Esta semana se votó en el Congreso una Ley de Acompañamiento a las trayectorias educativas post aislamiento social, acordada entre Cambiemos y el Frente de Todos. El Frente de Izquierda presentó un proyecto propio.
Sábado 14 de noviembre de 2020 11:54
La pandemia y el aislamiento social obligatorio impusieron en el área de educación a nivel nacional la modalidad virtual como forma de garantizar las trayectorias educativas de niños, jóvenes y adultos. Pasaron nueve meses de una modalidad, sostenida a pulmón por docentes, auxiliares, estudiantes y familias, que dejó al descubierto la crisis estructural de la educación pública argentina.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos de la cámara de diputados nacional proponen la “creación de un programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares post aislamiento social preventivo obligatorio”, destinado a la población escolar de los niveles educativos obligatorios de gestión pública, social o privada, cuyo artículo N°1 dice que la ley tiene por objeto “la atención integral de las problemáticas educativas y sociales generadas por el aislamiento social preventivo”. El proyecto, que obtuvo media sanción el miércoles en la Cámara de Diputados, plantea como objetivos el fortalecimiento de trayectorias educativas, prevención del ausentismo y abandono escolar, acceso a una educación de calidad.
El proyecto fue inicialmente presentado por el bloque de Juntos por el cambio, quienes en sintonía con su línea “aperturista” vienen planteando hace meses la necesidad de la vuelta a clases presenciales, negando las precarias condiciones de infraestructura en las que se encuentra el sistema educativo - al que ellos ayudaron a desfinanciar-, y que no cuenta con condiciones mínimas de habitabilidad que garanticen condiciones sanitarias o el distanciamiento entre personas para evitar los contagios. Finalmente los integrantes del bloque del Frente de Todos acordaron una propuesta común con Cambiemos.
La iniciativa da cuenta del enorme número de niños y jóvenes que no pudieron sostener la “continuidad pedagógica”, porque el Estado no garantizo desde el comienzo del ASPO conectividad gratuita, liberación de datos, y dispositivos tecnológicos. También, por el deterioro en las condiciones sociales producto de la crisis económica y sanitaria. ¿Quién puede pensar la educación fuera de la realidad socio-económica que vive la población trabajadora?
Reconoce que la pandemia “evidenció los problemas de la sociedad en general y del sistema educativo en particular, ya conocidos. La desigualdad social y educativa; el debate sobre la calidad de la educación; el retraso tecnológico respecto de la dificultad de acceso de gran parte de la población a equipamientos y conectividad”, pero sin proponer medidas estructurales y esquivando la responsabilidad de los bloques que promueven el proyecto.
Le da toda la potestad de decisión sobre la aplicación de protocolos de vuelta a clases presenciales, sobre la evaluación, el presentismo y las nuevas planificaciones pedagógicas post aislamiento al Consejo Federal de Educación ¿Y los docentes? Somos los docentes quienes conocemos cuál es la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Quienes mantuvimos el vínculo pedagógico, incluso sin contar con los recursos tecnológicos necesarios. Escuchamos a nuestros alumnos decir: “tengo un celular (sin datos) que usa toda mi familia”, “no puedo descargar fotos porque no tengo memoria”, etc. En los días de reparto de las (miserables) bolsas de alimentos, nos dicen: “no puedo sacar las fotocopias mi mamá o mi papá se quedó sin trabajo”. De esta realidad cotidiana, el Consejo Federal de Educación poco sabe. El proyecto de ley, como era de esperar, no le da ningún poder de decisión a los docentes.
Vuelta a clases ¿Y después qué?
No se promueve ningún tipo de consulta a la comunidad educativa. Actualmente, en muchas escuelas -en el interior de PBA y en CABA- frente a la vuelta a la presencialidad, se están organizando asambleas, poniendo en pie comisiones de seguridad e higiene integradas por docentes, estudiantes, auxiliares y familias para debatir democráticamente cuales son las condiciones necesarias para una vuelta a la presencialidad, es decir si existen recursos para la aplicación del protocolo que contemplen, como mínimo, los 12 puntos de escuelas seguras de CTERA.
