Durante el temporal de este fin de semana ha salido a la luz la profunda crisis que viven miles de familias que no han tenido más opción que organizarse y ocupar terrenos para darle solución a su problemática habitacional y que hoy se mantienen soportando el frío y hambre muchas veces para defender su derecho a una vivienda, lo cual deja más que demostrado que los desastres naturales poseen un origen social.
Lunes 1ro de febrero de 2021
El problema del derecho a la vivienda es de larga data en Chile, en donde el Estado jamás ha tenido una política pública de vivienda que vaya en beneficio de las familias obreras y populares, teniendo estas que darle respuesta a su necesidad mediante métodos de acción directa como tomas de terreno y autoorganización, tanto para la construcción de sus viviendas como para solucionar problemas de alimentación y seguridad. Es por esto, que la cuestión del uso del suelo posee un potente carácter de clase, el cual nos ha demostrado -y lo sigue haciendo- que el derecho a la vivienda y al suelo es solo un privilegio para un sector reducido de la población.
Entre 2017 y 2020 la superficie de campamentos de la Región Metropolitana aumentó 84%, pasando de 1,17 millones de metros cuadrados a 2,15 millones. Las comunas de mayor crecimiento de superficie de campamentos son La Florida (+344%), Puente Alto (+321%). El campamento de mayor tamaño en cuanto a cantidad de personas es el Millantú, con 1.059 familias, que se ubican en el sector de Casas Viejas, Puente Alto, abarcando 169.448 m².
Un estudio de la oficina de urbanismo Atisba, indica que el Fisco tiene más de 1.000 hectáreas de suelo “abandonado” en Santiago, donde se podrían desarrollar 50 mil viviendas, “evitando este peligroso y vulnerable patrón de crecimiento detectado”. Solo en Puente Alto existen más de 7 campamentos con un aproximado de 1.570 personas que los habitan, las cuales no tienen acceso ni a luz, ni agua potable ni alcantarillado, lo cual los expone permanentemente a enfermedades dado las condiciones de insalubridad, no es casual por tanto los altos índices de contagiosidad por el Covid19 en esta comuna, ya que para estas familias es imposible la realización de cuarentenas efectivas.
Este fin de semana hemos visto como las condiciones climáticas han develado las profundas diferencias sociales entorno a las condiciones de habitabilidad y de uso del suelo de miles de personas en la RM. Mientras en las 3 comunas del rechazo los terrenos de las casas poseen un promedio de 400 mts cuadrados, y donde se existe una planificación urbana responsable, en comunas como Puente Alto y La Florida hay familias que viven en construcciones de 40 metros cuadrados sin patio, o casos más extremos de hogares en campamentos, compuestos de mediaguas de 9 metros cuadrados asentados en vertederos o en terrenos no aptos para la vivienda. Esto demuestra que en chile el derecho al suelo y la vivienda no existe y que depende del tamaño del bolsillo a que tipo de calidad habitacional se puede acceder.
Joseffe Cáceres, vocera nacional de la Agrupación Pan y Rosas, dirigente sindical de UMCE y candidata convencional por la lista “A darlo vuelta todo” y militante del PTR, valoró la organización y unidad de les pobladores para resistir el temporal más allá de la nacionalidad de las familias e instó a los vecinos de Puente alto a "colaborar con un acopio para las familias del campamento Los Pinos emplazado a faldas del cerro La ballena de Puente alto."
Por otra parte, ante las amenazas del alcalde derechista Rodolfo Carter a los vecinos de la toma de no permitir el acceso al subsidio habitacional si no desalojan el campamento Dignidad, por una supuesta preocupación de no permitir que nadie muera ante posibles aludes, Camila Meza Herrera, arquitecta, también militante del PTR y candidata a convencional por el D12 plantea que:
“Si el alcalde Carter está realmente interesado en las vidas de las y los pobladores del campamento entonces por que el municipio prioriza otorgar concesiones a empresas inmobiliarias, dándole la espalda a los sectores más pobres y precarizados de la población obligados a vivir en terrenos no seguros ni urbanizados como lo vemos con la toma Dignidad, o en su defecto, vivir bajo el hacinamiento. Que no pida confianza, donde los hechos demuestran lo contrario a sus palabras”
Por su parte en un comunicado público el Campamento Dignidad plantea que: “Hoy en día vemos como el mercado inmobiliario adquiere terrenos mediante las municipalidades para abandonarlos y esperar a que suba su valor, precarizando y dificultando el acceso a la vivienda a plena vista de la institucionalidad cómplice que antepone los interés empresariales ante las necesidades de nuestro pueblo.”
No puede ser que los suministros básicos vitales sean mercancías de consumo; el agua, la electricidad y la vivienda deben ser derechos básicos garantizados por el Estado y gestionado por las comunidades junto con los trabajadores y trabajadoras. Es necesario una planificación urbana que contemple el uso de espacios seguros e infraestructura de calidad para la construcción de las viviendas sociales y servicios básicos como educación y salud.
Todo esto es imposible pensarlo bajos los marcos del actual modelo productivo del país, que beneficia a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, las cuales han amasado grandes ganancias con las privatizaciones que comenzaron con la dictadura de la derecha y Pinochet, y que la concertación y la nueva mayoría permitieron y profundizaron, solo el grupo AGBAR controlador de la administradora de agua potable más grande del país (Aguas andinas) se embolsó casi $76 mil millones de pesos en ganancias durante el 2020. Esto es una vergüenza ante la luz de los hechos, con esas cifras multimillonarias podríamos implementar un plan de emergencia habitacional integral que sea capaz de responder las necesidades básicas de miles de familias sin vivienda, como las de la toma dignidad en La Florida, esto en el marco de una crisis económica que golpea con mayor brutalidad la pobreza.
