La discusión que preocupa al gobierno de Córdoba pasa por presentar una adhesión al Régimen de Grandes Inversiones votado en la Ley Bases para la atracción de nuevos capitales en la provincia.
Lunes 7 de octubre 14:23
El gobierno de Córdoba está a punto de presentar en la legislatura provincial un RIGI propio. Según el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Acosta, se trataría de “un esquema superador”. Según La Voz del Interior, otras fuentes hablan de “incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”. Esto desató la furia de legisladores de Juntos por el Cambio y otros que adscriben al gobierno nacional que presentaron un proyecto de adhesión ni bien se aprobó la Ley Bases. Hernández Maqueda, quién logró su banca por el espacio de Elisa Carrió y ahora se desespera por selfies a las apuradas con Karina Milei, en Cadena 3 calificó a Llaryora de tener una “ideología socialista” y querer tener un RIGI “trucho” como el de Entre Ríos. Se pelean por ver quién es más lacayo de los empresarios.
Llaryora ya en agosto había prometido al G6 (mesa que nuclea a la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y la Cámara de Construcción entre otros) la adhesión al RIGI por parte de la provincia de Córdoba. Sin embargo, hasta los propios sectores empresarios desconfían del RIGI. Según una encuesta de Industriales Pymes Argentina (IPA) el 43,3% consideró que no cambiará la situación actual; pero el 38,5% de las encuestadas aseguró que “empeorará” la situación de las empresas, siempre refiriéndose a las PyME.
Con el verso de los “empleos de calidad”, los empresarios se llevan aún más beneficios aportados por parte de todos los trabajadores cordobeses, es que el peronismo mediterráneo, a través de las llamadas leyes de promoción industrial, ha sido un verdadero pionero. El proyecto del RIGI cordobés se enmarcaría como continuidad de estas políticas.
Las leyes de promoción industrial incluyen el pago de una parte del salario de los empleados por parte del Estado Provincial, beneficios impositivos y tarifas subsidiadas de energía eléctrica. Para dar cuenta de la magnitud de estos beneficios, mientras fue legisladora provincial, Laura Vilches denunció que el consumo de la fábrica Volkswagen, era similar a lo consumido en la ciudad Montecristo, incluyendo hogares, comercios, alumbrado público y las industrias allí instaladas. Montecristo tiene una población superior a las 10 mil personas.
Pero lejos de encontrarnos con un empleo fuerte y “de calidad”, en Córdoba aumenta la precarización y la flexibilización. Incluso empresas como Weg, que fueron beneficiarias de la promoción industrial, pudieron despedir trabajadores efectivos con la vista gorda de las autoridades provinciales. De eso se trataría “el toque cordobés” del que se vanaglorian los funcionarios de Llaryora.
El gobierno de Milei está siendo una desgracia para las mayorías populares en Córdoba, al igual que en todo el país. La provincia está lejos de ser un modelo a prueba de las crisis. La pobreza supera el 52% cuando hace un año estaba debajo del 40%. Se superó incluso el pico de pobreza del 49% que se había registrado durante la pandemia con la economía totalmente paralizada. Eso implica que más de 800 mil cordobeses y cordobesas son pobres. La indigencia llega al 12%. Según datos del Centro de Almaceneros de Córdoba, el 58,1% de los hogares no pudo acceder a la totalidad de los alimentos de la canasta básica alimentaria. De aquellos que sí lo lograron, solo el 25,2% lo hizo con recursos propios, mientras que el 74,8% dependió de ayuda estatal, como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar.
La misma investigación calculó que la canasta básica total, que marca la línea de pobreza para una familia tipo, ascendió a $1.176.159, mientras que la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, alcanzó los $633.021.
Esta situación se verifica a simple vista, donde crece la gente en situación de calle o como señalan referentes de movimientos sociales, los comedores populares no tienen la capacidad para albergar a toda la gente que se acerca a pedir un plato de comida.
Mientras tanto, por arriba, Llaryora sigue especulando con el apoyo a las medidas del gobierno nacional. La vara de esta actitud es baja: por un lado, busca que la administración central le salga de “garante” de nuevos endeudamientos. Por el otro, maneja ciertos márgenes de temor frente a la situación vivida en febrero, cuando Milei lo acusó de ser el responsable de la fallida votación en particular de la Ley Bases.
Si bien Llaryora busca diferenciarse de Milei en temas que tienen un gran apoyo popular como en el caso del reclamo de las universidades, la política del gobierno provincial también es de "motosierra": la situación salarial de los niveles a cargo de la provincia no se diferencia en tanto. Sin ir más lejos, el último acuerdo paritario dejó con bronca a la gran mayoría de la docencia. La medida propuesta por el ministerio de Educación provincial para aumentar los salarios, fue de darles la posibilidad de aumentar aún más la extenuante jornada laboral a la que se ve expuesta ya la docencia.
Sobre este punto fue extendida la hipocresía, mientras radicales, juecistas y peronistas apoyaban la marcha universitaria, en el Congreso Nacional son los mismos partidos que se desesperan por votar la “esencialidad educativa”. Se trata de una medida que ataca directamente el derecho a reclamar, por parte de docentes primarios y secundarios, mejores salarios y mejores condiciones para la educación. Lo mismo que se reclamó el pasado miércoles.
El RIGI contra el bosque nativo
La proliferación de los incendios en las últimas semanas volvió a exponer al modelo cordobés basado en la expansión de la frontera agroganadera y el surgimiento de barrios privados, inaccesibles para el común del pueblo trabajador.
El destrato por parte del presidente hacia los bomberos que combatieron los incendios y la falta de anuncios hacia los damnificados le permitió a Llaryora quedar en el centro. Pero los pedidos de ayuda para cuarteles de bomberos voluntarios que estaban escasos de materiales demostró la fragilidad del plan del gobierno provincial para la prevención y el combate de los incendios.
Sin el arrojo decisivo de estos bomberos, junto a brigadistas y vecinos, que se pusieron en riesgo para enfrentar el fuego, el saldo material y ambiental hubiera sido mucho más grave para la provincia.
Aquí vuelve a entrar el RIGI cordobés en escena ya que se cree que podría incluir la pata de los biocombustibles. La producción del bioetanol es una bandera del peronismo cordobés desde hace varios años. Detrás de la presentación de los mismos como un producto “verde” se encuentra una formidable expansión de la frontera agraria, más aún en tiempos que la soja empieza a perder competitividad por una baja continua de su valor de mercado.
La filosofía detrás del RIGI, impulsada por el gobierno de Milei (que compartió Massa en la campaña), es la vía libre para el saqueo de los bienes comunes. Se espera que detrás de esta reglamentación se profundicen las condiciones para que nuevos incendios sean aún mas destructivos.
La incorporación de referentes ambientales, como los del efímero Partido Verde cordobés u otras organizaciones, al gabinete de Llaryora no ha redundado para nada en un cambio de orientación central del gobierno provincial.
Lejos de eso, como se reclamo durante los incendios en distintos puntos de la provincia, y vienen insistiendo pobladores, distintas organizaciones ambientales y brigadistas "Todo fuego es político". Por eso es necesaria la más amplia movilización para impedir que se apruebe este plan que consolidará un modelo de saqueo de los bienes comunes.
