Juventud. Ley de Educación Superior: ¿se mantiene el espíritu menemista?

Fotografía: posdataweb

¿Qué es la Ley de Educación Superior?

La Ley de Educación Superior (LES) fue sancionada y promulgada en 1995 durante el gobierno de Menem en medio de una gran lucha del movimiento estudiantil que dio movilizaciones, tomas de facultades en todo el país y un abrazo al Congreso para intentar impedir la votación de una ley que implicaba el avance privatizador y mercantilista en la universidad. Con la represión, y el auxilio de la Franja Morada y el FrePaSo como bomberos, se logró su aprobación.

La LES no pudo cumplir en estos 20 años su objetivo de máxima: avanzar en el arancelamiento total y privatización liquidando la conquista de la universidad pública y masiva, gracias a la resistencia de docentes y estudiantes que protagonizaron masivas luchas en las distintas facultades y universidades contra su aplicación. Algunos de sus hitos fueron la toma de la universidad de Comahue (2004) contra la acreditación de las carreras a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU), órgano de aplicación de la LES, y tres masivos Congresos contra la LES que tuvieron en esa lucha su punto de partida. Durante todos estos procesos de movilización el kirchnerismo, ya en el gobierno, siempre le dio la espalda a los reclamos mientras cogobernaba muchas de las grandes facultades y universidades con el radicalismo.

Con este aval político la ley logró cumplir el objetivo de avanzar en la elitización y mercantilización: a través de las acreditaciones de carreras a la CoNEAU, las modificaciones de los planes de estudios con una orientación hacia las necesidades empresariales, con la degradación del título de grado en beneficio de un gigantesco florecimiento de posgrados pagos, la generalización de convenios con grandes empresas, el establecimiento de cupos.

Más allá de la eternas promesas de discusión y proyectos de reforma el kirchnerismo durante sus 12 años en el gobierno mantuvo y aplicó la LES neoliberal. Ahora de cara la baloje como medida electoral anunció con bombos y platillos una reforma que no toca los aspectos sobre los que la ley menemista avanzó, ni abre el debate sobre la estructura central de la misma.

Reformas y continuidades

La reforma, por un lado, introdujo la prohibición de aranceles de la educación estatal de grado y de “suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”, el acceso “irrestricto” para quienes egresan del ciclo secundario, y la modificación del artículo 50 que hasta ahora fijaba las condiciones de regularidad para universidades con más de 50 mil inscriptos en dos materias aprobadas, con lo cual será “atributo de cada universidad establecer condiciones académicas exigibles”.

En primer lugar, el arancelamiento esencial que existe hoy en la universidad es a través de los posgrados. En todos estos años se aplicaron reformas para degradar los títulos de grados, creación de tecnicaturas y títulos intermedios, hasta se reformaron planes de estudios con graves perjuicios para quienes vieron perder en esas reformas hasta un 30% de materias ya cursadas. Con esta degradación, los títulos realmente valorados son los de posgrados los cuales tienen un costo de entre $30mil y $40mil pesos.

En segundo lugar, la prohibición de acuerdos que impliquen ofertar la educación como servicio lucrativo no anula los artículos de la ley referidos a la posibilidad de generación de recursos adicionales mediante venta de servicios, contraprestaciones, etc. Por ende todos los convenios que tanto favorecen a las empresas, laboratorios, etc. van a mantenerse. Veamos como ejemplo el caso de Monsanto que tiene su propio posgrado en la Agronomía de la UBA, donde utilizando recursos de la universidad pública no solo desarrolla productos transgénicos sin ninguna clase de control, sino que desarrolla a sus propios empleados en base a una lógica donde prima el lucro privado.

El otro ejemplo de lo que seguirá intacto lo encontramos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, casa de Barbieri, hoy rector y potencial ministro de educación de Scioli. En ella los posgrados (todos pagos) y los convenios con empresas privadas alcanzaron el 64% del presupuesto en el año 2014. Para que toda la comunidad académica se quede tranquila en caso de ganar Scioli Barbieri será acompañado como ministro de Ciencia y Técnica por Daniel Filmus, colaborador de Susana Decibe en la redacción de la ley menemista y Secretario de Educación del intendente de la Capital Federal Grosso, recordado por la Escuela-shopping.

