Sin trabajo o con trabajo informal, muchas personas y/o familias se ven arrojadas al mercado del alquiler informal en piezas diminutas y precarias, sin contrato y a precios altos: un problema negado por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Miércoles 13 de abril de 2022 13:03
Imágenes del interior de un hotel de la calle Lavalle, según imágenes tomadas por sus habitantes.
Este martes comenzaron las exposiciones para debatir cambios de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados.
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Con una mayoría del oficialismo (16 de 31 integrantes), la Comisión le dio una voz desproporcionada a las cámaras inmobiliarias, corredores, martilleros y tasadores (más del 60% de los expositores). La mayoría pide reformar la ley: volver a 2 años la duración de contrato (en vez de los 3 de la actual ley), y actualizar el monto cada seis meses, sin ningún índice que les ponga tope. Todos los cambios favorecen la rentabilidad del lobby inmobiliario.
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Desde las organizaciones denuncian que al momento de alquilar, los inquilinos enfrentan la discriminación por motivos de su nacionalidad y/o identidad sexogenérica. Mariana Saldaña, de Unión Inquilinos Luján afirmó: “nos interrogan para discriminarnos. Las personas transgénero son las más discriminadas y terminan alquilando en condiciones informales. Nos piden recibos de sueldo cuando sabemos la informalidad que hay”.
A su vez, son las jefas de hogar y/o madres con niños y niñas, las que encuentran más dificultades para alquilar. Los propietarios prefieren alquiler a personas o grupos familiares sin niños, un "requisito" impuesto por el mercado, que empeora para el caso de los alquileres informales. Desde la organización social Consejerías de Vivienda exigen un artículo sobre el acceso irrestricto de niños y niñas en cualquier vivienda en alquiler.
El alquiler informal, ausente de las propuestas de reforma de la ley
Ante la falta de dinero y documentación requerida para ingresar a un alquiler, (recibo de sueldo, garantía propietaria) familias enteras son expulsadas del circuito formal de alquileres. Así, trabajadores informales, precarizados y desocupados son obligados a acudir al alquiler informal.
Este sector fue excluido del PRO.CRE.AR (que exige trabajo registrado para acceder), y también del DNU 320, que prohibía desalojos y aumentos del alquiler, y prorrogaba los contratos. Esto llevó a que los desalojos informales -sin orden judicial de por medio-, se vuelvan moneda corriente, más aún en pandemia, cuando la desocupación aumentó: sin ingresos, pagar el alquiler fue imposible.
En la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler informal se concentra en el mercado de habitaciones de alquiler, o en los comúnmente llamados los hoteles pensión y/o hotel familiar: se trata de alquileres de piezas sin contrato de por medio, con cocina y baños compartidos, precios altos en piezas inhabitables. La falta de cifras oficiales acerca de cuántas personas dependen de esta modalidad de vivienda, complejiza el problema.
Vivienda digna: un derecho para todos, o el negocio de unos pocos
La crisis que atraviesa Argentina, en medio de un acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, reduce las posibilidades reales de acceder a una vivienda a cero.
Con el aumento de la informalidad laboral, la desocupación y la pobreza, los salarios cada vez flacos por la inflación (se espera que la cifra sea cercana al 6 % para el mes de marzo o superior), y la imposibilidad de tomar crédito, el acceso a la vivienda depende cada vez más del esfuerzo individual.
La emergencia habitacional es innegable. Cada vez más personas se ven obligadas a alquilar en villas y asentamientos, o acuden, sin opciones, a la toma de terrenos.
Desde todos los gobiernos se prioriza el negocio inmobiliario, y se niega el derecho a la vivienda, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Hagamos memoria: en la toma de tierras de Guernica, el gobernador de la Provincia Axel Kicillof (Frente de Todos), defendió la propiedad privada del suelo, y desalojó a familias sin techo que huían del hacinamiento en las casas de sus parientes o de la calle. Ahora mismo el intendente de La Plata, Julio Garro (Juntos por el Cambio), intenta avanzar en el desalojo de unala toma de tierras de Los Hornos.
Varias son las medidas que podrían responder al déficit habitacional: un impuesto a la vivienda ociosa; la expropiación de los grandes grupos inmobiliarios que especulan con la vivienda; un ordenamiento territorial que no beneficie al capital inmobiliario; un plan de obras públicas para construir viviendas y generar trabajo; el acceso al crédito hipotecario barato con tasas subsidiadas, para refaccionar o acceder a comprar la vivienda única.
