La noticia no es titular en los medios nacionales ni tampoco tema en las conferencias matutinas del presidente. ¿Acaso la vida y salud de indígenas tzotziles presos, no son lo suficientemente importantes?
Marisol FN Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
Jueves 27 de junio de 2019
Cinco indígenas tzotziles presos en cárceles chiapanecas cumplen más de 100 días sin probar alimento a manera de protesta. Desde el pasado 15 de marzo iniciaron la huelga de hambre: los hermanos Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Juan de la Cruz Ruíz y Adrián Gómez Ruíz, recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados (CERSS) No. 5 ubicado en San Cristóbal de Las Casas.
A ellos se suma Marcelino Ruíz Gómez, quien se encuentra en el CERSS 10 de Comitán de Domínguez. Más de 100 días han pasado sin probar alimento. Sin embargo, los presos tzotziles se mantienen firmes en su exigencia al gobierno estatal de MORENA: libertad o muerte.
Desde el inicio de la protesta, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé junto con el Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs”, han acompañado a los denunciantes y documentado una serie de irregularidades y violaciones a los derechos humanos, durante sus detenciones, interrogatorios y encarcelamientos.
Denuncian tortura física y psicológica para la obtención de confesiones, privación ilegal de la libertad, tratos crueles y degradantes en prisión, falta de traductores para el acompañamiento legal y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas indígenas presas en cárceles de Chiapas. A esto se suman la falta de agua y atención médica adecuada durante su huelga de hambre.
Con el paso de los días, la salud de los indígenas tzotziles se deteriora aceleradamente; sin embargo esto no es motivo para que las autoridades, ni estatales ni federales, revisen el caso o la sentencia.
El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas del MORENA, se ha limitado a tener un par de reuniones con las familias y abogados de los presos, sin que ello implique un beneficio para su atención médica, mucho menos para su proceso penal.
Se estima que en Chiapas de las 3,648 personas presas, el 16.2 % son de procedencia indígena. Ello es una muestra más de cómo persiste el racismo institucional y crudo en las instituciones supuestamente encargadas de impartir justicia, bajo los gobiernos estatales y federales de MORENA y la “Cuarta Transformación”.
*Con información de Contralínea