Con respecto a los protocolos sanitarios, somos los docentes y auxiliares junto a la comunidad educativa, quienes sabemos cuáles son las condiciones reales en las que se encuentran las escuelas: la falta de agua, de elementos de higiene, el hacinamiento en las aulas producto de cursos superpoblados, problemas de infraestructura que existían antes de la pandemia y no está garantizado por el gobierno que la situación se revierta post pandemia.
El gobierno dice reconocer un problema estructural, pero en los hechos, al desfinanciamiento de todos los gobiernos que profundizaron la precarización docente y los salarios de pobreza (1), las deficientes condiciones de infraestructura escolar y cupos de comedor mínimos se le sumó la no provisión de dispositivos tecnológicos y libre conexión a internet, monopolio que está en manos de multinacionales como Telecom.
Poder completar el ciclo lectivo para los estudiantes y tomar horas en acto público para docentes en condiciones de pandemia y de profunda crisis económica y social se tornó en una posibilidad para pocos: la “inclusividad” se transformó en exclusión. En Argentina, según estimaciones de la Encuesta de la Deuda Social Argentina del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (UCA), en el tercer trimestre de 2019, el 48,7% de los chicos de entre cinco y 17 años, no contaba con una computadora en su hogar, y el 47,1% no tenía servicio de internet fijo en la vivienda (2) . Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires que contempla el 39 % de la población del país, hay miles de docentes sin trabajo o con programas precarios. La segmentación del sistema educativo ha sido acompañada por la precarización creciente de la fuerza de trabajo: ya sea, a través de los planes, y contrataciones, como el FINES (que impulsó el kirchnerismo y el macrismo lo sostuvo), o directamente sin derechos laborales en la educación privada.
Mientras tanto, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio discutían en el Congreso de la nación el presupuesto 2021- que no contempla ni IFE ni ATP, luego de diciembre-, al que finalmente la oposición se abstuvo. Un presupuesto de acuerdo a los dictámenes del FMI: más ajuste al pueblo trabajador, con recortes en educación y más dinero para los especuladores y buitres.
Sin afectar los intereses de los especuladores y los grandes empresarios del campo, de la industria, los bancos, etc., no habrá fondos para infraestructura y las escuelas seguirán siendo potenciales cromagnon. El ejemplo lo tenemos aún patente, cuando en agosto de 2018- durante la gestión de Vidal en PBA- el desfinanciamiento se cobró la vida de Sandra y Rubén en Moreno, en un verdadero crimen social, que aún sigue impune, igual que la muerte de Miriam Azzolina en Lavalle, Mendoza, víctima la precariedad del sistema de salud y el nefasto Ítem Aula.
Por esto, el bloque del Frente de Izquierda integrado por Nicolás Del Caño y Romina Del Pla presentaron un proyecto propio que parte de desconocer el pago de la fraudulenta e ilegal deuda externa, y asignar esos recursos a educación, salud y trabajo. Con estos recursos propone cubrir todos los cargos docentes faltantes, terminar con la precariedad en el sistema educativo, la provisión de herramientas tecnológicas, la liberación de datos y terminar con la desigualdad educativa que impuso la provincialización del sistema, renacionalizándolo.
Ante la crisis educativa partimos de la defensa de la educación pública, ya que a pesar de su deterioro y crisis es defendida por amplios sectores del pueblo trabajador y las clases medias como una conquista, luchamos por un sistema de educación estatal único nacional, gratuito y de calidad. Por la separación de la Iglesia del Estado, y por la derogación o anulación de todas las leyes que atacan a la educación, como la ley de educación nacional y la ley de financiamiento educativo promulgada 2006. Aspiramos a que los docentes, auxiliares, estudiantes y las familias seamos quienes participemos activamente en la dirección de los contenidos y el presupuesto económico. Desde esta perspectiva construimos fuertes oposiciones docentes para recuperar los sindicatos del control de la burocracia que es una delegación más del ministerio de educación en las escuelas y ponerlos al servicio de la lucha para enfrentar la crisis y las medidas de ajuste.
(1) Según un relevamiento de CTERA de comienzos de año la diferencia salarial entre provincias es de 16 mil pesos y entre las provincias con peores ingresos se encuentran San Juan, Chaco y Jujuy.
(2)El 78% del déficit en el número de computadoras impacta en el 25% más pobre de la población.
