En la última semana se conoció que el gobierno de Córdoba impulsa una ley de biocombustibles, a medida de los productores rurales y que impactará de lleno en la ya deteriorada calidad medioambiental de la provincia.
Miércoles 14 de octubre de 2020 16:36
El gobernador Schiaretti anunció en una reunión virtual que mantuvo con la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen (Cigbo) y de la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz (Biomaíz), que impulsará en la legislatura provincial, la aprobación de una Ley Provincial de Biocombustibles.
En principio, ya que aún no se conoce siquiera borrador del proyecto, la nueva ley se enmarcaría dentro de la denominada promoción industrial, es decir, ventajas impositivas y exenciones fiscales para “impulsar” las inversiones empresariales. Este ha sido el modelo de desarrollo impulsado en los últimos 15 años por el peronismo provincial donde el gobierno da grandes ventajas a las empresas que, a cambio, se comprometen a una serie de vagas promesas, entre ellas la creación de puestos de trabajo, que escasas veces se cumplen.
En este caso los beneficiarios son los productores rurales, que sumaran más beneficios a los que tiene el campo en nuestra provincia, en caso que pongan en pie pequeñas fábricas de biodiesel o bioetanol. Se calcula que el costo de estas plantas no llega a los 100 mil dólares, precio menor a una cosechadora o similar al de un tractor, o sea, ni siquiera se trataría de una inversión extraordinaria a las que suelen realizar los productores rurales. Y como si fuera poco, el Estado garantizaría un cupo de compra del combustible para su flota oficial de vehículos y el transporte público. Un verdadero negocio redondo.
Me reuní con representantes cordobeses de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen (CIGBO) y de la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz (BIO MAIZ). El @gobdecordoba va a impulsar una Ley Provincial de #Biocombustibles que nos permita: pic.twitter.com/MNaPH3v5uO
— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 6, 2020
El gobierno provincial utiliza el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, como mascarón de proa para impulsar esta ley. Señalan que “es mucho menos contaminante que los combustibles fósiles”. Sin embargo, se trata de una verdad a medias, ya que si bien, los motores a combustión que usan biodiesel, emiten menos gases contaminantes al ambiente, el daño producido llega por otra vía, y que es la afectación a otros elementos del ecosistema. La generalización de la producción de biodiesel profundizara el ecocidio en nuestra provincia.
De hecho, los propios informes 2014 y 2019 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático señalan que, si bien los biocombustibles tienen una menor emisión de gases de efecto invernadero, sus emisiones indirectas, como las provenientes del cambio en el uso del suelo, pueden conducir a una mayor emisión total.
Se calcula que la cosecha actual de maíz, soja u otros productos, apenas podría cubrir un cuarto de la demanda necesaria para reemplazar los combustibles fósiles por biocombustibles. Para revertir esta cuestión existen, señalan los especialistas, tres posibilidades. La primera de ellas es la expansión de la frontera agrícola, en nuestra provincia aún resisten pequeños relictos de bosques nativos. Sólo permanece el tres por ciento de los bosques originales en buen estado de conservación. Durante los últimos años se ha avanzado en la deforestación y en el uso de nuevas tierras para cultivos y animales, donde la producción no está limitada a la zona núcleo. Los incendios forestales son, en algunos casos, la manera más brutal y primitiva de expansión de esta frontera.
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Otra posibilidad es el destino exclusivo de la producción agraria para biocombustibles. Esto hará que se desplacen otras producciones destinadas a la alimentación como carne, leche o trigo. La consecuencia sería un aumento en los precios de los alimentos. Es decir, se dejaría de lado la poca soberanía alimentaria que aún tenemos. Esto por no señalar que, si se dejan de exportar los granos para ser, en cambio, usados como combustible, dejarían de ingresar millones de dólares que la provincia recibe como coparticipación de las retenciones al maíz y otros granos.
La tercera opción sería aumentar la productividad actual. Eso implicaría básicamente el uso intensivo y aún mayor de todo tipo de pesticidas y otros elementos que se utilizan en la actualidad. Significaría acelerar el deterioro del suelo y, por otro lado, las consecuencias sobre la aplicación de los pesticidas en los seres humanos y animales. Las experiencias de Barrio Ituzaingó o Monte Maíz hablan por sí solas. Allí se documentó una mayor cantidad de casos de cáncer que la media habitual. El uso de estos pesticidas fue la causa.
En nuestra provincia hay otros dos casos emblemáticos y dolorosos ligados al desarrollo o la fabricación de biocombustibles. Uno es la explosión de un laboratorio de la Universidad de Río Cuarto del año 2006, donde murieron cinco profesores y un estudiante. Allí se estaba realizando una investigación para el desarrollo de biocombustibles financiada por la Aceitera General Deheza, propiedad de Roberto Urquía.
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La pelea de los y las vecinas de los barrios San Antonio e Inaudi contra la alcoholera Porta es el otro caso importante en nuestra provincia. Ubicada al sur de la ciudad reconvirtió su producción al biocombustible (aunque con la pandemia se está dedicando casi exclusivamente al alcohol en gel) y allí comenzaron los problemas en la salud de quienes vivieron decenas de años allí, como problemas en la piel o respiratorios.
Esta no es la primera ventaja que obtienen los productores de biocombustible. La ley nacional 26093 de 2006, a la que la provincia de Córdoba adhiere, estableció un régimen de promoción que vence en mayo de 2021. Esta ley permitió el incremento de la producción y exportación de estos combustibles hasta que la baja abrupta producto de disposiciones de EEUU y la Unión Europea, que denunciaban tanto los beneficios comerciales injustificados que poseían los biocombustibles producidos en Argentina, como motivos ambientales por la destrucción de los ecosistemas naturales que exige su producción.
El objetivo de Schiaretti es claro, su modelo es la defensa de las patronales agrarias y todos aquellos que buscan hacer negociados con el ambiente en la provincia. Hay que desenmascarar esta orientación que de defensa del medio ambiente no tiene nada. Es necesario detener este proyecto de ley al igual que hizo el pueblo de Córdoba con la reforma de la Ley de Bosques, organizados y movilizados.
