Ante la inminente aprobación de esta Ley, organismos internacionales de Derechos Humanos han comenzado a pedir protocolos de defensa para trabajadores de la comunicación.
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Lunes 11 de diciembre de 2017
Foto: Reporteros protestan contra hostigamiento militar en Chilpancingo, José Luis de la Cruz, mayo de 2016
La discusión sobre el proyecto de Ley de Seguridad Interior es de primer orden en nuestro país. No sólo por lo que implica en materia de regulación de las Fuerzas Armadas, sino por lo que atañe a las violaciones de derechos humanos que en los hechos ya ocurren, pero que esta Ley avala. La libertad de expresión es uno de los derechos que inclusive organismos integrantes del establishment mundial como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado que peligran.
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Relatores especializados de la ONU y de la CIDH expresaron durante su visita a México que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior peligran tanto la libertad de expresión como el derecho a la información. Hasta el momento, la presión de activistas y distintos órganos nacionales e internacionales ha logrado aplazar el proceso de aprobación de esta Ley, que se pinta como inminente.
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Es precisamente ante la inminencia de la aprobación de esta Ley que estos organismos, cuyos representantes fueron entrevistados por Proceso, ya solicitan la aplicación de protocolos que garanticen la seguridad de trabajadores de la comunicación ante el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el territorio de un país que ocupa uno de los primeros lugares entre los países más riesgosos para ejercer el periodismo. Esta ley, dicen, por sus ambigüedades, expone a comunicadores a la obstrucción de su trabajo y los somete a vigilancia.
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Así, es claro que el papel de estos organismos en la discusión no apunta a que se cancele la Ley y mucho menos a exigir la desmilitarización inmediata del país, sino que buscan la manera de conciliar los planes del régimen con el frágil discurso de defensa de derechos humanos y contra las cifras que demuestran cómo, junto al feminicidio, las agresiones a periodistas estallaron con el inicio de la militarización del país bajo el gobierno del panista Felipe Calderón.
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Ni la capacitación ni "los límites" a militares que tanto la ONU como la CIDH llaman a establecer y respetar en un documento con 23 recomendaciones puntuales entregado a la cancillería mexicana y a la Secretaría de Gobernación, son garantías de nada en un régimen en donde los funcionarios públicos, principalmente integrantes del Ejército y las fuerzas federales, son los responsables de entre el 47% y el 68% de las agresiones contra periodistas. Esto al mismo tiempo en que el 90% de los crímenes contra periodistas continúan impunes.
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