EL pasado 30 de noviembre los diputados Leticia Amparano Gámez, del PAN, y José Antonio Arévalo González e integrantes del PVEM presentaron una iniciativa para expedir una ley general de salud mental, la cual, violaría los derechos humanos de los pacientes con enfermedades mentales.
Viernes 23 de febrero de 2018
Este proyecto de ley de salud mental conlleva una violación a los derechos de las personas con algún trastorno psiquiátrico, en el marco, que se ha documentado por distintas organizaciones, de que las personas que presentan enfermedades en el actual sistema de salud mental han recibido algún tipo de abuso: golpes, tortura y negativa a brindarles tratamiento por falta de medicamentos. Esto como consecuencia del bajo presupuesto que se les brinda a las instituciones encargadas de atender a pacientes con alguna enfermedad mental.
Algunas de las medidas que se proponen en esta ley son: que el personal médico será capaz de decidir si aquellas personas definidas con algún trastorno mental, no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas, sin consultar a los familiares.
En tales circunstancias la ley autorizaría tanto la hospitalización como el tratamiento involuntario sin necesitarse el consentimiento del paciente, declarándolo incapaz. De esta manera se facultará al personal médico a tomar las decisiones unilateralmente respecto a la salud del paciente y su tratamiento.
Así mismo el proyecto involucra lo que se denomina “Modelo Nacional Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental” el cual es una forma transitoria de alojar a los pacientes psiquiátricos con la promesa de que en algún momento podrán marcharse con los apoyos necesarios para convivir fuera de estos lugares.
Sin embargo, hasta ahora con su implementación en el estado de Hidalgo resulta en que los pacientes se quedan por tiempo indefinido , lo que conlleva entonces a que vivan segregados, pues se plantea “un modelo comunitario” pero con la imposibilitad de convivir, ya que se pretende que estas casas de transición se encuentren en lugares apartados para garantizar el aislamiento de los pacientes de sus familiares.
¿Qué hay detrás de esta reforma?
Dicha propuesta tiene como finalidad incrementar las hospitalizaciones de los pacientes psiquiátricos, lo que, dada la saturación y precarización del sistema público, derivarían en un aumento de hospitalización en instituciones privadas, las cuales se encuentran en manos de aquellos empresarios que están listos para llevar a cabo la mercantilización de la salud. Es decir, esta ley pretende legitimar y beneficiar la gestión privada de la salud mental.
También atenta contra todos los avances que se habían impulsado en los últimos años sobre el retiro de los manicomios y la posibilidad de que los pacientes se reinsertaran socialmente, pareciera entonces que únicamente se les busca un lugar, privado, donde “acomodarlos” lo que finalmente conlleva al aislamiento y segregación, pues son considerados un problema irreversible para la sociedad en el cual el Estado no pretende invertir para su mejoría.
Esta iniciativa pretende reforzar y dar continuidad a una visión manicomial de la salud mental que por encima de todo sirve para mantener el mercado de las grandes instituciones privadas y farmacéuticas.
Además, con el antecedente de que en nuestro país es sabido que instituciones similares (como la Castañeda) a las que hoy pretenden echar andar han sido denunciadas de abusos, torturas y violaciones de todo tipo contra los pacientes, cabe preguntarnos: ¿Cuál sería la diferencia ahora?
Por otro lado, es importante señalar que esta nueva ley podría dar un paso a la inserción de las neurociencias, corriente de la medicina que decide fundamentar todo proceso de comportamiento humano como resultado de los procesos neuronales, generando un modelo reduccionista de la conducta humana.
Esta perspectiva deja por fuera la injerencia de los factores histórico-sociales en la conducta humana y sus padecimientos, a la vez que impulsa la concepción de que la única disciplina capaz de abordarlo es la medicina. Como consecuencia necesaria se favorece a la medicación psiquiátrica y a los grandes negocios de las farmacéuticas.
Pensemos en una alternativa para brindar un tratamiento integral
La iniciativa de Ley está lejos de resolver una gran preocupación que implica aportar a la mejoría de los pacientes psiquiátricos: ya que no propone formación de equipos interdisciplinarios que aporten diversas miradas y ofrezcan diferentes perspectivas terapéuticas al paciente, a la par de fortalecer al sistema público bajo el control de sus trabajadores, con un personal capacitado y un mayor financiamiento público en el que se enmarque la importancia del tratamiento de la salud mental.
Hay que comprender que un padecimiento mental no se debe a una causa única, ya sea biológica, genética, social o intrasubjetiva, pues se hace referencia a una persona como un cuerpo biológico, un sujeto psicológico y un actor social; esto último implica que la comunidad tiene su parte en el proceso de enfermedad, pero también en el proceso de salud de sus miembros. De esta manera lo más idóneo para el paciente sería una atención intersectorial, es decir inserto a la comunidad que pertenece, dejando fuera la lógica de internación y aislamiento, pues se debe orientar los tratamientos al reforzamiento de los lazos sociales.
Debemos exigir un plan nacional de salud mental que realmente resguarde los derechos de los pacientes, y contemple ofrecer mejores condiciones para sobrellevar su enfermedad, así como mejores condiciones de vida, de la mano de contar con un sistema público bajo control de sus trabajadores, sin precarización laboral y completamente abastecido para que realmente se les pueda dar un tratamiento integral.
