La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó hoy con 18 votos a favor y 13 en contra el dictamen por el cual se crea la “Ley de Seguridad Interior”. Mientras los de arriba discuten la mejor forma de militarizar el país, somos los millones de trabajadoras y trabajadores quienes debemos enfrentar esta avanzada autoritaria y poner fin a sus planes represivos.
Jueves 30 de noviembre de 2017
Foto: Magisterio desalojando al Ejército de Oaxaca, 2015
La próxima semana es crucial para la discusión en torno a la Ley de Seguridad Interior. La Cámara de Diputados discutirá esta ley que, en escencia, permite la intervención del gobierno federal a través de sus Fuerzas Armadas en cualquier entidad federativa. Los criterios para "identificar, prevenir, atender y contener amenazas" mediante la militarización del país, podrá decidirlos el Ejecutivo unilateralmente, "cuando haya falta o insuficiencia de colaboración de los estados o municipios".
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Algunos medios favorables al régimen, han presentado esta ley con el discurso de que se trata de "una manera de dar marco jurídico a las Fuerzas Armadas en sus labores contra el crimen organizado". Otros afirman que busca establecer límite a la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios, así como que podrá tratarse de una colaboración entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. Así, intentan canalizar algunas de las muchas inquietudes que el contenido de esta iniciativa de Ley ha dejado entre la población.
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Ninguno destaca las facultades que tendrá el Ejecutivo para tomar medidas "extraordinarias" para obtener información privada propuestas por César Camacho del PRI. Entre ellos nuestra ubicación geográfica, además, propone que la información obtenida se considere de “Seguridad Nacional” por lo que permitiría que esta información quede en manos de distintas dependencias, como el CISEN, la Sedena, la Marina, la Fiscalía General, archivadas por décadas como “información confidencial” con lo cual se garantizaría la impunidad total de la intervención militar en nuestras vidas privadas.
Movilización en repudio a la represión en Ostula
Tras el escándalo del uso del malware Pegasus, nos queda claro que el gobierno no necesita de esta ley para espiarnos, pero sí busca legalizar y naturalizar esta práctica.
Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información. Iniciativa de Camacho y Tamayo
Tampoco ahondan estos medios en que, de aprobarse esta ley, el gobierno podrá hacer uso a discreción de la fuerza letal para contener manifestaciones, inclusive las protestas "pacíficas".
Como declaró Juan Francisco Torres Landa secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) esto sería un “cheque al portador” para los militares desplegados en las calles pues “quiere decir que en cualquier supuesto las fuerzas armadas pueden hacer uso de su potencial y capacidad destructiva”. (Expansión 15/2/17). La comunicadora Denise Dresser, añadió que este tipo de “redacciones ambiguas” puedan ser aprovechadas para la represión social. “Es un eufemismo que abre la puerta para que pueda haber involucramiento del Ejército aún en marchas pacíficas contra todos los temas que motivan a la gente a salir a la calle en estos tiempos”.
Acteal. Ni perdón ni olvido
Hasta el momento únicamente el artículo 29 constitucional contempla vías para despliegues extraordinarios de las Fuerzas Armadas y la suspensión de derechos y garantías.
Así, sin distinguir con claridad la diferencia entre un desastre natural y emergencias relacionadas con violencia, el Ejército podrá patrullar las calles libremente tras el establecimiento de bases de operaciones y tendrá facultades para declarar régimen de excepción en que se violen derechos como el del libre tránsito. En resumen, le da paso libre al Ejército para recibir denuncias, realizar detenciones, investigar y perseguir delitos así como recolectar información, con sus métodos violencia y violación a los derechos humanos.
El Ejército fue parte activa en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Pruebas de la aplicación extralimitada de estos métodos sobran. Tlatlaya (Estado de México), Calera (Zacatecas), Ostula (Michoacán), Palmarito son algunos de los episodios más representativos de los últimos dos años. En estos casos, elementos del Ejército han estado involucrados en ejecuciones extrajudiciales, alteración de una escena del crimen y tortura (tan sólo entre 2006 y 2014 hay 1, 273 denuncias por tortura a manos de militares).
El Ejército realizó ejecuciones extrajudiciales en Tlataya
Las violaciones a los derechos humanos y los feminicidios son algunos de los crímenes que se han potenciado con la militarización. De enero de 2007 a marzo de 2013 se registraron más de mil 135 quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos.
¿Qué hacer?
Mientras que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han llamado a retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, a los maestros y a los trabajadores el Ejército, la policía y los golpeadores de la patronal continúan buscando intimidarnos, aleccionarnos a las mujeres por medio de la tortura sexual para que claudiquemos en la lucha por nuestros derechos.
Repudio al Ejército en Ostula
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Es por esto que hoy más que nunca se hace urgente que alcemos nuestra voz para exigir la derogación de protocolos y artículos que criminalizan la protesta social y la disolución inmediata de cuerpos represivos como el de granaderos en la Ciudad de México y la Policía Federal responsable de la masacre de Nochixtlán en el estado de Oaxaca. Tenemos que poner fin a la militarización y a la represión con la más amplia movilización de sectores en lucha y la organización de trabajadores, al tiempo que exigimos la libertad para todas y todos los presos por motivos políticos, así como juicio y castigo a elementos de las Fuerzas Armadas responsables de atropellos en contra de la población.
Nochixtlán, Oaxaca
En esta perspectiva es que al lado de mi compañera Miriam Hernández manifestamos nuestras intenciones de pelear por un lugar en la Asamblea Legislativa. Para desde ahí denunciar las atrocidades de los “dueños” del país y luchar para frenar efectivamente la militarización mandatada por el imperialismo estadounidense, para lo cual es necesaria la organización independiente y en las calles.
Sulem Estrada, maestra de secundaria
Maestra de secundaria
