El pasado 30 de junio se cumplió el primer plazo para que los sostenedores traspasaran sus establecimientos como organizaciones sin fines de lucro según la recientemente promulgada ley de Inclusión, de los cuales poco más del 50% realizó el trámite y un 2% escogió transformarse en establecimientos particulares, quedando el resto para el segundo plazo en diciembre.
Álvaro Pérez Jorquera Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico
Miércoles 5 de julio de 2017
Según la recién promulgada ley de inclusión, que además de prohibir la selección establece que aquellos sostenedores que reciben subvenciones estatales deben transformar sus establecimientos educacionales en organizaciones sin fines de lucro, el pasado 30 de junio se cumplió el primer plazo para realizar este trámite.
Sin embargo, poco más del 50% de los sostenedores realizó este traspaso mientras un 2% decidió transformar sus establecimientos en particulares sin subvención. El resto aún no ha hecho ningún trámite y tienen un segundo plazo en diciembre de este año.
Con esto, el gobierno de la Nueva Mayoría pretende aminorar la enorme brecha existente entre la educación pública y la educación privada, que se expresa en los resultados SIMCE y PSU, que diagnostican una permanente superioridad en la educación particular donde se incluyen los establecimientos subvencionados y que revelaban como consecuencia que la educación de mayor calidad solo es accesible a quienes pueden pagarla.
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¿Cómo funciona la ley de Inclusión?
Lo que hace es eliminar el copago, por lo que los fondos provenientes de las mensualidades los pasaría a pagar el estado a los sostenedores. Además establece que las instituciones deben ser sin fines de lucros para garantizar la inversión en educación y prohíbe la selección en el ingreso.
Sin embargo, mantiene la educación de mercado, agregando "parches" para tapar sus consecuencias más evidentes, pues los sostenedores siguen existiendo, se sigue subvencionando la matrícula y en el ámbito público, se mantiene la competencia por fondos, aspecto que la Desmunicipalización no toma ya que es una reforma principalmente administrativa.
De esta manera, se sigue cambiando algo para que nada cambie, pues a partir de esto surge la pregunta ¿No es posible destinar los millones que el estado ya entrega en subvenciones a privados directamente a financiar la educación pública?
No es lo mismo subvención estatal que financiamiento estatal
Así se mantienen los aspectos estructurales de la educación de mercado, la lógica de la competencia y la inyección de millones de dólares a privados mientras la educación pública se cae a pedazos por falta de financiamiento.
Claramente, hay fondos para garantizar una mejor educación pública pues el estado está dispuesto a entregar más subvenciones que las que ya entrega para cubrir las mensualidades, por lo que el problema de la educación pública se transforma en un problema de voluntad e intereses políticos.
Las reformas de la Nueva Mayoría ha apuntado a mantener el modelo de mercado, dedicándose a paliar sus aspectos más desagradables, sin embargo se mantiene gran parte de su base estructural. Los políticos del régimen, fieles a sus patrones empresarios, han legislado para mantener el negocio y contra los intereses de trabajadores, apoderados y estudiantes, señalando que el camino para lograr otro sistema educativo no se encuentra en el parlamento.
La actual ley de Inclusión no sólo no significa la vigencia del modelo de mercado, es un paso abiertamente en contra del fortalecimiento de la educación pública, pues sin financiamiento no hay proyecto educativo que perdure, manteniendo la actual tendencia de proliferación de establecimientos privados mientras se cierran las escuelas públicas.
Es hora de que trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados tomen la lucha en sus propias manos y confíen en sus propias fuerzas, tomando lo mejor de las experiencias históricas como lo fue el proyecto de la Escuela Nacional Unificada impulsado desde el Sindicato único de Trabajadores de la Educación (SUTE). Sólo un sistema público financiado por el estado y gestionado por los propios actores de la educación pueden asegurar una educación gratuita, de calidad, intercultural y no sexista como un derecho y no como un privilegio de pocos.
