El Ayuntamiento de Madrid no ofrece ninguna alternativa habitacional a su situación. Hablamos con Lidia, a 16 días de iniciar una acampada frente a la Junta Municipal.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Jueves 6 de julio de 2017
Foto: ID.es
Un centenar de personas se concentraron el pasado martes frente a la Junta Municipal de Carabanchel. La convocatoria fue realizada por la PAH y otros grupos de vivienda de asambleas populares de diferentes barrios y buscaba apoyar la lucha de Lidia y Santi, tras 16 días de acampada en contra de su desahucio. Éste fue efectuado el pasado 13 de junio por medio de un fuerte despliegue policial – nada menos que 14 furgones -. La medida les dejó en la calle junto a su cuatro hijos menores sin ninguna alternativa habitacional. Todo para proteger los derechos de un fondo buitre, Fidere, el actual propietario de la que era su vivienda tras adquirirla en la irregular venta de vivienda pública del gobierno municipal del PP de Ana Botella a diversos fondos de inversión de este tipo.
El actual equipo de gobierno de Ahora Madrid, alcanzó el gobierno municipal con la promesa de acabar con los desahucios y/o en todo caso, al menos, ofrecer una alternativa habitacional a las familias afectadas. Sin emabargo, a dos años de haber asumido, sigue sin ofrecer una solución viable a esta familia, y a otras muchas. Desde el mismo área de Derechos Sociales del Ayuntamiento se reconoce una lista de espera para obtener vivienda pública de 14.000 solicitudes, 8.000 de ellas de urgencia extrema como el caso de Lidia y Santi.
Decenas de personas se concentran por una alternativa habitación al para Lidia y Santi tras su desahucio, llevan 16 días en la calle. #PAH pic.twitter.com/dWQdh1qiTo
— IzquierdaDiario.es (@iDiarioES) 4 de julio de 2017
Por eso, esta familia ha decidido luchar por su derecho a una vivienda social pública digna, acorde con sus necesidades - 6 miembros, 4 niños menores y la pareja - y se mantiene acampada recibiendo multitud de muestras de apoyo y solidaridad de colectivos y vecinos y vecinas de la zona. Su voluntad es mantenerse allá hasta que desde el Ayuntamiento o la Comunidad se les facilite una vivienda social pública a la que puedan hace frente con sus escasos ingresos.
En el emotivo acto, coronado por las palabras de Lidia e intervenciones de representantes de otros colectivos que la acompañaban, se insistió en la trascendencia de esta lucha que es la de todos los que se encuentran en esta misma situación o las de aquellos que en un futuro nos podríamos ver en algo similar. También se anunció que se pretende intervendría en el Pleno del jueves de la Junta Municipal para exigir una solución.
Se reivindicó también la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la PAH y llevada a la Asamblea de Madrid recientemente para aprobar una ley por el derecho a la vivienda pública social con carácter universal que pretende terminar con estos casos.
Estando en la concentración Izquierda Diario conversamos con Lidia, esto fue lo que nos contó…
¿Cómo llegásteis a la situación de desahucio de vuestra vivienda el pasado 13 de junio?
Nosotros vivíamos en una vivienda de Fidere, fondo buitre al que el Ayuntamiento de Ana Botella vendió las viviendas partir de 2013.
El primer intento de desalojo fue el día 2 de junio a las 10 de la mañana. Gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Asamblea de Carabanchel y otros colectivos pudimos parar este primer desalojo. Nos dieron 11 días más para que pudiera buscarme alguna alternativa o algo.
El segundo desalojo lo tuvimos el 13 de junio y lo veíamos complicado. Fidere es un fondo que no negocia, no contesta llamadas ni mensajes, nos cerró las puertas cuando íbamos a hablar con ellos a Avenida de Manoteras donde tienen la sede. Para mí son malas personas.
El día 13 a las 9 y media de la mañana, 14 furgones policiales de Policía Nacional, nos tiraron la puerta abajo y nos dejaron en la calle ¿Única alternativa? El SAMUR Social. El SAMUR Social nos dijo que teníamos dos habitaciones en un albergue hostal en Vallecas. Ahí estuvimos desde el día 13 por la tarde hasta el día 19 por la mañana. Dos días antes, el día 17, ya me llamaron para decirme que teníamos que abandonar el hostal porque había gente con más necesidades que nosotros, gente con más prioridad. Yo les dije ¿Más prioridad que nosotros? Cuatro menores y dos adultos, desempleados y cobrando únicamente la Renta Mínima de Inserción (RMI).
No tenemos donde ir. Nos dijeron que nos buscáramos nosotros alguna alternativa, algún familiar que nos acogiera. Les devolvimos las llaves y nos fuimos.
Ese mismo día 19 a las 10 de la mañana Santiago y yo decidimos acampar aquí frente a la Junta de distrito de Carabanchel.
Desde entonces estáis aquí… pero ¿Habéis tenido alguna otra respuesta del Ayuntamiento más allá de la intervención del SAMUR Social?
