno tolera en los sectores que hoy controla. ¿Qué motivo hay para esperar que actúe distinto teniendo mayor injerencia? ¿Qué hace el gobierno ante las maniobras de las exportadoras de granos? ¿Frente a las automotrices que "encanutan" autos?¿Qué hicieron con los bancos que especularon por una devaluación y ganaron 10 mil millones de pesos sólo en enero? Siempre termina cediendo, y autorizando aumentos de precios.

La regulación de los márgenes de ganancias es un engaño. Las empresas siempre tienen una “contabilidad creativa” con la cual justificar los aumentos de costos que fundamentan aumentos de precios. ¿Lear no presentó un preventivo de crisis trucho? ¿Donnelley no hizo una quiebra fraudulenta? Eso hacen todas las empresas. El proyecto de ley prevé que el estado tiene facultades para hacer continuar la producción, la distribución o comercialización de la producción siempre y cuando se muestre que las empresas hacen maniobras especulativas. Pero el proyecto también establece un resguardo para las patronales: si el negocio no es viable está justificado que detengan la producción, distribución o comercialización. Las empresas siempre pueden justificar la “inviabilidad”. En ese caso, el proyecto establece que el estado puede otorgar una “justa y oportuna compensación”. Es una estafa.

Solamente los trabajadores, mediante comités organizados en cada unidad productiva o gran/mediano comercio pueden asegurar la provisión de bienes y servicios a precios que cubran los costos y aseguren la continuidad de la producción permitiendo la reposición de insumos y stocks, sin subordinar la producción y distribución a la maximización de los márgenes de ganancia como hacen los capitalistas grandes, medianos y pequeños. La acción coordinada de comités de trabajadores y consumidores en todo el territorio nacional, puede imponer la apertura de los libros de las empresas para desmontar las maniobras de las firmas que aducen falta de stock y auscultar el verdadero estado económico de las firmas. Todo esto obviamente sólo puede llevarse a cabo empezando por expulsar de los sindicatos a los burócratas, que actúan en beneficio de los empresarios permitiendo todas sus maniobras. Un verdadero control de los precios sólo podría llevarse a cabo poniendo en movimiento esta fuerza social. Todo lo demás, es mucho ruido y pocas nueces, por muchos fantasmas que agiten los empresarios.