En mayo pasado, tras los atentados a la revista Charlie Hebdo, la Asamblea Nacional francesa aprobó de urgencia amplios poderes para los servicios de inteligencia, que a partir de entonces pueden rastrear Internet e interceptar comunicaciones telefónicas sin autorización judicial. Esta misma semana se está debatiendo en el parlamento la extensión del estado de emergencia en el marco de la propuesta de reforma constitucional de Hollande que algunos aseguran establecerá un verdadero estado policial.
Leonardo Vázquez @Leo_Vazquez2000
Miércoles 18 de noviembre de 2015
Como parte del paquete de medidas “antiterrorista” aprobado por el gobierno Francés, que muchos han llamado "Patriot Act a la francesa", se autorizó el uso de los dispositivos IMSI Catcher, que permiten que una persona sentada en un espacio público por unos minutos grabe todas las comunicaciones en un radio de cientos de metros y se haga con los datos de miles de personas.
Sin embargo, estas medidas lejos de haber servido para evitar los atentados, son utilizadas para aumentar los controles sobre la población y los inmigrantes, como parte de la cruzada islamófoba y guerrerista impulsada por Hollande.
Tras los últimos atentados en París, este tipo de medidas se han multiplicado y los “expertos” en la lucha contra el yihadismo reclaman al gobierno francés más instrumentos tecnológicos para interceptar comunicaciones por Internet. Pero según informó CNN el ISIS se está volcando cada vez más al uso de Telegram para sus comunicaciones y han optado por utilizar un canal de esta misma herramienta para transmitir su propaganda, dado que esta herramienta es más segura para evitar el espionaje.
El ministro de interior, Bernard Cazeneuve, declaró recientemente que "Todos estamos de acuerdo para establecer controles exhaustivos sobre algunos pasajeros en función de ciertos criterios", insistiendo en la necesidad de mejorar el sistema de recolección de los datos que proporcionan los viajeros a las compañías aéreas, asegurando a su vez que se deben integrar todos los sistemas similares de Europa, lo que, nuevamente, plantea serias dudas con respecto a la privacidad de la población civil y las libertades democráticas elementales de los activistas políticos.
Según El País, las nuevas medidas que prevé el Gobierno afectarán a 10.500 personas, supuestamente sospechadas de actividades ligadas al radicalismo islamista. El expresidente Nicolas Sarkozy ha dicho que a esos sospechosos habría que fijarles zonas determinadas de residencia (lo permite el estado de emergencia) y colocarles brazaletes electrónicos de geolocalización. Por su parte Laurent Wauquiez, secretario general del partido de Sarkozy, ha propuesto incluso encerrar a esos sospechosos en campos especiales de internamiento. El Ejecutivo, en efecto, no descarta obligarles a portar algún sistema para tenerlos localizados en todo momento.