Antes de los dos desalojos hemos tenido contacto con la Concejalía, Esther Gómez. Ella no nos ha recibido, nos recibían sus asesores, David y Gustavo, y mediante trabajadores sociales nos ofrecieron varias cosas. Una era una habitación compartida temporalmente. Ellos se harían cargo hasta que hubiera una vivienda de emergencia de integración social (VIS). Eso nunca llegó. También me ofrecieron una vivienda en San Cristóbal de los Ángeles con una habitación por 300 euros. También me ofrecieron una vivienda en Valmaqueda en Ávila, a 75 kilómetros de Madrid. Les dije que esas alternativas no las veía yo muy adecuadas por el precio o por la distancia. Nosotros el colegio, los médicos, instituto, familiares, viven en Carabanchel o alrededores. Solo pedía un alquiler social, una vivienda pública.
Nosotros sabemos perfectamente que tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento tienen viviendas vacías, en el barrio, en Usera, en San Fermín frente a la Caja Mágica, en Carabanchel Alto, en Vallecas, en Móstoles, en Antonio López, en Avenida de los Poblados, en muchos sitios.
¿Cómo es posible que teniendo vivienda pública vacía no os faciliten ninguna vivienda dada vuestra situación?
A mí me dicen las instituciones que adjudican vivienda pública que llevan un año y medio de retraso y que no pueden hacer nada, que me han intentado ayudar en todo lo posible, que me entienden y me comprenden. Ellos dicen que trabajan día y noche por nuestro caso pero que no hay viviendas.
Debería haber un trámite de urgencia específico para estos casos de emergecia social… y en cualquier caso debería haber viviendas públicas según necesidades, volviendo a vuestra situación anterior ¿Vosotros teníais la vivienda en un primer momento bajo la EMVS?
Nosotros estábamos en ocupación, porque antes de ocupar, llevábamos 15 años solicitando vivienda pública al IVIMA y dos años a la EMVS. La Comunidad de Madrid ha pasado totalmente de nuestro caso durante todo este tiempo. Escritos y papeles, entrevistas. Siempre me dieron de lado. Al final nos vimos en la calle, es difícil todo.
¿Habéis tenido algún apoyo de los grupos políticos municipales o de la Asamblea de la Comunidad de Madrid?
Ahora es cuando se está empezando a mover un poco todo esto. Por las redes sociales, ayer fue cuando Podemos puso en twitter mi caso, diciendo que tengo tres hijos, que llevaba 20 años. Hay todavía un poco de confusión.
A partir del jueves pasado cuando estuve ingresada se ha movido todo más, porque debido a toda la presión que he tenido, después de los dos desalojos, SAMUR Social, el albergue, tener que abandonarlo, acampar aquí, la presión policial, ver que las trabajadoras sociales no nos ayudan, que nos dan de lado... Llega un momento que una no aguanta más, así que el jueves por la mañana me ingresaron porque tuve un aborto diferido. A partir de ahí es cuando ya empezó a haber un mayor interés por nuestro caso.
Llevamos aquí 16 días y los primeros días los de la Junta Municipal era como si no existiéramos para ellos, como un árbol o un banco de la plaza. Pasaban y nos ignoraban. Esther Gómez, la pasada semana y la anterior bajó a la carpa a decir que subiéramos a hablar con ella sobre las ayudas al alquiler.
Nos propuso hablar de esto pero teníamos que buscar el contrato por nuestra cuenta y convencer a la inmobiliaria para que nos lo alquilaran. Cuando te piden 4 meses de fianza, te piden contratos indefinidos, que lleves 3 o 4 años en la empresa, nóminas de 1.300 euros... Y cuando ya tuviéramos todo eso, desde la Junta gestionarían todo pero que además tardarían 2 o 3 meses en darnos la ayuda al alquiler.
Estamos aquí acampados pidiendo un alquiler social, una vivienda pública, no pretendemos vivir gratis, queremos pagar según las posibilidades de nuestros ingresos, cobramos 655,20 euros.
Ese es el ingreso que tenéis por la Renta Mínima de Inserción, único ingreso familiar que tenéis en este momento…
Exactamente, cobramos 655,20 euros y pedimos pagar 80 o 100. Yo no puedo pagar 400. He pagado 650 cuando teníamos más ingresos porque teníamos trabajo. Cuando hemos estado bien no hemos pedido ayudas y que hay mucha gente como nosotros.
Está bien que desde Podemos os apoyen en las redes sociales pero tienen el gobierno del Ayuntamiento de Madrid a través de Ahora Madrid y podrían hacer mucho más, tendrían que resolver el problema…
Esther Gómez, la concejala del distrito, ha hecho hoy un artículo en El Diario.es echando balones fuera. Diciendo que el Ayuntamiento no tiene viviendas y culpabilizando a la Comunidad de Madrid. Los dos tienen viviendas, para que vamos a engañarnos, tienen viviendas cerradas, se tiran dos y tres años tapiadas con ladrillo y con chapa. Y dicen ahora que van a adjudicar, yo no me lo creo.
No sé en qué consiste todo esto, que se culpen unos a otros. Esto tiene que terminar, que una familia tenga que acampar frente a una Junta Municipal para que se den cuenta de lo mal que los estamos pasando, con todo este sufrimiento. Yo es que muchas veces no me lo creo, parece surrealista, no me parece que me pueda estar pasando esto.
Lidia, muchas gracias, no te molestamos más, te agradecemos la entrevista y queremos trasladaros nuestra solidaridad y apoyo a vuestra justa causa que es la de todos nosotros.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.