En cuanto a lo que hace al ingreso irrestricto, no está aclarado qué modificación en concreto implicará. Adriana Puigross promotora del proyecto, aclaró que considera restrictivo exámenes de ingreso abusivos como el de Medicina de la UNLP donde de 3000 entran 80, pero no así cursos de ingreso (CBC, CAU, etc.) que en realidad son un gran filtro de la educación superior. Pero siquiera esto es claro en el proyecto que se remite a incorporar la palabra “irrestricto”.

Más allá de introducir la libre atribución para definir las condiciones de regularidad, esto no implica que las universidades vayan a modificarlas para mejorar la posibilidad de permanencia a aquellos que por diversas causas se ven obligados a interrumpir sus estudios.

Mantiene el conjunto de la Ley y deja muchos puntos de ambigua aplicación, además de que mantiene el gobierno universitario en manos de una pequeña “casta profesoral”. Siquiera avanza sobre los artículos que el “Fallo Marinelli” (otorgado a la UBA frente a un recurso de amparo en 1996) declaró inconstitucionales además del art. 50: los arts. 29, incs. f) y g); 42; 43; 46, inc. b) que son los que atañen a la acreditación de las carreras a la CoNEAU. Acreditaciones que valga la salvedad, aplicaron de todas formas con rectores y decanos a la cabeza.

Con el Estado a la cabeza y el mercado en el corazón

El problema del acceso a la educación para los más de 1.442.000 estudiantes de universidades estatales es la deserción: un 73% no concluye sus estudios y en el nivel terciario asciende al 88%. Más aún para todos aquellos hijos de trabajadores y sectores populares que no pueden siquiera acceder, los filtros hoy no son solo los exámenes sino los ciclos de ingreso como el CBC, la falta de comedores, la imposibilidad de acceder a una jornada laboral reducida, el costo de los materiales.
En estos años de la mano de rectores kirchneristas y radicales en todas las universidades se avanzó en la mercantilización a través de la acreditación de carreras bajo las exigencias de la CONEAU: se sacaron contenidos de grado para pasarlos a posgrados pagos, se degradaron carreras a tecnicaturas para las grandes empresas (como ingeniería en UTN-pacheco que pasó a ser una tecnicatura al servicio de Volkswagen). Hoy existe 2744 posgrados acreditados en todo el país según los datos mismos de la CONEAU, más de la mitad florecieron con el kirchnerismo mientras se atacaron las carreras de grado.

Todo esto bajo el discurso de la “universidad nacional y popular”, que al modelo radical de la “universidad isla” le agregó voluntariados y convenios con el Estado. Bajo estos convenios en el conurbano es que se busca introducir las escuelas de policías Juan Vucetich en las universidades, y reclutar entre los estudiantes, personal para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Hoy en la Universidad de la Matanza se puede ver al cuerpo de policías bonaerenses “estudiando” en sus pasillos, un acuerdo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) discutió profundizar nada más y nada menos que con Sergio Berni.

Esto sin mencionar el monopolio ideológico de las cátedras en la mayoría de las carreras humanísticas de muchas universidades donde impera el pensamiento único, sin posibilidad de elegir cátedras libremente.

Esta situación de injerencia sobre la educación universitaria es reforzada por la misma LES.

Por eso, nada mejor se puede esperar al frente del Ministerio de Educación en un próximo gobierno de Scioli del rector de la UBA Alberto Barbieri quien puso a Darío Richarte como su vice, un ex SIDE. Tampoco de Esteban Bullrich quien ocuparía el cargo con Macri, famoso por mantener más de 5mil chicos sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires y por lograr que el porcentaje que gasta la Ciudad en educación sea el más bajo en años mientras que aumenta el porcentaje de la matrícula en escuelas privadas.

Es necesario abolir los filtros y la creación de cursos extracurriculares de apoyo para quienes los requieran, la gratuidad de los materiales de estudio, la reducción de la jornada laboral para los estudiantes que trabajan. Así mismo terminar con el financiamiento privado encubierto y las carreras moldeadas por el mercado. Terminar con la CoNEAU y crear una comisión integrada por científicos destacados, no vinculados a instituciones privadas ni empresariales, junto a estudiantes, docentes y no docentes con fiscalización de las organizaciones sociales que sea la que controle la calidad de la enseñanza. Junto con esto democratizar los órganos de gobierno de la universidad con claustro único docente y mayoría estudiantil en los mismos.

Una educación de calidad al servicio del pueblo trabajador y no de los intereses del mercado, empieza por anular la LES y triplicar el presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa bajo control democrático de estudiantes, docentes y no docentes.