No es la naturaleza. Llegó el invierno y la pobreza energética sigue golpeando a diez millones de personas

Todos los inviernos la misma historia, lamentable. Noticias que uno quisiera nunca dar. “Tragedias” de familia hacinadas intentando preservarse del frío. Personas en situación de calle congeladas. Aulas heladas. Madres que gastan gran parte de sus ingresos en calefaccionar sus casas. Familias sin techo haciéndole frente al viento helado que se cuela por chapas y plásticos.

Este año, otra vez, sobre llovido mojado. La pandemia, el frío y el hacinamiento son un combo peligroso, fatal muchas veces. Además, como han denunciado muchas organizaciones, durante años son el caldo de cultivo para las enfermedades crónicas donde el virus se mueve como pez en el agua.

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Hoy 21 de junio comienza la estación invernal, aunque el frío y la pobreza energética ya había llegado.

Según el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales que asesora al Presidente, hoy en la Argentina la pobreza energética alcanza al 22,9% del total de la población (17,5% de los hogares). Eso equivale a unas 10 millones de personas. Claro que esos números golpean sobre determinadas regiones y sectores de la población, donde el porcentaje es mucho más alto.

¿Y cómo se mide la pobreza energética? Según la definición más extendida, se refiere a “la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas”.

En la Argentina se utiliza como parámetro el 10% de los ingresos familiares. Si los servicios de energía (gas en red, electricidad o garrafas) le llevan más que ese número o al pagarlos entra en “pobreza monetaria”, hablamos de pobreza energética.

Ese es el parámetro estadístico. Pero sabemos que el problema es mucho más amplio. Hay quienes no ingresan en ese estudio de ingresos/facturas/gastos, y sufren las formas más brutales de pobreza energética. Quienes no tienen accesos a los servicios de gas natural, calefaccionan sus hogares con leña u otros métodos. Son quienes no salen en esos registros oficiales.

O quienes tienen problemas de vivienda. Hoy el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas. No solo el 1,3 millones de viviendas que faltan, sino también los 2,2 millones de viviendas que no tienen condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno.

Uno de los símbolos más brutales de esa pandemia que nunca termina fue la muerte, el pasado invierno, de una niña de 12 años en una casilla en las afueras de Neuquén. Como denunció la concejal Natalia Hormazábal (PTS-FITU), “esta muerte y la postal de ayer de las colas de 3 cuadras para conseguir una garrafa, ocurren en el ´corazón de Vaca Muerta´. Es una muerte absurda estando parados en la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo. Aquí los gobiernos condenan a más de 23 mil familias a vivir sin gas natural".

O lo que sucedió hace pocos días en Ensenada: el incendio de una precaria vivienda que se cobró la vida de 5 niñes y dos mujeres adultas.

Un parche miserable para enfrenta un viento helado

Además del dato del Consejo que citábamos antes, el Energas brindó en las últimas horas otro índice, mucho más optimista para el gobierno. Asegura que “la pobreza afectó a 1,6 millones de hogares en 2020”. Dice que 2,8 millones de familias salieron de esa situación supuestamente, debido al congelamiento de tarifas del último tiempo.

Que dos organismos ligados al Gobierno brinden datos tan disímiles, ya es un dato. Cuesta creer semejante descenso en los índices, teniendo en cuenta que las tarifas quedaron congeladas pero a valores altísimos, aumentó notablemente la pobreza monetaria y prácticamente no se ejecutaron obras públicas que mejoren los servicios para la población.

Hoy el 34% de los hogares en Argentina no están conectados a la red de gas. A pesar de las épocas de “la década ganada” (y subsidiada), los tarifazos de Macri y los cambios de gobiernos, gran parte de la población tiene que calefaccionarse y cocinar con garrafas, que en abril sufrieron un esquema de aumentos del 20%.

Ante semejante situación, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo anunció hace pocos días con bombos y platillos "lo que nosotros llamamos el ’Operativo Frío’ y que todos los inviernos ponemos en marcha. El Programa Abrigar tiene tres partes. Una es la entrega de estufas, camperas, frazadas, retenidas en la Aduana, que entregamos todos los años a las iglesias". Las otras dos medidas consisten en colaborar con la compra de leña en zonas críticas y reforzar los paradores donde algunas familias pasan los días más fríos.

O sea: tapar con un parche un problema estructural que sigue afectando a millones. Pero además una "ayuda" cada vez más miserable. Según datos oficiales, en mayo de 2021 los desembolsos totales del Gobierno en programas sociales retrocedieron 42 % en términos reales, en comparación con el mismo mes de 2020.

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Los ganadores y perdedores de siempre

Es evidente que el debate que habría ocurrido dentro del Gobierno por cuánto debía de ser el aumento de tarifas no resuelve el problema de fondo.

El incremento de las facturas en el período 2015-2019 para un hogar promedio fue de 3.222% en términos nominales y de 731% en términos reales. Hoy discuten junto a las petroleras y las grandes empresas eléctricas cuál va a ser el aumento de tarifas y los subsidios. La negociación está llena de cálculos económicos pero también electorales, en medio del malestar social y la pobreza.

Mientras tanto, el invierno seguirá pegando, a unos más que a otros. Como decíamos al principio, estos números se sienten en los huesos y también cobran vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza energética aumenta un 30% la mortalidad estacional en invierno.

Hace muchos años, Federico Engels definía los crímenes sociales, pero aquellas palabras mantienen vigencia. Se refería a aquellos en los que la clase que tiene el poder “quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir, cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte (…) Entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido”.

Por eso que los servicios básicos sigan en manos del negocio capitalista, sea la multinacional Chevron o la patriota "Pampa energía", es una política criminal.