A 10 años de la llamada “Guerra contra el Narco” en México las fuerzas armadas, el gobierno federal, intelectuales y organizaciones de derechos humanos han despertado un debate nacional. El gobierno federal propuso para resolver las inconsistencias de la “guerra” una nueva ley de seguridad interna.
Martes 13 de diciembre de 2016
A 10 años de la llamada “Guerra contra el Narco” en México las fuerzas armadas, el gobierno federal, intelectuales y organizaciones de derechos humanos han despertado un debate nacional. El gobierno federal propuso para resolver las inconsistencias de la “guerra” una nueva ley de seguridad interna.
¿Qué implicaciones tiene la nueva ley de seguridad de las fuerzas armadas en México?
En 2006 el gobierno de Felipe Calderón lanzó la llamada “Guerra contra el narco” que ha causado una tragedia nacional: más de 160 mil muertos, 25 mil desaparecidos y un millón de desplazados. La “narcoguerra” ha significado una subordinación militar, diplomática, política y de seguridad a los Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida y el ASPAN. Es decir estamos ante un plan imperialista.
La “guerra contra el narco” permitió que los militares salieran a las calles y con ello se aumentaron las violaciones a los derechos humanos. Una intento nada sutil de mantener silenciado el descontento social, que se reveló impotente ante el amplio movimiento democrático que tomó las calles en los primeros meses posteriores a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también ante el movimiento magisterial que por cuatro meses enfrentó la reforma educativa en distintos puntos del país este mismo año.
La militarización se implementó previo a la imposición de una serie de “reformas” estructurales como la reforma educativa, laboral, energética que implicaron un salto en la subordinación de la economía mexicana a la de Estados Unidos.
La militarización del país generó fenómenos aberrantes y aumentó sin precedentes en México la violencia de estado. Los casos de Villas de Salvárcar, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, hasta la desaparición de los 43 de Ayotzinapa son los “monumentos” de 10 años de “narcoguerra”. Como decimos en otro texto. “El autoritarismo y los métodos de represión y exterminio dieron un salto histórico. Matanzas, fosas clandestinas, ejecuciones.”
Fuerza de ley
Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, declaró que el ejército está “cansado” y que “no estaba preparado para las tareas de seguridad pública. El general Cienfuegos junto al gobierno federal promovió al militar vinculado con la desaparición de los 43. Alejandro Saavedra Hernández está a cargo del Batallón 27 de las fuerzas armadas. El general Cienfuegos durante la crisis de Ayotzinapa declaró en infinitas ocasiones “que el ejército no debía ser interrogado y que no se abririán las puertas del Batallón 27”.
Algunos analistas han discutido la tesis de que las declaraciones de Cienfuegos reflejan un malestar al interior de las filas del ejército en medio de 10 años: desgaste, cansancio y malestar. López Obrador inmediatamente declaró que “respalda el llamado de Cienfuegos de que el ejército debe volver a los cuarteles” y de acuerdo a su proyecto Morena “perdona a los responsables” de los crímenes y a las autoridades corruptas. Margarita Zavala del PAN declaró que el ejército podría volver a los cuarteles como “héroes nacionales”. El PRI detalló que va a someter en el Senado una Ley de Seguridad Interna en México.
Cienfuegos declaró, también, y ese es el contenido del mensaje “necesitamos un nuevo marco legal para nuestras actuaciones”. Urgen y ponen atención en que el ejército, de seguir en las calles, requiere una nueva ley para garantizar su actuación en todo el país. En el fondo quieren hacer legales las violaciones a los derechos humanos que se manifestaron en esta década llena de terror y violencia de estado, para poder actuar con libertad en caso de que se vuelva a expresar el descontento social en las calles, un escenario que para nada se puede descartar.
Las declaraciones de Cienfuegos exigen una nueva ley de seguridad y el PRI comenzó a discutirla en el Senado: junto al PAN y al PRD están por aprobarla en lo general en el último periodo de sesiones. Se presentará este jueves.
La propuesta de la nueva ley integra: protección al ejército, un mando mixto de control de las policías por el ejército, legalizar su participación en las calles. El PRI, el PAN y el PRD buscan dar más garantías al ejército para que continúe la “guerra contra el narco”. Los diputados llamaron a un periodo extraordinario. Peña Nieto hoy en la mañana en conferencia de prensa detalló que los militares seguirán en las calles.
Ante la posibilidad de la aprobación de la nueva ley es vital que las organizaciones obreras como la CNTE, la UNT, la NCT, los organismos de Derechos Humanos, las víctimas de la “guerra contra el narco”, los movimientos en defensa del territorio, la juventud, la intelectualidad, debemos rechazar este nuevo plan de militarización del país y cancelar los planes de sujeción del país, en materia de “seguridad”, al imperialismo de Estados Unidos.
