El texto del primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) le da al ministro de Economía amplias facultades para realizar ajustes y vender compañías estatales. Compartirá estás atribuciones con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Serán los encargados de intentar convertir en privadas empresas hoy administradas por el Estado.
Lunes 11 de diciembre de 2023 10:41
Nicolás Posse, jefe de gabinete, Luis Caputo, ministro de Economía y Javier Milei
Recién este martes el ministro Luis Caputo (Economía) anunciaría las primeras medidas económicas del nuevo gobierno. Lo que sí se conoció y fue publicado en el Boletín Oficial fue el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Allí se reordenan los ministerios y secretarías, dejando claras algunas de sus atribuciones.
En el texto de la norma destacan las atribuciones otorgadas tanto al ministro de Economía como al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para dar lugar al achicamiento del Estado y avanzar en la “privatizar todo lo que pueda ser privatizado”, tal como había declarado el propio Milei.
El ministro de Economía tendrá el poder de “intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, actuantes bajo su órbita, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, y en aquellas que no pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros”.
A Posse, además, se lo faculta para “intervenir, previo a la designación de los directores que actuarán en representación del Estado Nacional, en las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional”. También a “entender en un sistema de información que permita el seguimiento del desempeño de las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional”.
En el mismo sentido, el DNU incorpora la posibilidad de “establecer los lineamientos e impartir las directivas y recomendaciones a las que deberán ajustar su actuación los titulares de las dependencias del Estado Nacional que posean bajo su ámbito la titularidad del ejercicio de los derechos societarios en las empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica”.
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Con estás atribuciones, el nuevo Gobierno se prepara para intentar avanzar en la privatización de una diversidad de empresas. Algunas de ellas de carácter estratégico. Entre las empresas que están en la mira se encuentran la misma YPF, Aerolíneas Argentinas y los medios públicos.
Sin embargo, la historia de las últimas décadas muestra el estrepitoso fracaso de las privatizaciones. El estado calamitoso del servicio energético funciona como ejemplo patente de esa situación.
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