El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, responsabilizó a Transener por el apagón y podría aplicarle una multa de hasta el 10 % de su facturación. Dejar sin luz a todo un país por falta de inversión le costaría muy poco a la empresa perteneciente a Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin.
Jueves 4 de julio de 2019 00:19
En conferencia de prensa, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui explicó este miércoles que el monto de la multa que le podrían aplicar a Transener, responsable principal del apagón del 16 de junio "no puede superar el 10% de la facturación anual" de la compañía.
Mientras la sanción que debe pagar la compañía transportadora de energía que depende de Pampa Energía, tiene un límite señalado en el marco regulatorio del contrato de concesión; los daños sufridos por el mayor apagón de la historia en toda la población del país, no tiene límites.
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En un intento por lavarse las manos y descargar el peso total del corte masivo sobre la empresa transportadora, Lopetegui explicó que a Transener le corresponde "la responsabilidad primaria" del siniestro "porque con la programación correcta", en el arreglo de las líneas de alta tensión que venía llevando la empresa esto no hubiese ocurrido.
Y agregó que ese error fue el que “comenzó a empujar el dominó", haciendo que, en vez de ocasionar un corte en todo el país, este alcance “apenas” al 40 %. Las explicaciones de Lopetegui no hicieron más que exponer dos puntos clave en este hecho: el primero que las empresas no realizan la inversión y el mantenimiento adecuado para garantizar el servicio eléctrico a lo largo de toda la cadena (generación, transporte y distribución) por eso una falla evitable genera apagones masivos; y en segundo lugar la imposibilidad de librar de responsabilidad al Estado, quien tiene la obligación de “controlar” a las empresas concesionarias.
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Ganancias millonarias y sanciones mínimas
Transener, señalada como culpable por el secretario de Energía, es la empresa que realiza el transporte de electricidad de alta tensión. El 51% de la compañía es propiedad de Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin – íntimo amigo de Mauricio Macri- y del Estado nacional en partes iguales. Aunque la realización del servicio está a cargo de Pampa Energía, Lopetegui aseguró que el pago de la multa será compartido entre Midlin y el Estado.
El otro 49% está colocada en oferta pública y opera en Bolsas Y Mercados Argentinos (BYMA), donde la Anses posee el 19,7% de las acciones, inversores privados el 27,78% y Citelec el 1,65%.
Transener obtuvo ventas netas en el año 2017 que ascendieron a 4.200 millones de pesos, marcando una notable suba del 151 % en este concepto entre 2016 -año de la liberación tarifaria- y 2017.
En la misma línea, según los últimos datos publicados en la Comisión Nacional de Valores, durante el primer trimestre de 2019 la empresa Pampa Energía registró una ganancia en el periodo mencionado de 6.565 millones de pesos. En ambos casos, empresas que forman parte del mismo grupo empresarial actuantes en el sector energético, no han dejado de acrecentar sus ganancias de manera exorbitante bajo el macrismo.
Esto guarda una evidente relación con la aplicación de los tarifazos, así las facturas residenciales en el conurbano bonaerense tuvieron subas de hasta 2.388 % entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2018 según estimó el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra). Es decir un negocio redondo.
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Sólo el FIT Unidad propone dar marcha atrás con los tarifazos
Pero mientras los empresarios amigos del presidente aumentan sus beneficios trasladando los costos a los bolsillos de los consumidores vía suba de tarifas, las inversiones en mantenimiento del servicio no mejora, sino su contrario y el colmo fue el apagón total del país que también afecto a países linderos como Uruguay, parte de Brasil y Chile.
Ahora Lopetegui propuso que sea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad el encargado de establecer las penalizaciones correspondientes, una vez analizados los informes finales. Mientras para las transportadoras el mismo puede ser de hasta el 10 % de la facturación anual, para las empresas generadoras no hay regulación alguna y para las distribuidoras las sanciones o penalidades implican una compensación en el costo por las horas de la interrupción. Una pena mínima para empresas con ganancias siderales.
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Sólo el Frente de Izquierda Unidad plantea una salida para evitar que las empresas continúen recargando sus costos sobre los consumidores, esto implica revertir los tarifazos impagables para las familias obreras, como medida inmediata. Y pone en cuestionamiento un problema de fondo: las privatizaciones de los servicios públicos, que no deberían dar ganancias sino ser garantizados por el Estado porque son un derecho esencial.
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Guadalupe Bravo
Nacida en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires en 1985. Es economista, recibida en la UBA. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2004. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.
