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Red Internacional
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Neuquén. Llaman a indagatoria a Patricia Bullrich por allanamiento ilegal a comunidad mapuche en 2017

Se trata de Lof Campo Maripe ubicado en el corazón de Vaca Muerta que fue allanado ilegalmente por Gendarmería Nacional en 2017. La declaración indagatoria será el día 21 de diciembre.

Martes 30 de noviembre de 2021 13:55

Imágen de portada: Martín Álvarez Mullally

Según informó la Confederación Mapuche de Neuquén, Patricia Bullrich deberá brindar su declaración indagatoria en el Juzgado Federal 2 de Neuquén, en el que las autoridades del lof (comunidad) Campo Maripe estarán como querellantes en la causa judicial. Pablo Noceti fue citado para el día previo, el 20 de diciembre y luego se indagará a los comandantes de Gendarmería Carlos San Emeterio, Luis Lagger, Jorge Mariani y Dante Zabala, acusados por los delitos abuso de autoridad, amenazas, violación de domicilio, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Lefxaru Nawel, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas a través de Twitter dió a conocer la fecha de ingadatoria a la ex ministra de Macri.

El 13 de junio de 2017, en un contexto de avanzada represiva contra el pueblo Nación mapuche, Gendarmería ingresó por pedido de YPF para sitiar y resguardar la zona de explotación conocida como pozo BAñ-43 en el Lof Campo Maripe. El operativo de seguridad fue orden directa de la ex ministra Bullrich y el ex Jefe de Gabinete Pablo Noceti.

Campo Maripe: la historia de una comunidad atravesada por el despojo y la criminalización

La comunidad Campo Maripe habita el territorio en cercanías a Añelo desde el año 1927. En el año 1940 el Ministerio de Agricultura, bajo la presidencia de Ramón Castillo, reconoce regularizar la situación de los habitantes del territorio, particularmente una deuda de pastizaje que va del año 1927 a 1941.

Durante la última dictadura militar la familia Vela adquiere de manera irregular partes del territorio. El territorio, lógicamente es arrasado y la comunidad pasa también a ser propiedad de los terratenientes Vela. El Estado provincial en aquel entonces solo les otorga el permiso de pastorear el lugar con sus animales y construir sus viviendas, pero continúan bajo la propiedad de Andrés Vela.

Hasta el año 2000 se suceden amenazas de manera constante a la permanencia de la comunidad en su territorio ancestral. Sus casas son destruidas y se los corre de ese lugar. La comunidad decide pelear por las tierras que han habitado durante más de 70 años.

En el año 2006 la Ley 26.160 declara la emergencia en materia de permanencia y posesión de las tierras ocupadas por pueblos indígenas en el país. La comunidad se inscribe con su propia personería judicial en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Fue el mismo Jorge Lara quien en el año 2015 realizó un relevamiento junto a la cartera que presidía, el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Ambiente, donde se constató que eran 34 familias las que habitaban ancestralmente una extensión de 11 mil hectáreas.

Al año 2016 la comunidad Campo Maripe tenía más de 450 pozos de fracking dentro de sus tierras. Ese número ha aumentado en los últimos años junto a los intentos de judicialización y persecución a los integrantes del pueblo mapuce.

En el año 2017 Patricia Bullrich ordena la represión en el territorio y el mismo Pablo Noceti en el lugar dirige el operativo. El ingreso de la Gendarmería se dio sin orden judicial con el fin de garantizar el libre acceso de las camionetas y los equipos que desarrollaban tares en los yacimientos de la cuenca Vaca Muerta.

En abril del año 2019 el Juez Gustavo Ravizolli dictó la absolución a seis integrantes de la comunidad que fueron imputados bajo el delito de "usurpación" de su propio territorio. En agosto del mismo año, el fallo del Tribunal Superior de Justicia confirmó la nulidad de la sentencia absolutoria. Ante este fallo la Comunidad Campo Maripe junto a la Confederación Mapuche de Neuquén apelaron a la Corte Suprema de Justicia sosteniendo la validez de la sentencia absolutoria.

Idas y vueltas en el terreno judicial que demuestran la voluntad política del gobierno provincial y nacional de darle todo a las petroleras, a costa del despojo del pueblo mapuce de sus territorios, con persecución y causas armadas para castigar a quienes se enfrentan al extractivismo que genera el fracking y defienden sus derechos como pueblo originario.