El expresidente Michel Temer dejó, en la noche del lunes, la superintendencia de la Policía Federal en Rio de Janeiro, donde se encontraba preso desde el jueves pasado.
Martes 26 de marzo de 2019 14:14
La decisión de liberarlo la tomó el juez Antonio Iván Athié, del Tribunal Federal regional, quien determinó su liberación mediante un habeas corpus. Junto con él fueron liberados también el exministro Moreira Franco y otras cinco personas involucradas.
No hay dudas que Temer y la cúpula de su partido, el MDB (Movimiento Democrático Brasileño), están ligados a lo peor y más corrupto de la política nacional. Temer encabezó un gobierno golpista, fruto de un proceso de destitución impeachment (parlamentaria) impregnado de fraudes, y auspiciado por el capital extranjero, cuyo objetivo era profundizar y endurecer los ajustes que venía aplicando el PT contra los trabajadores.
Hay que recordar también que la operación judicial Lava Jato del juez Sérgio Moro y el procurador Deltan Dallagnol, responsable de la detención de Temer, fue protagonista del golpe institucional del 2016 que llevó a Temer al Palacio de Planalto. El autoritarismo judicial de la Lava Jato, junto con la Corte Suprema (STF) fueron pilares de la manipulación absolutamente fraudulenta de las elecciones que, partiendo de la prisión arbitraria de Lula y su proscripción, abrió el camino al triunfo de la extrema derecha bolsonarista en 2018. Es con un ala de esa Corte Suprema que quienes impulsan la causa del Lava Jato, hoy chocan lanzas.
Desde la semana pasada, la prisión ordenada por la fuerza especial Lava Jato tuvo una función específica en este momento: recuperar la iniciativa política ante recientes reveces. La operación judicial sufrió recientemente importantes derrotas, en manos de la Corte Suprema. La primera fue el veto a la Fundación Lava Jato, que buscaba crear Dallagnol y los fiscales de Curitiba. La segunda derrota fue cuando la Corte Suprema aprobó (por 6 a 5) sacar del alcance judicial de la operaciòn la Lava Jato los casos de corrupción y lavado de dinero ligados a los crímenes electorales, que quedarían bajo la jurisdicción del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La liberación de Temer es un nuevo revés para la operación Lava Jato, que buscaba con esa detenciòn recobrar iniciativa política, a través de sus métodos de coerción, en el Congreso. Con esta posición vemos los factores del régimen, que actúan como moderadores de los “excesos” de los fiscales y jueces que actuan en el Lava Jato, y se aseguran la posibilidad de elegir dónde la causa podrá seguir con su ofensiva y dónde no, poniendo límites para preservar las instituciones y contener los avances de la operación judicial.
Lo esencial de la situación, para los trabajadores, es que estamos en presencia de una disputa entre dos métodos distintos que comparten llevar adelante un mismo objetivo, el que impuso el golpe: derrotar al movimiento de masas. Un sector, encabezado por el ministro de Justicia Sérgio Moro y los fiscales de Curitiba, usa los métodos de la Lava Jato para disciplinar al Congreso y garantizar los votos a la reforma previsional que impulsa el gobierno de Bolsonaro. El otro quiere garantizar la votación de la reforma con los métodos del “toma y daca” de la vieja casta política, y por ahora reúne a la mayoría del Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados presidida por Rodrigo Maia, además de contar la mayoría de la Corte Suprema, con los jueces Gilmar Mendes y José Antonio Toffoli a la cabeza.
Estos dos métodos están subordinados a un gran acuerdo estratégico para la aplicación de las reformas ultra neoliberales de Bolsonaro y el debilitamiento de las organizaciones sindicales de los trabajadores. Todos ellos son enemigos del pueblo trabajador, jefes del autoritarismo judicial y de la derecha que quieren que los trabajadores paguen la crisis capitalista.
Por eso hay que organizar el combate con un programa de independencia de clase que permita liquidar esos dos métodos que los partidos que representan los intereses de los empresarios usan para alcanzar el mismo objetivo. Hay que defender un programa político que cuestione el conjunto de este régimen golpista, empezando por el propio poder judicial. Luchar para que los juicios sean por jurados populares, aboliendo los tribunales superiores e imponer que todos sean revocables, elegidos por el pueblo, y que reciban el mismo sueldo que una docente.
