Mundo Obrero. Lo esencial de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy permanecerá intacto con el “Gobierno progresista”

La situación del empleo en el Estado español continúa adoleciendo de una gran precariedad pese al crecimiento económico de los últimos cinco años y especialmente el crecimiento del beneficio empresarial postcrisis. La precariedad ha sido una realidad constante del mercado de trabajo español, tras la senda emprendida desde los primeros gobiernos socialistas de Felipe González, allá por los años 80 y 90, cuando se comenzó a dar carta de naturaleza al desarrollo de la temporalidad en los contratos, la legalización de las ETTs, etc., a través de sus diferentes reformas laborales todas ellas desfavorables para los derechos de los trabajadores.

Las dos últimas contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy de 2010 y 2012, sobre todo la de este último, supusieron un gran salto cualitativo y cuantitativo en la precariedad laboral gracias a la enorme devaluación salarial, al abaratamiento del despido y, en definitiva, a la fuerte apuesta por una doctrina laboral que eufemísticamente se denomina “flexiguridad” del trabajo. Es decir, la flexibilidad laboral llevada al máximo extremo para que el empresario utilice la fuerza de trabajo según sus exclusivas necesidades. Todo ello basado en la existencia de un abanico amplio posibilidades contractuales, por horas o por días, y tipos de jornada, en la medida en que le fueran imprescindibles al empleador.

Asimismo, se implementaron enormes posibilidades para rebajar los costes laborales mediante los descuelgues de los convenios reduciendo así salarios, modificando horarios y jornadas, etc., es decir, modificando condiciones esenciales de trabajo. Y todo según la voluntad propia y unilateral del empresario. Si esto aun así no fuera suficiente para aumentar el beneficio empresarial, se posibilitó además recurrir al despido barato cuando le viniera bien al patrón.

Incluso se llegó al extremo de legalizar la posibilidad de despedir a trabajadores estando enfermos, con baja médica justificada, como ha ratificado el Tribunal Constitucional. Todo ello bajo la justificación jurídica del legítimo “derecho” de la empresa a obtener beneficios a costa de la enfermedad de sus propios trabajadores. Trabajadores que una vez que enferman y cuando más pueden necesitar el trabajo para hacer frente, entre otras cosas, a los gastos médicos, pueden ser echados a la calle legalmente y sin miramiento por el empresario si su enfermedad hace que no les resulten rentables. Enfermedades, además, que muchas veces son causadas por las propias condiciones y dinámicas insalubres del proceso productivo capitalista que en muchos casos se ha degradado por la búsqueda del beneficio empresarial a costa de reducir gasto en salud laboral de los trabajadores.

La precariedad reflejada en la EPA del tercer trimestre de 2019

Tal y como señalan los datos de la EPA del tercer trimestre de 2019, de un total de asalariados de 16,79 millones en el Estado español, hay nada menos que 5,9 millones de trabajadores que sufren una situación de precariedad laboral. Lo que quiere decir que un 35,2% de ellos tienen algún tipo de contrato precario. De ese total cerca de 3,4 millones que vendrían a representar un 20,1% tienen como causa de su precariedad laboral sufrir un contrato de carácter temporal.

Por otra parte, existen otros 1,5 millones de asalariados que tienen un contrato a tiempo parcial, lo que viene a representar un 8,5% del total de los asalariados. Y en el colmo de la precariedad tenemos también a 1,1 millones de personas en situación de absoluta precariedad, dado que combinan la doble situación. Tienen contratos temporales que además lo son a tiempo parcial.

Por lo tanto, podemos establecer que actualmente más de 35 trabajadores de cada 100, o lo que es lo mismo más de la tercera parte del total de los trabajadores en realidad, están en situación de precariedad y no pueden construir unas condiciones de vida dignas que les permita hacer planes vitales de futuro con un mínimo de garantías.

Por otro lado, con contrato indefinido y a tiempo completo se encuentran, según la EPA del tercer trimestre solamente 10,9 millones de personas, que viene a ser un 64,8%.

Pero es que además existen determinados colectivos como las mujeres que sufren mucho más gravemente las condiciones de precariedad laboral. Así tenemos que mientras la precariedad masculina derivada de la temporalidad contractual en el tercer trimestre de 2019 según la EPA alcanzaba el 25,8%, la temporalidad femenina suponía un 27,7%, por lo tanto, prácticamente un 2% más.

Pero es en el tema de la parcialidad donde las diferencias entre hombres y mujeres se hacen realmente significativas respecto a la precariedad. Así tenemos que la tasa de parcialidad femenina alcanzó al 23,8% nada menos de la población ocupada, mientras que entre los hombres supuso un índice de 7,1%. Lo que implica una enorme diferencia nada menos que de 16,7 puntos de diferencia. Todo ello para una parcialidad de la jornada que sufren un total porcentual de 15,1% del total de los asalariados.

Lo mismo se puede observar si desagregamos los datos de la EPA del tercer trimestre de 2019 por comunidades autónomas, lo que refleja enormes diferencias territoriales, según la situación de pobreza de unas comunidades autónomas sobre otras, que el Régimen del 78 es incapaz de resolver, por el contrario, se acentúan las diferencias entre comunidades autónomas. Siendo la comunidad autónoma con mayores índices de precariedad Extremadura con nada menos que un 35,6% de contratos temporales de entre el total de los asalariados, situándose en segundo lugar Andalucía con 35,1% o Canarias, Murcia y Melilla todas ellas con porcentajes de temporalidad superiores al 30%. Como podemos ver algunas de las comunidades con mayores índices de precariedad han tenido o tienen Gobiernos del PSOE, sin que hayan sido capaces de atajar este problema endémico del mercado de trabajo. Esto explica en gran parte, entre otras medidas de recortes sociales aplicados en sectores como sanidad o educación durante la crisis, el fuerte retroceso o pérdida electoral del PSOE, cómo, por ejemplo, ha sucedido en Andalucía en las últimas elecciones en las que ha perdido esta comunidad autónoma a manos de un Gobierno de coalición del PP-Ciudadanos-Vox.

Por el contrario, las que menos índices de temporalidad tienen son Madrid y Ceuta, que se sitúan algo por debajo del 20%, mientras Euskadi, Cataluña, Aragón y Navarra se sitúan en parámetros por debajo del 25% de temporalidad.

El Gobierno PSOE-Podemos al servicio del IBEX 35

La negociación de Pedro Sánchez con Unidas Podemos dejaron claro desde el principio que una de las importantes renuncias a las demandas sociales pendientes iba a ser la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Rápidamente Unidas Podemos dejó claro por su parte que no iba a poner líneas rojas ni en este tema ni en muchos otros, como la defensa del derecho a decidir de los catalanes, el desmantelamiento de los CIEs o el establecimiento de límites claros y eficaces al precio de los alquileres, por poner sólo algunos ejemplos.

Por otra parte, dejaron también claro que cualquier medida de reforma social o recuperación de derechos de algún tipo iba a estar sujeta a la disciplina presupuestaria y a la disciplina fiscal ejercida desde Bruselas. Teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez está obligado a reducir en casi 10.000 millones el déficit durante 2020 y que las subidas fiscales aprobadas, más bien escasas y tímidas que apenas afectarán a los grandes patrimonios, no alcanzan esta cuantía. Todo ello en un contexto de crecimiento económico en retroceso, dado que finalmente en 2019 el crecimiento del PIB ha sido de tan solo un 1,9%, mientras que se espera para 2020 un crecimiento aún menor, en el entorno del 1,5%. Por lo tanto, tampoco se podrán financiar políticas sociales sobre la base del crecimiento económico sí se tiene que respetar los objetivos de déficit existentes para el Estado español, sin un incremento mucho mayor de la fiscalidad sobre las grandes fortunas y patrimonios.

La posición de Unidas Podemos respecto a las reformas laborales se apoya, también, en la actitud condescendiente y absolutamente cómplice con el ataque a los derechos de los trabajadores de las burocracias sindicales de CC.OO. y UGT, que también dejaron de lado rápidamente las exigencias de derogación de las reformas de Zapatero y Rajoy, limitándose a señalar la necesidad de derogar únicamente los aspectos más lesivos contra los trabajadores, ni siquiera derogar todos los aspectos lesivos.

En consecuencia, parece ser que se van a limitar a modificar algunos aspectos de la reforma de Rajoy, tales como la ultraactividad de los convenios, aunque sin concretar exactamente bajo qué condiciones; la supremacía de los convenios sectoriales frente a los de empresa; y, por último, y ante el escándalo de los últimos meses, supuestamente hacer imposibles los despidos cuando el trabajador se encuentre enfermo con bajas médicas justificadas.

Sin embargo, nada se va a llevar a cabo sobre la posibilidad de descuelgue de los convenios, con lo que deja en papel mojado la supuesta y posible ultraactividad; sobre el abaratamiento y facilidad de los despidos; sobre la precariedad de los contratos por temporalidad o parcialidad (muchas veces fraudulenta); o sobre el abaratamiento del despido, dada la amplitud de posibilidades de los despidos procedentes (por casusas económicas, organizativas o productivas), entre otras medidas anti derechos de los trabajadores. Es decir, que lo esencial de las reformas de Zapatero y Rajoy permanecerá intacto. En consecuencia, las condiciones de los trabajadores con este Gobierno social-liberal progresista de PSOE-Podemos no van a tener una salida que suponga una defensa real de los derechos laborales de los trabajadores.

Por lo tanto, ninguna confianza en este nuevo Gobierno que en lo que respecta a los derechos laborales y sociales de los trabajadores, ya desde el inicio se ha situado claramente de parte de los intereses de las grandes compañías del IBEX 35 y en defensa del rigor presupuestario y la disciplina financiera, lo que hará imposible prácticamente ninguna medida profunda que modifique las condiciones de vida de la clase trabajadora y las clases populares.

Solamente la movilización y la lucha independiente y continuada en la calle de la clase trabajadora y las clases populares, así como el impulso y la unificación de las luchas y conflictos que, sin duda, se van a ir produciendo, sobrepasando en todo caso los límites establecidos por las burocracias sindicales, puede lograr la modificación de la correlación de fuerzas para conseguir derogar las reformas laborales de Zapatero y Rajoy y que la crisis, que todavía puede sumir a la economía en un crecimiento raquítico sino en una posible recesión, la paguen los capitalistas. La huelga general en Euskal Herria el próximo 30 de enero, a pesar de sus límites geográficos, debe ser pensada en esta perspectiva.